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Los diputados evalúan establecer una moratoria bancaria para las personas y negocios realmente afectados por los efectos económicos generados por la pandemia de coronavirus.
Esa es la discusión en la mesa legislativa virtual que evalúa la viabilidad de aplazar, por un periodo de hasta cuatro meses, el pago del monto principal e intereses de algunos tipos de créditos.
Pablo Heriberto Abarca, legislador del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y miembro de ese foro legislativo, explicó que, por ahora, la negociación se centra en evaluar cuáles productos crediticios podrían resultar beneficiados de una eventual moratoria.
Abarca añadió que, durante las conversaciones del pasado fin de semana, se avanzó en la posibilidad de que la iniciativa sea aplicada a préstamos de personas que sufren la cancelación temporal del contrato de trabajo, a quienes se les reduzca la jornada laboral o a negocios que vean reducidos sus ingresos debido a la coyuntura actual.
“Es decir, habría filtro en ese sentido”, expuso el diputado, quien aclaró que las conversaciones siguen abiertas y que, hasta el momento, no hay un acuerdo definitivo
El socialcristiano añadió que el interés de los congresistas es elaborar una legislación que defienda el bolsillo de los afectados pero que, a la vez, no genere problemas de liquidez al sistema bancario nacional.
“No se trata de que un banco pierda o gane. Se trata de que la liquidez del sistema no se vea afectada. Se trata de dar seguridad al ahorrante y evitar una corrida financiera”, añadió.
En esa misma línea, Welmer Ramos, legislador del Partido Acción Ciudadana (PAC), afirmó que una eventual moratoria debe de ser para “todos los que están siendo afectados”.
Para él, favorecer solo a este segmento sería la más viable.
“La economía paró y es necesario que nosotros hagamos un gran acuerdo de cómo se van a tratar las operaciones para que los impactos en el sistema financiero sean los menores pero que, también, las personas y los deudores tengan la capacidad de enfrentar las operaciones una vez que la economía se reactive. Tiene que ser un proceso paulatino”, reiteró el oficialista.
Los diputados de la mesa de trabajo afinaron esos criterios el fin de semana, luego de que el jerarca de la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef), Bernardo Alfaro, advirtiera de algunos problemas de liquidez que generaría aplicar una moratoria a todos los créditos.
Luego de una reunión virtual este lunes, y tras conocer el criterio de la Sugef, los diputados de la mesa legislativa de créditos el encargaron al legislador Abarca redactar un nuevo texto sustitutivo.
Hasta el pasado viernes, los legisladores de esa misma mesa apuntaba a aplazar, por el mismo periodo, el pago en todos los tipos de créditos. Incluso, un texto de trabajo recogía la propuesta preliminar de que se incluyera a los seguros de los préstamos.
No obstante, luego de la advertencia de Tomás Soley, titular de la Superintendencia General de Seguro (Sugese), de que ese mercado podría resultar afectado, los legisladores desistieron de esa idea.
En el caso de los créditos, la Sugef indicó que, con una posposición de cuatro meses del pago de todos los créditos, el sistema dejaría de percibir ¢1,7 billones en amortizaciones e intereses.
Mientras, añadió, si la medida se aplicara en créditos personales (consumo, tarjetas, vehículos y vivienda), turismo, construcción y pymes, el sistema dejaría de percibir ¢1,25 billones en amortizaciones de intereses.
Los legisladores consultaron sobre esas cuatro áreas crediticias.
“Los señores diputados tendrán que considerar que la aplicación de la moratoria por un solo mes, en los ingresos de las entidades, les reduce en un 31% la capacidad de cobertura de las salidas de dinero proyectadas”.
"Cuatro meses de moratoria total sobre los cuatro sectores considerados por los señores diputados implica, entonces, un monto que tendría un impacto muy sustancial en la liquidez del sistema.
"De más está decir que el efecto en liquidez es el primero por el que debe velarse; luego, habrá que tener las consideraciones del caso por los efectos en solvencia y, por ende, en estabilidad del sistema financiero.
“De perdurar los problemas más allá de lo esperado, una vez comprometida la liquidez, el último resguardo quedará en el nivel de capitalización de las entidades; se complicaría mucho el panorama, y quedaríamos en inminente peligro, si se diera un eventual deterioro en los niveles de capital”, expuso Bernardo Alfaro.
