EscucharDiputados de oposición exigieron explicaciones al gobierno de Rodrigo Chaves, luego de que el diario mexicano El Universal informara este miércoles sobre un supuesto pacto entre autoridades y redes mafiosas costarricenses ligadas a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, calificó como “absolutamente inaceptable y contrario a todo el trabajo que se ha realizado en materia de seguridad” la posibilidad de entablar negociaciones con el crimen organizado.
Arias instó al gobierno a ofrecer explicaciones exhaustivas ante la gravedad de los hechos publicados por el medio azteca. Además, exhortó al Ministerio Público a llevar a cabo una investigación minuciosa para determinar si se ha cometido algún delito.
También planteó la necesidad de que la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso realice una investigación sobre el tema.
En ese sentido, el jerarca legislativo dijo haber conversado con la diputada Gloria Navas, presidenta de dicho foro, con el propósito de convocar al ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, para que brinde las explicaciones pertinentes.
A las reacciones se sumó la exmandataria Laura chinchilla, quien calificó la publicación como “la más grave denuncia que haya visto”, e instó a las autoridades judiciales, diputados, periodistas y ciudadanos a no dejar pasar el tema.
“Costa Rica no se debe precipitar por la ruta de la gobernanza criminal como en otros países. Negociar con criminales es moral, política y legalmente repudiable, pero sobre todo es traicionar a nuestra patria”, publico Chinchilla en su cuenta de la red social X.
El diario El Universal sostiene, basado en fuentes anónimas, que el gobierno habría solicitado a las contrapartes costarricenses de las mafias mexicanas que operan a nivel global en el contrabando de drogas, reducir la alarmante escalada de violencia en las calles.
El medio asegura que, a cambio se mostraría el fracaso de las medidas de seguridad locales y se permitiría la continuidad del narcotráfico.
Al respecto, Gloria Navas, vicepresidenta del Congreso y presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, también señaló la necesidad de una aclaración por parte de la administración.
Navas citó testimonios del exministro de Seguridad, Gustavo Mata, y del experto Álvaro Ramos para respaldar la afirmación de que los acercamientos con organizaciones criminales de esta naturaleza no han arrojado resultados positivos en otros países como México, Colombia, Guatemala y Ecuador.
La legisladora señaló la importancia de mantener informada a la ciudadanía y adelantó que se considerará la posibilidad de llevar a cabo una investigación al respecto.
En declaraciones a La Nación, el ministro Mario Zamora rechazó la existencia de cualquier tipo de negociación entre el Gobierno y estructuras criminales mexicanas.
“Jamás. Eso en Costa Rica es un delito. Procesaríamos a cualquier persona que participe en un escenario de esos. Es una línea roja que el país tiene claramente definida desde su legalidad, desde su práctica policial y, por supuesto, égida central en este ministerio”, aseguró.
Diputados preocupados
Priscila Vindas, diputada del Frente Amplio y miembro de la Comisión de Seguridad, expresó su preocupación ante las revelaciones del diario mexicano, especialmente en lo que respecta a su impacto en la democracia y la seguridad ciudadana.
Vindas calificó de grave la acusación sobre la infiltración del narcotráfico y los nexos de altos jerarcas del Poder Ejecutivo con estructuras criminales.
Aunque anticipó que el Poder Ejecutivo desmentirá estas acusaciones, abogó por una investigación para aclarar los hechos y prometió un seguimiento cercano desde la Comisión de Seguridad.
Por su parte, Johana Obando, diputada del Partido Liberal Progresista (PLP), también pidió una aclaración inmediata del Ejecutivo y expresó su preocupación por el posible impacto de una noticia de ese tipo en la reputación de Costa Rica en cuanto a la lucha contra el narcotráfico.
Andrea Álvarez, legisladora del Partido Liberación Nacional (PLN), planteó la posibilidad de que la Asamblea Legislativa tome medidas si el Gobierno no aborda adecuadamente la inseguridad y el narcotráfico en el país.
Mientras, Vanessa Castro, legisladora del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), manifestó su inquietud por el incremento de la criminalidad en el país y enfatizó en la importancia de las explicaciones del Gobierno para mantener la tranquilidad de la población.
