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Luego de una tarde convulsa, los diputados aprobaron este martes, en primer debate, un proyecto de ley que eliminará el secretismo en los negocios eléctricos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
La iniciativa modifica el artículo 35 de la Ley de fortalecimiento y modernización de las entidades públicas del sector telecomunicaciones, de manera que se establece una nueva redacción para el manejo de la información confidencial del ICE.
Así, se levanta el velo de secretismo sobre las actividades del Instituto que se desarrollan en monopolio, básicamente las del negocio de electricidad.
“La confidencialidad de la información solamente podrá aplicarse a aquellas actividades o servicios que se desarrollen bajo esquema de libre competencia”, dice el proyecto.
En ese sentido, se excluyó del secreto a los procedimientos y actividades administrativas del negocio eléctrico, lo que incluye estados financieros y anexos que comprendan los ingresos, la custodia, la inversión, el gasto y su evaluación, así como el balance de situación, la información contable y la de las subsidiarias del ICE en este campo.
Antes del primer debate, que fue aprobado de forma unánime por los 40 legisladores presentes, se hizo una modificación de fondo en el artículo, que si bien aseguró el apoyo del Partido Acción Ciudadana (PAC) al proyecto, generó críticas entre la Unidad Social Cristiana (PUSC).
La nueva redacción del plan aprobado establece que la información relacionada con las actividades del ICE y sus empresas, calificadas como secreto industrial, comercial o económico, será confidencial cuando por motivos estratégicos, comerciales y de competencia no resulte conveniente su divulgación.
Desde el 2008, el Instituto estatal cubrió con el velo de la confidencialidad parte de sus operaciones amparado en su Ley de fortalecimiento.
En marzo de este año, la contralora general, Marta Acosta, afirmó que el ICE abusó “absolutamente” de la potestad que le otorgó la ley para declarar confidencial información pública, al tiempo que calificó a la entidad como “compleja y reacia al control”.
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La impulsora de la iniciativa, la liberacionista Ana Lucía Delgado, explicó que el proyecto busca transparentar la información financiera del ICE, pero “no cualquier información”, sino la de los monopolios.
“Dejamos a criterio del Consejo Directivo aquella información relacionada con el segmento de libre competencia. Este acuerdo debe estar fundamentado en un criterio técnico y jurídico, definiendo el plazo en que se establezca la declaratoria de confidencialidad”, explicó Delgado.
Ella añadió que el plan propicia transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información y buenas prácticas, así como principios en el gobierno corporativo.
Aunque los socialcristianos Pedro Muñoz y Pablo Abarca se manifestaron contra el cambio de última hora que se le hizo a la iniciativa, sí votaron a favor del proyecto.
Erwen Masís, del PUSC, también alegó que, en su criterio, esta versión posible del proyecto sobre los secretos del ICE es más light que la original.
Antes de que se facilitara su primer debate, la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) había intentado que no se abriera el secreto a destajo, pues alegaban que eso pondría en riesgo a la institución.
Aunque la propuesta de Laura Guido para cambiar la redacción del proyecto no fue avalada, sí se aprobó un cambio de consenso, promovido por varios diputados y que satisfizo a los oficialistas.
“Se ha presentado una moción que incorpora cambios al proyecto 20.909 sobre el alcance del secreto del ICE. La moción atiende las preocupaciones que tenía la institución y que planteé en comisión y plenario”, escribió Guido en Twitter.
A raíz de ello, anunció su voto positivo al proyecto, al que se sumaron todos los oficialistas.
En cuanto al cambio que opera el proyecto en la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, Delgado explicó que el Instituto Nacional de Seguros (INS) no tiene ningún servicio, segmento o actividad en monopolio, por lo que la reforma lo que permite es que la confidencialidad de la información en segmentos de libre competencia pueda ser dada por la Junta Directiva como órgano máximo de decisión.
La idea es que esa decisión tenga fundamento técnico y legal, así como un plazo determinado.
El segundo debate de la iniciativa legal quedó previsto para el próximo martes 12 de noviembre.
