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Los diputados de la Comisión investigadora de la penetración del narcotráfico en la zona sur abortaron, este martes, los interrogatorios de dos sospechosos de tráfico de drogas y lavado de dinero, así como de cuatro alcaldes.
Ya no tendrán que responder preguntas Alejandro Cartín Ramírez y Robert Soto Rivera, sospechosos de integrar una supuesta banda que entabló contactos con diversos políticos en busca de ayuda para sus negocios, en especial con el legislador del PUSC, Óscar Cascante.
Ellos fueron detenidos en el caso Turesky, investigación judicial en la que se presume que un grupo dedicado al tráfico internacional de cocaína habría invertido al menos $20 millones en lujosos bienes y un motel, al tiempo que incursionó en negocios como la vivienda social, el turismo y la siembra de arroz para legitimar dinero.
Cartín Ramírez, Soto Rivera y un tercer investigado que falleció el 6 de mayo, de nombre Luis Guillermo Cartín Herrera, registraron más de 30 visitas al Congreso.
Los dos primeros, incluso, visitaron al diputado Óscar Cascante el 24 de mayo del 2021, un día antes de ser detenidos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Incluso, la Fiscalía General le abrió a una causa por presunto tráfico de influencias porque, en escuchas telefónicas sobre el grupo que al parecer enviaba cocaína a Europa, se obtuvo información sobre la “presunta participación del señor Cascante en un delito”.
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Este martes, los diputados también desistieron de las comparecencias de los alcaldes Jorge Alberto Cole (PLN), de Osa; José Bernardino Rojas (PLN), de Buenos Aires; Freiner Lara (PUSC), de Golfito; y Steven Barrantes (PLN), de Coto Brus.
La votación se dio por una abrumadora mayoría de seis congresistas a favor de la desconvocatoria y uno en contra.
La moción recibió el apoyo Jorge Fonseca y Karine Niño, de Liberación Nacional (PLN); Floria Segreda Sagot, de Restauración Nacional (PRN); Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC); y los independientes Zoila Volio (presidenta de la comisión) y Erick Rodríguez Steller.
La propuesta de eliminar las comparecencias fue de Segreda Sagot, bajo el argumento de que era necesario ordenar la ruta de la investigación.
Además, ella propuso que tanto el alcalde de Corredores, Carlos Viales Fallas, como el expresidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera (2014-2018), sean recibidos en audiencia el mismo día: el martes 21 de setiembre.
Ambos fueron llamados a audiencia por temas diferentes. En el caso de Viales, se investiga si existe alguna relación con el caso de otra presunta banda narco que operaba en Corredores, bajo el liderazgo del detenido Darwin González, empresario de palma aceitera.
De hecho, este fue el caso que motivó la apertura de la investigación legislativa, luego de conocerse que el hijo del alcalde, el diputado del PLN, Gustavo Viales, visitó el condominio en donde fue detenido Darwin González el pasado 6 de abril bajo el cargo de traficar toneladas de cocaína procedentes de Suramérica hacia el mercado local y hacia Estados Unidos, a través de Guatemala y México.
El legislador alegó que asistió al sitio, en San Joaquín de Flores, Heredia, a recoger unos documentos que le envió el presidente municipal de Corredores, Bernabé Chavarría, quien fue detenido en el mismo caso por supuestamente gestionar permisos municipales en favor del supuesto grupo dedicado al narcotráfico y al lavado de dinero.
Chavarría posteriormente quedó en libertad y sin medidas cautelares. Gustavo Viales dijo, ante el Congreso, que él nunca averiguó por qué el regidor lo envió a recoger documentos a ese lugar.
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En el caso de Luis Guillermo Solís Rivera, su audiencia fue aprobada porque Luis Cartín Herrera hizo una mención sobre el exmandatario en un oficio enviado a la Municipalidad de Corredores a fin de presionar por permisos para desarrollar un proyecto de vivienda social en ese cantón.
En la carta, el sospechoso dijo que había recibido apoyo de parte Solís Rivera para la obra, cuando era presidente de la República.
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Al anular las comparecencias, la presidenta de la comisión investigadora, Zoila Volio, argumentó que se debían centrar en el alcalde y en el cantón de Corredores, para ir avanzando y encausar el rumbo de la investigación.
Ella añadió que no había nada que los llevara, en este momento, a traer a los demás alcaldes de la zona sur. Añadió que nada impedía que fueran convocados a la sesión, después de que se recibiera a los jerarcas de Seguridad Pública, Michael Soto; y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza.
De previo a la votación de esa desconvocatoria, la comisión fue nuevamente escenario de un pleito entre el independiente Rodríguez Steller y Luis Ramón Carranza, del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Primero, Carranza criticó que no le hubieran dado la moción previamente y que se desconvocaran a los sospechosos de narco, además de que se adelantaran las audiencias de Carlos Viales y Luis Guillermo Solís.
Rodríguez Steller confrontó al oficialista y le dijo que no había ningún juego por debajo de la mesa ni juegos paralelos. En su intervención, dijo que la agenda legislativa ha favorecido un “partido corrupto y degenerado como el PAC” y que ha habido componendas en favor de ese partido.
También, recordó que Carranza le había pedido, antes, presidir ese foro.
“Sobre proponerlo a usted como presidente, los diputados también cometemos errores. Yo cometí un error, porque usted no es la persona indicada, ni tiene la capacidad ni las ganas de trabajar en la comisión. Tal vez la voluntad..., no tiene voluntad, en esta comisión usted no ha aportado nada, más que gritos”, le respondió el oficialista a Rodríguez.
Luego, el independiente se molestó por esa afirmación de Carranza y le dijo que él es abogado y economista y enfatizó que el diputado sancarleño es un simple periodista.
Tras ese pleito entre congresistas, Otto Roberto Vargas manifestó que ese foro ha perdido el rumbo y que él está considerando abandonarlo.
