EscucharLas bancadas del Partido Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Nueva República (NR), Integración Nacional (PIN) e independientes exigen la renuncia de la jerarca del Ministerio de Educación Pública (MEP), Guiselle Cruz, a quien acusan de violentar la ley por el requerimiento de datos personales a través de un polémico cuestionario en las pruebas FARO.
La demanda viene acompañada del anuncio de la presentación de una moción de censura en su contra, este lunes, en un momento en el que Presidencia coordina la agenda del Congreso y urge de la aprobación de un paquete de leyes fiscales negociadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En un comunicado de prensa en conjunto, cargado de fuertes señalamientos, las cuatro bancadas de oposición y los independientes Erick Rodríguez Steller y Dragos Dolanescu, aseguran estar muy “preocupadas” por la reciente aplicación de esos exámenes entre alumnos de quinto grado, a quienes el MEP “sometió a una evaluación de más de cuatro horas que indagó sobre información familiar y personal de los menores sin consentimiento previo y expreso de los padres”, según dijeron.
A esta petitoria se sumó, por separado, la fracción del Partido Restauración Nacional (PRN), no así al impulso del voto de censura.
En las pruebas, el MEP pidió a los niños dar cerca de 600 respuestas que incluían temas sobre la condición socioeconómica de su familia y el estado del centro educativo, entre otros. A estas preguntas se les denomina “Factores Asociados”.
Las evaluaciones generaron molestias entre los padres. Cruz admitió este sábado el error cometido.
El Ministerio se comprometió a desechar y destruir los resultados, al tiempo que renunció el director de Gestión y Evaluación de Calidad, Pablo Mena, responsable del proyecto de aplicación de las pruebas.
Cruz reconoció, en un oficio enviado a los 27 directores regionales, que el cuestionario de Factores Asociados “podría representar una vulneración a la protección de datos personales de los alumnos”.
El inciso 24 del artículo 121 de la Constitución Política, permite a los legisladores interpelar a los ministros de Gobierno y, al mismo tiempo, censurarlos con el voto de dos tercios del plenario (38 diputados) cuando en su criterio los jerarcas sean “culpables de actos constitucionales o legales, o de errores graves que hayan causado o pueden causar perjuicios evidentes a los intereses públicos”, según dice la norma.
La jefa del PLN, María José Corrales, recalca que la intención de las pruebas era obtener información de las familias.
“Esto no puede pasar por alto. Mañana mismo (lunes 15 de noviembre) pondremos sobre la mesa una moción de censura en contra de la ministra ante esta desacertada acción. Tendrá que dar explicaciones claras y concretas sobre una atribución que carece de legitimidad. Lamentablemente esta situación agrava la desconfianza ciudadana frente al Gobierno”, reclamó la verdiblanca.
Pablo Heriberto Abarca, vocero del PUSC, argumentó que mantener a un estudiante de 11 años durante cuatro horas en una prueba, no corresponde a criterios pedagógicos adecuados.
“En qué cabeza cabe poner a los menores a responder 621 preguntas. A las autoridades de Educación se les olvidaron las leyes de protección a la niñez y de la información. Ninguna persona está obligada a suministrar datos sensibles”, sentenció el socialcristiano.
Jonathan Prendas, coordinador del bloque Nueva República condenó: “Con los niños y las niñas no se juega. El MEP se tomó atribuciones que no le corresponden”.
Eduardo Cruickshank, jefe de bancada del PRN, calificó de” inaudito lo sucedido”.
“No pueden decir que es un error. Si la ministra Cruz no tiene control de unas pruebas nacionales, no debe estar al frente de un ministerio tan importante como el MEP; en especial, en tiempos cuando la educación ha alcanzado un retraso preocupante. El abuso al que fueron sometidos miles de escolares, no se compensa con una disculpa, ni con decir que se eliminarán las pruebas”, señaló el expresidente del Congreso.
Voto de censura
En cuanto al voto de censura, este lo regula el artículo 214 del Reglamento Legislativo. Dice que deberá presentarse por uno o varios parlamentarios y el tiempo deberá fijar la fecha de su discusión.
Durante la actual administración, los diputados han presentado votos de censura en contra del legislador Víctor Morales Mora, pero en calidad de ministro de la Presidencia. Ocurrió en febrero del 2020 por el caso de la creación de la extinta Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
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También lo hicieron el pasado mes de julio en contra de jerarcas del Consejo de Gobierno que avalaron el nombramiento del político, economista y fundador del Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís, como representante permanente de Costa Rica ante la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
En ambas situaciones no se llegó a discutir la moción. Morales renunció a la cartera y Solís a su designación para evitar que el Congreso se trabara.
