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Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa rechazaron este miércoles la incorporación de ¢2.684 millones al Presupuesto Nacional del 2024 para financiar la instalación de cárceles de carpas. Con siete votos a favor y dos en contra, los legisladores aprobaron una moción que modifica la propuesta del gobierno, de tal forma que los recursos solo puedan utilizarse en la construcción de estructuras de concreto.
Gilbert Jiménez, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), destacó que el plan del Poder Ejecutivo es una “ocurrencia”, como lo indicó ante la comisión el exviceministro de Justicia, Exleine Sánchez, quien fue destituido tras reiterar su vehemente oposición a la propuesta.
“No es posible que aquí se busque una ocurrencia y que, ante una ocurrencia, se asignen los recursos”, declaró el verdiblanco.
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Por su parte, la jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, advirtió de que era mejor no aprobar los recursos, porque de igual forma no serían ejecutados en lo que resta del año en los términos planteados por los parlamentarios.
“Si se va a aprobrar tal como está, no se tomen el trabajo, rechacémoslo. ¿Por qué? Porque ya me dijo el Ministerio de Justicia que, definitivamente, no se puede utilizar en lo que queda del año, si le ponemos esas características”, aseguró la vocera de gobierno.
Legisladores fustigan ausencia de estudios técnicos
Los legisladores tomaron la determinación luego de que los ministros de Hacienda y Justicia, Nogui Acosta y Gerald Campos, respectivamente, reconocieron que no se cuenta con estudios técnicos para sustentar el plan del Poder Ejecutivo.
El diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA), consultó al resto de los integrantes del foro si habían recibido los criterios técnicos solicitados al ministro Campos, pero la presidenta de la Comisión de Hacendarios, Paulina Ramírez, indicó que no se recibió la información.
Ramírez dijo que el Ministerio de Justicia y Paz tampoco tuvo la cortesía de dejar copia de la presentación proyectada durante la exposición que realizó el ministro Campos, el martes. La parlamentaria señaló que, hasta que no se presenten los estudios técnicos, no se puede tomar una decisión distinta a la planteada en la moción.
Por su parte, el frenteamplista dejó abierta la posibilidad de que los recursos se vuelvan a destinar como lo planteó el gobierno, mediante moción 137, si durante el trámite en el plenario se entregan los correspondientes estudios técnicos.
Durante su comparecencia, el ministro Nogui Acosta afirmó que no es responsabilidad de Hacienda cuestionar la viabilidad o pertinencia de los proyectos financiados con recursos del Presupuesto Nacional, mientras que Gerald Campos argumentó que los equipos técnicos están preparando los estudios correspondientes. “Yo lo que estoy haciendo es la previsión presupuestaria”, dijo.
El ministro de Justicia declaró que hay dos tipos de criterios técnicos, uno relacionado con la incidencia criminal y el hacinamiento carcelario, que sustenta la necesidad de implementar la construcción de estructuras livianas; y otro, que está en preparación, para determinar cuál tipo de construcción liviana se ajusta mejor a la realidad del país.
Las carpas forman parte de las estructuras que el Ministerio de Justicia y Paz analiza, en el marco de este plan.
Igualmente, el jerarca admitió que Arturo Salazar Valverde, gerente de la empresa Datasys, fue quien le planteó la idea de construir cárceles de carpas. El empresario fungió como contacto entre el Ministerio de Justicia y la empresa española ARPA, cuyas instalaciones visitó Campos durante una gira a España del 29 de junio al 7 de julio.
Diputados dudan que recursos pueda ser ejecutados
Para Paulina Ramírez, resulta irresponsable aprobar los recursos solicitados por el gobierno, debido a la poca información brindada y a que no se han compleado los requisitos de planificación, lo que hace prever que el Ministerio de Justicia sería incapaz de ejecutar el dinero en lo que resta del año, “a menos que, ya tengan hecha la licitación y no nos lo hayan expuesto y no nos lo hayan dado a conocer”.
“Yo espero que esa no sea la razón por la que ya están tan seguros de que lo van a ejecutar, diciéndonos que tienen apenas un proceso de evaluación”, agregó la liberacionista.
Ramírez agregó que la propuesta no se encuentra inscrita en el banco de proyectos del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán). Los fondos, igualmente, tendrían que ser adjudicados mediante una licitación pública, “normal y corriente”.
“Es imposible que lo puedan ejecutar”, concluyó.
Un criterio similar externó Gilbert Jiménez, quien consideró “curioso” que el gobierno afirme que sí puede cumplir con los plazos para la construcción de cárceles de carpas, pero no para el levantamiento de estructura permanente.
“Si pueden licitar, si pueden con todos los plazos, sí pueden ejecutar, muy curioso. Yo pregunto, denme esa varia mágica, porque aquí está pasando algo y quisiera que ojalá lo descubramos, para decirle a la ciudadanía lo que está pasando. Porque cuando queremos cosas para respaldar y proteger los recursos públicos, ahí no queremos actuar, ahí nos vamos a paralizar un año”, declaró Jiménez.
Por otro lado, Alejandro Pacheco, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), descartó que el Ministerio de Justicia sea capaz de ejecutar los recursos, ya sea mediante la redacción original o la modificada.
“Si el Ministerio de Justicia hace eso le tenemos que dar una medalla de oro o el Colegio de Ingenieros y Arquitectos tiene que darles algún reconocimiento, porque en cuatro meses hacer unos módulos carcelario yo lo veo imposible, a menos de que vayan a comprar las carpas y no les vayan a hacer ni piso de cemento o baños”, señaló el socialcristiano.
¿Qué dice la moción?
La moción aprobada por los diputados señala que los fondos deben ser utilizados para “diseño y construcción de unidades de atención integral, que cumplan con los principios de instalaciones e infraestructura penitenciaria moderna en concreto estructural no menos de la cantidad de acero de refuerzo requerido conforme a la normativa, sujetas al cumplimienton de la normativa de derechos humanos en infraestructura penal, teniendo a la vez los estándares de equipamiento de seguridad, siendo estos espacios innovadores y rehabilitadores”.
Los recursos fueron incluidos por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y el ministro Acosta, en el quinto presupuesto extraordinario, para incrementar en ¢61.590 millones el plan de gastos del gobierno.
Originalmente, la modificación presupuestaria, tramitada bajo el expediente 24.443, tomaba recursos de gasto corriente para aumentar la subpartida de Edificios del Ministerio de Justicia en Paz, con el objetivo de “financiar módulos de baja contención en los centros penales para mitigar el impacto del hacinamiento”.
Según el texto, los recursos se utilizarían para “atender la construcción en material liviano (Proyecto de Cárceles Livianas) de módulos de baja contención en centros penales”.
