EscucharLos diputados de la Comisión de Ambiente exigen cuentas al gobierno por la controversia generada en torno a los permisos otorgados por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) al empresario Allan Pacheco Dent, los cuales le habrían permitido talar árboles en terrenos dentro del refugio de vida silvestre Gandoca-Manzanillo, en Talamanca, Limón.
Además, los parlamentarios cuestionan los vínculos del presidente de la República, Rodrigo Chaves, con Pacheco Dent, uno de los involucrados en las aparentes irregularidades de los permisos, y quien fue detenido por la Fiscalía el martes 16 de julio.
Según los diputados, la situación es alarmante y merece ser investigada. Como primera medida, recibirán en audiencia a Franz Tattenbach, ministro de Ambiente y Energía (Minae), para que rinda cuentas.
Katherine Moreira Brown, legisladora del Partido Liberación Nacional (PLN), aseguró que la protección de Gandoca-Manzanillo es de gran importancia para Limón, provincia que ella representa.
“Estamos severamente preocupados por las denuncias con respecto a la tala en el refugio, lo cual genera alarmas en la comunidad. Hay que averiguar cuáles son los vínculos que tiene Rodrigo Chaves con los principales involucrados en este tema y las aparentes irregularidades en contra de los principios que deben regir para la protección de esta área. No olvidemos que Chaves dijo que no estaba de acuerdo con ‘dejarle esta zona a los monitos’“, aseguró Moreira.
Gilbert Jiménez, también del PLN, expresó su molestia ante lo sucedido y aseveró que el país no puede estar expuesto a situaciones como las que se han dado a conocer, donde se han causado daños ambientales.
“Que esto no quede impune; debemos tener conciencia todos los costarricenses y nosotros, como diputados, de que esta situación no puede permitirse, no puede tolerarse. Estaremos pidiendo mano dura, pidiendo procedimientos al Ministerio Público, de tal manera que se sienten las responsabilidades correspondientes y se castigue con el máximo peso; tenemos que ser conscientes de que hay una situación totalmente irrazonable, irregular, contraria a todo el derecho”, afirmó el liberacionista.
Ariel Robles Barrantes, congresista del Frente Amplio (FA) e integrante del foro legislativo, explicó que se aprobó una moción para que el ministro de Ambiente y la directora del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), Maylin Mora Arias, comparezcan ante la Comisión para interrogarlos tanto sobre lo que sucede con la tala de árboles como las justificaciones del Sinac en materia de protección de humedales.
“Debe profundizarse con respecto a lo que está sucediendo en cuanto a los vínculos del empresario Allan Pacheco Dent con el presidente Rodrigo Chaves Robles, y cómo ha venido recibiendo beneficios desde el sector político, especialmente desde el Ministerio de Ambiente, para sus intereses económicos”, indicó Robles.
Allan Pacheco Dent, de 57 años, fue uno de los cinco detenidos por presuntos delitos de prevaricato, influencia contra la Hacienda Pública, cambio de uso de suelo, falsedad ideológica y uso de documento falso. En una conferencia de prensa el 17 de julio, el presidente Chaves negó cualquier irregularidad y admitió conocer al empresario.
Este empresario registra al menos siete visitas a la Casa Presidencial entre junio de 2022 y octubre de 2023 y fue nombrado por Chaves en la Comisión Fílmica Nacional en mayo de 2023.
Según reveló un reportaje de La Nación, el presidente convocó a los jerarcas de su gabinete a una “fiesta bailable” en octubre de 2022, la cual se celebró en una finca de la familia del empresario Pacheco Dent, ubicada en Barva de Heredia.
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Óscar Izquierdo, presidente de la Comisión de Ambiente y jefe de la fracción del PLN, enfatizó en que es “muy importante” investigar la situación, mientras, Kattia Cambronero, del Partido Liberal Progresista (PLP), confirmó la posibilidad de llamar a otros jerarcas del Ejecutivo a rendir cuentas.
En tanto, Rosalía Brown, de Nueva República (PNR) y también representante de Limón, cuestionó la poca transparencia tras “el negocio” y los “beneficios económicos” obtenidos por terceros con la tala de árboles. Reconoció que busca hablar con sus compañeros de comisión para tomar cartas en el tema.
La Fiscalía Adjunta Ambiental detectó que a Playa Manzanillo S. A. se le autorizaron permisos para cortar 122 árboles mediante un certificado de origen y un permiso para aprovechamiento forestal en terrenos de uso agropecuario sin bosque. Sin embargo, el Ministerio Público sospecha que esa propiedad tenía cobertura boscosa y que no procedía la tala bajo las autorizaciones extendidas.
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