EscucharUna ley aprobada por los diputados exige a los parqueos públicos disponer de pólizas de seguro hasta de ¢100 millones para responder ante reclamos por responsabilidad civil, ya sea por daños a vehículos dentro de sus instalaciones, robos o lesiones a personas en caso de accidente.
La legislación actual ya exige a los estacionamientos disponer de una póliza individual o colectiva, pero no especifica los montos de las coberturas obligatorias. El jueves pasado, los diputados aprobaron en primer debate una reforma que detalla el alcance de los seguros de acuerdo con la capacidad de los parqueos.
La cobertura será de ¢10 millones para estacionamientos de hasta 50 vehículos; de ¢25 millones para parqueos de 51 a 100 vehículos; de ¢50 millones para parqueaderos de 101 a 200 autos; y de al menos ¢100 millones para sitios con más de 200 vehículos.
Por encima de los 200 autos, se aplicará la regla de que, por cada 50 vehículos, el seguro debe aumentarse en ¢10 millones.
El diputado Daniel Ulate, de Liberación Nacional (PLN), afirmó que los montos de las coberturas fueron definidos a partir de criterios de expertos en seguros. “Se procedió a cotizar el valor del aseguramiento y nos dimos cuenta de que, para parqueos pequeños, de 50 espacios, el valor de una póliza que cubra daños de hasta ¢10 millones ronda el costo de ¢10.000 mensuales”, comentó.
En este proyecto de ley, la Asamblea Legislativa también trasladó a las municipalidades la potestad de emitir permisos para construcción y operación de estacionamientos públicos, además de la responsabilidad que ya tenían para otorgar las patentes de funcionamiento de ese tipo de comercios.
El traslado de funciones, que actualmente están en manos de la Dirección de Ingeniería de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), fue aprobado en primer debate el 28 de octubre con el voto unánime de 38 diputados.
El proyecto reforma varios artículos de la Ley reguladora de estacionamientos públicos (7717), para modificar los numerales donde se les asignaban las potestades a la Ingeniería de Tránsito.
Con este cambio, las tarifas que se fijen para los estacionamientos, determinadas por sus propietarios, deberán tener una autorización municipal sean diarias, semanales, quincenales o mensuales.
Los gobiernos locales tendrá que resolver las quejas de los usuarios ante impugnaciones por costo excesivo. Eso significará que la municipalidad puede revocar o modificar la autorización de las tarifas que fije el propietario del parqueo.
Así como las tarifas ya no serán revisadas por la Dirección de Ingeniería de Tránsito, como es ahora, las municipalidades también deben autorizar si se puede aplicar un recargo del 10% sobre la tarifa regular en el horario entre las 6:00 p. m. y las 6 a. m.
Entre las nuevas funciones de los gobiernos locales, también están autorizar la capacidad máxima que puede tener un parqueadero y fiscalizar que esa capacidad no sea de ninguna manera excedida.
Los permisos de construcción de un estacionamiento también se le deberán pedir a la municipalidad respectiva, junto con el plano, su demarcación y el diseño del parqueo, ajustado al plan regulador del municipio y la Ley de Construcciones.
Igualmente ,se tiene que pedir el permiso de funcionamiento a la municipalidad, la cual deberá constatar que las obras realizadas se ajusten al plano y diseño; por vía de reglamento, el gobierno local deberá establecer los otros requisitos que deban cumplir los parqueos públicos.
La municipalidad también tendrá que entregar un cartel con sello y fecha que indique la autorización de funcionamiento, con los datos relativos al parqueadero.
Al igual que el resto de potestades que hoy tiene la Dirección de Ingeniería de Tránsito, también dejará de tener la potestad sancionatoria por los incumplimientos que cometan los dueños de los estacionamientos.
Esas sanciones se mantienen invariables, según la ley, pero ahora las tendrán que aplicar los gobiernos locales y son multas de 20 tarifas básicas de una hora de aparcamiento, por 15 días; suspensión de hasta seis meses de la autorización de funcionamiento y cancelación definitiva de la autorización, en el caso de los incumplimientos de requisitos reiterados.
El proponente del proyecto, el liberacionista Daniel Ulate, aseguró que el MOPT emitió criterio a favor de la iniciativa porque “son las municipalidades, como administradoras de los intereses locales, quienes mejor conocen los problemas que se presentan en la jurisdicción”.
Aparte de esa transferencia de competencias a los gobiernos locales, el proyecto modifica el artículo 3 de la Ley de estacionamientos, para establecer una cobertura mínima de la póliza por responsabilidad civil que deben suscribir los propietarios de los parqueaderos.
