Los diputados habilitarían cuatro formas de retirar la pensión complementaria del ROP en el proyecto de reforma a la Ley de Protección al Trabajador (expediente 21.309).

A su vez, establecerían medidas excepcionales para quienes se jubilen en los próximos diez años. Por ejemplo, se permitiría retirar el 100% de la pensión, en tres tractos, a los asalariados que se jubilen antes del 31 de diciembre del 2020.

Así lo establece una reforma al Régimen Obligatorio de Pensiones dictaminada positivamente este miércoles, por unanimidad, en la Comisión de Asuntos Hacendarios, luego de una exposición de la superintendente de Pensiones, Rocío Aguilar.

El nuevo plan plantea estas modalidades de retiro:

1. Retiro programado: esta es la modalidad más tradicional de pensión. Consiste en dividir el fondo disponible de cada trabajador en pagos mensuales desde la fecha de retiro hasta la máxima expectativa de vida, que hoy es de 115 años. Tiene la ventaja de que la persona se asegura un ingreso durante toda la vejez. Si la persona fallece antes de la máxima expectativa de vida, el dinero restante le queda a los beneficiarios establecidos en el IVM.

2. Renta temporal calculada hasta la expectativa de vida condicionada: En este caso, el aporte mensual de la pensión surge de dividir el fondo de pensión de la persona entre su fecha de jubilación y la fecha en que cumpliría su expectativa de vida condicionada, según la tabla de mortalidad vigente al momento de pensionarse.

La expectativa de vida condicionada es más corta que la máxima expectativa de vida. Se trata del promedio de años que una persona podría vivir de acuerdo con el año en que nació. Por ejemplo, para un hombre que este año cumple 65 años, la expectativa promedio es de unos 20 años. En el caso de la mujer, la cifra es de 23 años. Conforme pasan los años, esas cifras cambian.

Esta modalidad tiene la ventaja de que permite aumentar el monto mensual de la pensión, en comparación con la primera opción.

No obstante, este sistema tiene la desventaja de que, si el beneficiario vive más años después de cumplir la expectativa de vida condicionada, pasará los últimos años de su vida sin pensión del ROP. En el caso de las mujeres, el 55% de ellas supera ese umbral en Costa Rica, y en los hombres lo hace el 53%.

3. Renta permanente: se entrega al pensionado el producto de los rendimientos de la inversión del monto acumulado en su cuenta individual y, al morir, el fondo y el saldo de los rendimientos se entregarán a los beneficiarios.

4. Renta vitalicia: en este caso, la persona lo que hace es tomar el dinero para pagar un contrato con una compañía de seguros, la cual le hace un cálculo de su expectativa de vida y asume el riesgo. La aseguradora se puede comprometer, por ejemplo, a dar ¢100.000 mensuales hasta la muerte de la persona y, si esta ocurre, después de la fecha que calculó, debe correr con el gasto extra. Si muere antes, se deja la diferencia.

Los afiliados podrán cambiar de modalidad si lo desean, excepto los que opten por la renta vitalicia. En este último caso, la decisión es irrevocable.

El proyecto también establece que las pensiones del ROP no podrán ser inferiores al 20% de la pensión del IVM de la persona; si el cálculo da un monto más bajo, entonces se programan pagos equivalentes al 20% de la pensión del IVM hasta que se agote el fondo.

Medidas excepcionales para próximos 10 años

En cuanto a los que se pensionen en los próximos diez años, se establecen las siguientes medidas en dos transitorios:

1. Quienes se pensionen antes del 31 de diciembre del 2020 podrán retirar la totalidad del fondo acumulado en tres pagos anuales: el primero se hará 12 meses después de la entrada en vigencia de la ley, el segundo 24 meses después y, el tercero, en 36 meses.

También podrán optar por esta vía quienes ya se pensionaron y no han agotado el total acumulado. Pueden acogerse al transitorio.

2. Luego, quienes se pensionen entre 1.° de enero del 2021 y el 18 de febrero del 2030 podrán retirar el fondo en una cantidad de meses similar a la cantidad de cuotas aportadas a este régimen.

El ROP solo tiene 20 años de creado y sigue en etapa de maduración. Entonces, existen personas que, por ejemplo, solo han cotizado el equivalente a cuatro años en estas dos décadas, es decir, tienen 48 aportes.

En ese caso, se les permitirá retirar el fondo en 48 meses, en vez de dividírselo entre su expectativa de vida.

Cambio en el financiamiento

Por otra parte, el proyecto mejoraría el financiamiento para las futuras pensiones complementarias del ROP sin aumentarles las cargas a patronos ni trabajadores.

“Eso nos permite mantener el régimen con la solidez financiera que ha tenido y permitirá a las operadoras de pensiones poder tener liquidez necesaria para poder hacer frente a esas desacumulaciones”, explicó el diputado restauracionista, Eduardo Cruickshank.

Con el fin de elevar el fondo de pensión de cada asalariado, el plan redirigiría al ROP parte de los recursos que hoy entran primero al Fondo de Capitalización Laboral (FCL), en donde permanecen de forma temporal. Así lo establece el nuevo texto sustitutivo acogido antes del dictamen.

El FCL es un fondo que los trabajadores pueden retirar después de cada cinco años de trabajo continuo con un mismo patrón, o bien, en el caso de una ruptura laboral.

Hoy, los patrones destinan al Fondo de Capitalización Laboral (FCL) el equivalente a un 3% del salario de cada empleado. Sin embargo, un 1,5% solo permanece un año en el FCL, en donde se invierte en bonos que generan rendimientos entre el 2% y el 3%, y luego pasa al ROP.

Para mejorar las futuras pensiones del ROP, el nuevo texto enviaría de una vez ese 1,5% a las cuentas de pensiones, elevando de un 3% a un 4,25% el aporte directo que hacen cada mes patronos y trabajadores sobre cada salario.

Actualmente, para financiar las pensiones del ROP, los patronos aportan el equivalente al 2% del sueldo de cada asalariado y este último aporta el 1%, para un total del 3%.

Para redirigir recursos, el proyecto disminuiría a la mitad el aporte que los patronos hacen al FCL, con el fin de que puedan aportar al ROP un 3,25% en vez de un 2%.

Según la Superintendencia de Pensiones (Supén), el cambio permitirá a las operadoras de pensiones hacer inversiones a mayores plazos, lo que aumentaría en aproximadamente un 6% los rendimientos de los fondos de pensión para cada afiliado.

El trabajador seguirá aportando un 1%, pero ese dinero mensual ya no pasará primero por el Banco Popular (BP), a donde hoy es enviado temporalmente para financiar un fondo de trabajo de esa institución financiera. En su lugar, este dinero irá directo a la respectiva operadora de pensión de cada empleado.

Igualmente, una cuarta parte del aporte patronal al ROP, un 0,5%, también hace esa escala en el BP. Esa transición también será eliminada y, en vez de ello, se establecerá que los patronos aportarán el equivalente a un 0,25% de cada salario al fondo del Popular.

Al final, los patronos seguirán aportando un 5% de cada salario y los trabajadores un 1%.

El dinero que los trabajadores tengan actualmente en el FCL no sufrirá ningún rebajo. El cambio lo que hace es que los futuros aportes a este fondo sean solo los definitivos, porque se elimina el “paseo” que daba una parte del dinero antes de pasar al ROP.

Comparación entre los dos modelos:

Esta es la cuarta versión para el proyecto de reforma del ROP. El texto base fue presentado por el diputado restauracionista, Eduardo Cruickshank, presidente del Congreso.

Este nuevo recoge las recomendaciones de la Superintendencia de Pensiones (Supen) y cuenta con el aval del presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Rodrigo Cubero.

Lo propuso Cruickshank y su compañero del PRN, Carlos Avendaño; los diputados Silvia Hernández y Ana Lucía Delgado, de Liberación Naciona (PLN); Nielsen Pérez y Laura Guido, de Acción Ciudadana (PAC); María Inés Solís y Óscar Cascante, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Harllan Hoepelmann, del bloque Nueva República (PNR); Otto Roberto Vargas, del Republicano Social Cristiana (PRSC); y la independiente Ivonne Acuña.

El texto fue acogido en forma unánime, con diez votos a favor, luego de una sesión en la que participó la superintendente de Pensiones, Rocío Aguilar.

El dictamen positivo también recibió diez votos a favor.