Diputados fijan 5 controles a préstamo de $700 millones con BCIE

Los diputados de la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa aprobaron cinco medidas de control en el préstamo de $700 millones que el gobierno negoció con el Banco Centroamericano de Inversión Económica (BCIE), con el fin de restaurar infraestructura en riesgo como puentes, carreteras y escuelas.

Las modificaciones al expediente legislativo 23.635 fueron introducidas mediante mociones.

En total, los legisladores aprobaron ocho mociones, cinco de ellas tienen que ver con limitaciones a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en el uso de los dineros y en la definición de los proyectos de infraestructura pública que pueden ser financiados con el empréstito.

Los cambios acogidos por los diputados incluyen recomendaciones que fueron planteadas por la Contraloría General de la República (CGR) y la Junta Directiva del Banco Central (BCCR).

Autorización del Congreso para incorporar recursos

En primer lugar, los parlamentarios modificaron el artículo 5 del proyecto de ley, para que los recursos del crédito se incorporen al Presupuesto de la República, mediante la aprobación de planes de gasto extraordinarios autorizados por la Asamblea Legislativa.

La redacción original, presentada por el gobierno del presidente Rodrigo Chaves, autorizaba al Poder Ejecutivo a incorporar los dineros en los presupuestos ordinarios y extraordinarios, por medio de un decreto ejecutivo, librándole de obtener el visto bueno del Congreso.

La nueva medida de control fue objetada por la jefa de la bancada de gobierno, Pilar Cisneros, quien presentó una moción para revertir el resultado, pero esta quedó pendiente de ser votada y tendrá que ser retomada cuando los diputados regresen del receso de cambio de año, que finaliza el 7 de enero.

Proyectos identificados

Los legisladores también dieron visto bueno a la inclusión de un nuevo artículo 2, que contiene la totalidad de los 502 proyectos de reconstrucción de obras públicas, que se podrán financiar con el empréstito, “por un principio de seguridad jurídica y de legalidad”.

Igualmente, los diputados dispusieron que, en caso de que se requiera modificar o sustituir alguno de los proyectos enlistados, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) pueda hacer los cambios, “bajo resolución fundada y con sustento en informes técnicos”.

“En todo caso, estas modificaciones deberán ser informadas a la Asamblea Legislativa en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendados para el control político correspondiente dentro del mes calendario posterior a la toma de dicha decisión”, añade el texto.

Obras serán incluidas a Banco de Proyectos

Un nuevo artículo también ordena que estos proyectos se presenten ante el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) que administra el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), “a partir de la fase de inversión”.

El cambio busca dejar sin efecto, para los proyectos vinculados al empréstito, una cláusula que creó el Poder Ejecutivo para excluir estas obras de ser inscritas en el BPIP.

Por medio del decreto ejecutivo 43944-PLAN, del 28 de febrero del presente año, el gobierno dispuso que los proyectos contenidos en las resoluciones vinculantes que emite la CNE, ya sean por riesgo inminente o que se encuentren contenidos en declaratorias de emergencia nacional, no tienen que incorporarse al mecanismo de control y seguimiento de Mideplán.

La medida del gobierno generó preocupación y dudas entre los diputados, la Contraloría y la Junta Directiva del BCCR.

A raíz de estos cuestionamientos, los directivos del BCCR incluyeron en su dictamen del crédito, una recomendación al gobierno, para que se procure la inclusión de la información de los proyectos en el Banco de Mideplán, “una vez que dispongan de los estudios preparatorios para ejecutar la obra y, mantener la información actualizada hasta la conclusión”.

Seguimiento a firmas implementadoras

En el artículo 6 del proyecto de ley, quedó plasmada otra observación que fue acogida por los congresistas. Al final de la redacción, se añadió una instrucción a la Tesorería Nacional, para que se abran subcuentas a cada firma implementadora del proyecto.

La Contraloría hizo esta solicitud, durante una comparecencia el pasado 5 de diciembre, ante la Comisión de Hacendarios.

“Esto podría favorecer la transparencia y la trazabilidad de los recursos: cuentas en Caja Única, no solo una, sino un poco más desglosado para llevar un mejor control”, señaló Julissa Sáenz, gerente del Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas (FIP) de la CGR.

El modelo de ejecución contempla que la CNE opere como el organismo ejecutor coordinador de los proyectos, con el apoyo de una empresa o Firma de Implementación General (FIG), la cual será contratada con recursos del crédito.

Esta empresa tendría otras cinco compañías bajo su cargo, una para cada institución involucrada: Consejo Nacional de Vialidad (Conavi); Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah); Ministerio de Educación Pública (MEP); Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) y CNE.

Las firmas ejecutoras servirían como unidades ejecutoras y tendrían la responsabilidad de coordinar, planificar, ejecutar, supervisar y controlar los proyectos.

Informes semestrales de avances

Finalmente, los diputados aprobaron la adición de otro artículo más, instruyendo a la auditoría interna de la CNE, para que efectúe informes semestrales que evalúen, como mínimo, aspectos como desempeño de las firmas implementadoras, gestión de las expropiaciones, avance físico y financiero de cada proyecto, cumplimiento de plazos y ejecución de los recursos.

Los reportes deben ser enviados a la Comisión de Hacendarios y a la Contraloría.

Las tres mociones restantes están relacionadas con precisiones en la redacción de la exclusión de los fondos de la regla fiscal, autorización de tala y limpieza de terrenos, así como en una autorización a las instituciones públicas para dar aportes y prestar colaboración a la CNE.

La Comisión de Hacendarios continuará la discusión del proyecto a partir del 8 de enero del 2024, cuando vuelva a sesionar.

Aún está pendiente que los integrantes del foro emitan un dictamen sobre la iniciativa, para que su trámite pueda pasar al plenario legislativo.