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Los diputados aprobaron este martes, en primer debate, una reforma al Código Penal con la que endurecen el requisito para que los reos sentenciados por delitos graves puedan acceder a la libertad condicional. La iniciativa legal tuvo el apoyo unánime de los 51 congresistas presentes en el plenario.
Ahora, estos condenados solo podrán solicitar el beneficio cuando hayan cumplido dos tercios de la pena impuesta.
Se trata de una adición al artículo 64 del Código Penal, el cual establece que los sentenciados pueden pedir la libertad condicional, a un juez competente, una vez que hayan cumplido la mitad de la pena (el juez debe pedir un diagnóstico al Instituto de Criminología para tomar una decisión).
Con los párrafos añadidos, se endurece el requisito para quienes hayan entrado a la cárcel por los delitos de homicidio simple y calificado, violación y violación calificada, abuso sexuales a menores y a mayores de edad, trata de personas, robo simple con violencia, robo agravado, secuestro extorsivo, genocidio, tráfico ilícito de órganos y extracción ilícita de órganos, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
También, aplicará para las personas condenadas por femicidio y delitos relacionados con el narcotráfico. Además, solo podrán pedir la libertad condicional si únicamente han sido condenados una vez.
La proponente de la iniciativa es la socialcristiana María Marta Carballo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Ella aseguró que se requiere mano dura contra la delincuencia. “La violencia crece y cada vez es más severa, por lo que las leyes tienen que ser cada vez más severas también”, dijo la congresista.
Carballo enfatizó que el proyecto busca evitar que personas sentenciadas por delitos primarios, como violación, homicidio y tráfico de estupefacientes, salgan de la prisión habiendo cumplido apenas la mitad.
La diputada recordó el caso de un feminicidio ocurrido en San Carlos, donde el criminal había salido apenas cuando había descontado la mitad de su sentencia.
La diputada Priscilla Vindas, del Frente Amplio, agradeció al PUSC por la recepción a la mejora del proyecto original, “sin dejar de lado los principios constitucionales que rigen a este país”.
En la exposición de motivos del proyecto, se explicó que, durante el 2022, el país empezó a vivir un incremento en los asesinatos. Datos de la Dirección General de Adaptación Social mencionados en el proyecto refieren que, de 1.095 personas con medidas alternas a la prisión, 788 fueron indiciadas durante ese año.
“Muchos de los delitos que se reportan en prensa fueron cometidos por personas a quienes se les concedió el beneficio de libertad condicional o a quienes se les concedió algún tipo de medida alterna a prisión. Llama la atención que, al salir, incurrieron nuevamente en otros delitos”, dice el proyecto.
“Es oportuno brindar a las autoridades judiciales herramientas legales, ya que en el estudio efectuado por la oficina de planes y operaciones del OIJ, llamado Privados de libertad en el régimen semi-institucional, se establece que durante el periodo de estudio se cometieron más de 6.000 delitos por personas con dicho beneficio y en los tres primeros lugares se ubican el robo agravado, infracción a la ley de psicotrópicos y a la ley de violencia contra la mujer”, enfatizó la iniciativa.
Una vez aprobada la iniciativa legal, el presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, fijó el lunes 15 de enero como fecha para la votación del expediente en segundo debate.
