EscucharCon 32 votos a favor y 11 en contra, los diputados aprobaron el martes, en primer debate, un proyecto de ley para excluir las becas y ayudas estudiantiles del control de gasto de la regla fiscal.
La decisión de la mayoría del Congreso se contrapone a criterios técnicos de la Contraloría General de la República (CGR), la cual advirtió sobre las consecuencias de dicha iniciativa.
La propuesta libera el gasto en becas y ayudas estudiantiles en todas las instituciones de educación pública, incluyendo universidades estatales, el Ministerio de Educación (MEP) y las becas y entregas de útiles del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
En criterios enviados a los diputados antes de la votación, la Contraloría advirtió que el plan “agrava los problemas de aplicación de la regla fiscal, por cuanto disminuye la cobertura institucional si incorporar sanas prácticas de Hacienda Pública”.
También, señaló que la eventual aprobación definitiva de este proyecto “incrementa la complejidad en la verificación de la regla fiscal; al mismo tiempo que reduce la transparencia al excluir rubros de gasto, lo que además podría prestarse para alguna manipulación de las clasificaciones con el fin de cumplir la regla”.
En esa misma línea, alertó a los diputados de que la iniciativa “contribuye a debilitar la base jurídica, la credibilidad de la regla fiscal y el logro de su propósito, al estar expuesta a constantes cambios legales”.
Votaron en contra los diputados de la bancada oficialista del Progreso Social Democrático (PPSD) y del Partido Liberal Progresista (PLP) fueron las que votaron a favor, mientras que votaron a favor los de Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Nuev República (PNR) y Frente Amplio (FA).
Un equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI), que había revisado proyectos de ley en la corriente legislativa referentes a la regla fiscal, concluyó la inconveniencia de aprobar dichas iniciativas de exclusión.
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El órgano contralor dijo a los diputados que, en este momento, se debe priorizar la pronta sostenibilidad fiscal del país antes de liberar gastos, con el propósito de que los recursos públicos no escaseen para entregar estas ayudas en un futuro.
“Lo anterior cobra mayor relevancia ante los riesgos futuros que enfrenta la economía mundial e, incluso, para el presente año, por lo que no es prudente ni conveniente, bajo ninguna circunstancia, debilitar los mecanismos establecidos para restringir el crecimiento del gasto público”, señala un criterio enviado al Congreso.
Por último, la Contraloría advirtió de que las normas de exclusión de la regla fiscal, aprobadas en el Congreso desde el año 2019, han incidido “negativamente en la factibilidad de verificar el cumplimiento” y ha “aumentado los costos asociados con el control”.
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Este proyecto de ley, sin embargo, que contó con firmas de 21 diputados desde su presentación a la corriente legislativa, contó con dispensa de trámite para apresurar su aprobación.
Finalmente, este martes, fue aprobado por la mayoría del Congreso. Ahora espera segundo debate, antes de que pase a Presidencia, para sellar su implementación.
Otro plan libera las alzas salariales en instituciones
El Gobierno y los diputados también tienen prácticamente cerrado un acuerdo que liberarían las alzas salariales en instituciones como la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope, el Instituto Costarricense de Acueduectos y Alcantarillados (AyA) y el Consejo Nacional de la Producción (CNP), mediante otro proyecto que debilitaría la regla fiscal.
Se trata de una iniciativa de la administración de Rodrigo Chaves, sobre la cual los diputados acogieron y depuraron un nuevo texto en la Comisión de Asuntos Hacendarios.
El texto excluiría del ámbito de cobertura de la regla fiscal a cerca de 20 instituciones y empresas públicas no financieras cuyos recursos dependen de actividades comerciales.
Entre estas también están la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer).
Al quedar libres de la regla fiscal, estas entidades ya no tendrán que sujetarse al tope de crecimiento de gasto que exige esta norma, ni a las medidas extraordinarias de contención cuando el nivel de deuda pública supere el 60% del producto interno bruto (PIB), como sucede actualmente.
