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Los diputados eliminaron este jueves todas las votaciones secretas en la Asamblea Legislativa, una costumbre que se ha practicado por décadas. La reforma aprobada implica que se tornarán públicos los votos para elegir los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los jerarcas de Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes, así como las elecciones del Directorio legislativo.
El cambio fue posible con el voto de 43 legisladores, mientras que ocho se pronunciaron en contra. El plan requería de un mínimo de 38 votos.
Se trata de una reforma a varios artículos del Reglamento legislativo, que elimina todos los actos que antes eran secretos. El proyecto con el expediente 23.235 fue presentado por el legislador José Joaquín Hernández Rojas, del Partido Liberación Nacional (PLN), quien alegó que “el ejercicio legislativo debe ser el más translúcido de todos”.
Aprobaron la iniciativa 12 congresistas del PLN, nueve del oficialista Progreso Social Democrático (PPSD), cuatro de la Unidad Social Cristiana (PUSC), seis de Nueva República (PNR), seis del Frente Amplio (FA) y seis del Liberal Progresista (PLP).
Votaron en contra cinco diputados del PLN y tres del PUSC. Estos verdiblancos fueron Dinorah Barquero, Carolina Delgado, Katherine Moreira, Geison Valverde y Danny Vargas; y los rojiazules, Vanessa Castro, Alejandro Pacheco y Carlos Andrés Robles.
La eliminación del secretismo fue aprobada un día después de un primer intento fallido y luego de fuertes discusiones entre las congresistas Pilar Cisneros, del PPSD, y Dinorah Barquero, del PLN.
El miércoles, Barquero bloqueó el avance de la iniciativa mediante el uso de la palabra por 15 minutos hasta que se levantara la sesión del plenario, pues la fracción de Liberación (de 19 parlamentarios) se había dividido sobre el tema.
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El proyecto avalado modifica el artículo 103 para que diga, literalmente, que todas las votaciones y sesiones que celebre la Asamblea Legislativa serán públicas, con la excepción que establece la Constitución Política para casos “en los que la información que allí se discuta, tenga naturaleza de secreto de Estado o de información confidencial de terceros conforme a la ley”.
Ahora, no solo se tornarán públicas las votaciones para nombrar magistrados (descritas en el artículo 227 del Reglamento), sino también los procesos sobre reelección o no reelección de estos jueces. Lo mismo sucederá con los procesos de destitución que se sometan a conocimiento del plenario.
Para estos casos, se votarán mediante papeletas que llevarán previamente impreso el nombre del diputado o diputada que emita el voto.
Igualmente, ya no serán secretas las ratificaciones del procurador general y del regulador general que son propuestos por el Gobierno.
El diputado proponente, José Joaquín Hernández Rojas, quien es de Alajuela y formado como ingeniero en Sistemas de Computación, agradeció el apoyo de sus colegas. Dijo que esta reforma “permite a la Asamblea Legislativa saldar una deuda histórica con la ciudadanía, y escribir una nueva historia para escoger de forma pública y transparente a las personas que ocuparán los puestos de gran importancia y que con sus acciones influirán en el bienestar del país”.
En los discursos en el plenario, a favor de la iniciativa se pronunciaron los liberacionistas Francisco Nicolás, Gilberth Jiménez y Montserrat Ruiz, mientras que Dinorah Barquero reiteró sus criterios en contra de la propuesta de Hernández.
David Segura y Gloria Navas, de Nueva República, también hablaron públicamente a favor de la iniciativa.
La congresista Navas calificó la decisión como histórica, dentro de un plenario que se debe regir por la moral y las leyes. Agregó que la ciudadanía debe tener la potestad de revisar cómo votan los diputados, a través de la transparencia y las decisiones abiertas. De hecho, la Sala Constitucional y la Procuraduría General de la República han emitido diversos criterios que van contra el secretismo en el Congreso.
Vanessa Castro, del PUSC, dijo que ella votó en contra porque considera que es más fácil mantener la independencia cuando las votaciones son secretas.
“Yo asumo la responsabilidad de votar negativo. Ya tuve demasiadas presiones de muchísima gente, porque empecé en política desde muy jovencita”, dijo.
Aseguró que se debe defender el voto secreto para mantener la libertad en las decisiones: “No respondo a la presión de nadie y orgullosamente lo digo. Pido a mis compañeros y a la prensa que respeten mi decisión”.
En la mañana, se produjo otra polémica porque el diputado del PUSC, Leslye Bojorges, declaró que una congresista se le acercó, el miércoles, para decirle: “Ojalá a usted nunca lo llame un narcotraficante para decirle que tiene que votar por ese magistrado, porque si usted no vota por ese magistrado le van a matar a su hijo”.
Así lo dijo en el programa Nuestra Voz, de radio Monumental. Esto provocó que la Corte Suprema de Justicia instara a presentar una denuncia penal y a garantizar la pureza del procedimiento de elección de magistrados delegado por Constitución Política en la Asamblea Legislativa.
Jefes acordaron priorizar de nuevo la reforma
Luego del intento fallido del miércoles por votar este tema, este jueves los jefes de fracción acordaron darle prioridad de nuevo el tema en la agenda del plenario.
El compromiso lo lanzó el jefe del Frente Amplio, Jonathan Acuña, y fue secundado por Daniela Rojas, vocera del PUSC; Eliécer Feinzaig, del PLP, y Kattia Rivera, del PLN.
La jefa del PLN indicó que, en la fracción verdiblanca, había “línea de fracción para votar”, pero sus integrantes eran libres de uso de la palabra, “pues la discusión siempre es importante y para eso somos parlamento”.
Cuando todos los jefes de fracción manifestaron su venia para la discusión, el presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, reconoció que había entendido mal el acuerdo de los voceros partidarios del miércoles, sobre el uso de la palabra.
Admitió que Dinorah Barquero, según el estricto apego a las normas del Reglamento legislativo, no debía haber usado la palabra después del diputado Hernández, pues solamente él era el proponente de la iniciativa.
De hecho, la alajuelense habló el miércoles por 15 minutos con el permiso de Arias, sin que él hubiera dado por iniciada la discusión por el fondo. “En estricto derecho reglamentario, no debió haber hecho uso de la palabra, porque no era proponente, pero se hizo dentro del ánimo que existió en la sesión de ayer de buscar una salida a este tema”, dijo Arias.
