EscucharUn grupo de aproximadamente 22 diputados evalúa apoyar a un candidato a defensor de los Habitantes que fue sancionado por la Contraloría General de la República por incumplimiento de funciones cuando fue director de Migración y Extranjería.
Además, cuando fue ministro de Seguridad, la Sala IV le exigió actuar al constatar un caso de abuso policial, con uso desproporcionado de la fuerza, contra un manifestante. Recientemente, además, encara cuestionamientos por actuaciones como jefe de despacho de la exdefensora de los Habitantes, Catalina Crespo, relacionadas con autobuseros y un aumento salarial.
Se trata del exministro de Seguridad Pública y exdirector de Migración y Extranjería, Mario Zamora Cordero.
El nombre de Zamora lo empezaron a considerar varios legisladores que antes apoyaban la postulación de Erick Ulate, directivo del Consejo de Transporte Público (CTP).
Consultado por los cuestionamientos en torno a su nombre, Zamora alegó que, en su criterio, se trata de una serie de acusaciones “organizadas y orquestadas por el Frente Amplio (FA)” como parte de una “estrategia política para afectar mi candidatura”.
Incluso, el exfuncionario aseguró que se ha utilizado a varias organizaciones y varios canales como una fachada de parte del FA. En este artículo aparte se detallan los argumentos de Zamora contra las acusaciones que se le imputan.
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Zamora fue sancionado por la Contraloría
En diciembre del 2015, la Contraloría General de la República (CGR) declaró en firme una sanción contra Mario Zamora, luego de dar por concluido un procedimiento administrativo que se extendió por seis años, desde el 2009.
La sanción, que originalmente era el despido sin goce salarial y luego se redujo a una suspensión sin salario por 20 días, se debe a que Zamora incumplió funciones como jerarca de Migración frente a los problemas del proyecto del Sistema Integrado de Emisión de Documentos (Sidex).
Un órgano investigador lo culpó de no haber ejecutado una garantía de cumplimiento por ¢246 millones, que servía de respaldo a Migración por las fallas de un equipo tecnológico para elaborar cédulas de residencia. Según la Contraloría, el exdirector dejó vencer la garantía.
En criterio del ente contralor, Zamora debía girar instrucciones para ejecutar la garantía de cumplimiento del consorcio GTK-TLM, que estaba a cargo del Sidex, pero omitió hacerlo.
Tampoco habría actuado con la diligencia, probidad y oportunidad debidas para establecer las responsabilidades de los funcionarios de Migración responsables de recibir y ejecutar ese proyecto.
“Faltó a sus deberes como funcionario público en función de superior jerárquico y responsable de coordinar funciones y actividades de la contratación administrativa”, consideró la CGR.
Ese órgano advirtió que, desde el primer año de gestión de Zamora, en el 2006, la Auditoría Interna ya había identificado una gran cantidad de problemas con el Sidex.
Si bien la sanción que la Contraloría impuso a Zamora quedó en firme, fue declarada inejecutable porque, en el momento en que adquirió firmeza, ya no era funcionario de la Dirección de Migración.
En el periodo en que Zamora fue director de Migración, la institución perdió 2.484 recursos de amparo y de habeas corpus, cifra muy por encima de su antecesor en el cargo, Marco Badilla, y su sucesora, Kathya Rodríguez.
Así lo cita uno de los documentos que se presentaron en la Comisión de Nombramientos como oposición a la candidatura de Zamora, con base en estadísticas de la Sala Constitucional.
De igual forma, fue cuestionado por organizaciones como el Centro Feminista de Información y Acción (Cefémina) y el grupo activista Agenda Cedaw (organización que vigila la aplicación de los principios del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Cedaw por sus siglas en inglés).
Estas organizaciones recordaron que, como director migratorio, Zamora negó las solicitudes de refugio de dos mujeres, Nicole Kater y Chere Lyn Tomayco, quienes huyeron de Estados Unidos con sus hijos, en momentos diferentes, por violencia doméstica y el riesgo para su vida y la de sus hijos.
Él había negado esas solicitudes bajo el alegato de que el refugio solo aplicaba por persecución política y, principalmente, cuando se trataba de víctimas de conflictos militares.
Gestiones contra normas para sancionar funcionarios
A partir del proceso en su contra dirigido por el ente contralor, Zamora impulsó diez acciones de inconstitucionalidad y recursos de amparo en contra de las normas que permiten a la Contraloría sancionar a funcionarios. En unas intervino como accionante y en otras como coadyuvante.
Por ejemplo, presentó una coadyuvancia en la gestión del alcalde de San José, Johnny Araya, contra una suspensión que dictó contra él la CGR. Todas las gestiones fueron rechazadas por el tribunal constitucional, algunas fueron analizadas y declaradas sin lugar y otras fueron rechazadas de plano.
Zamora no solo intentó traerse abajo normas aplicadas por la Contraloría, sino también artículos de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
Aunque todas esas gestiones fueron infructuosas para la intención de Zamora, y pese a que la sanción de la Contraloría quedó en firme, el exdirector de Migración también interpuso una denuncia contra ese castigo en el Tribunal Contencioso Administrativo que, en primera instancia, se declaró con lugar y actualmente se encuentra en etapa de casación.
En entrevista con este medio, el exfuncionario enfatizó que él logró que un juez decretara que hubo un error por parte de la Contraloría en la determinación de esa sanción, aunque reconoció que aún está pendiente la resolución de la Sala Primera.
Represión policial
Durante la gestión de Zamora Cordero como ministro de Seguridad, se produjo un acto de represión policial en una manifestación ocurrida en octubre del 2012 por la ley de fotocopiado.
La Sala Constitucional encontró que hubo un uso irracional y desproporcionado de la fuerza contra un estudiante y ordenó a Zamora abrir un proceso administrativo contra los responsables de la agresión.
En noviembre del mismo año, ocurrió un encontronazo entre la Policía y varios manifestantes y dos diputados en una manifestación por la situación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Seis personas detenidas fueron llevadas a juicio y finalmente absueltas de toda responsabilidad por los tribunales.
Presunto beneficio para autobuseros
En una carta de oposición presentada contra la candidatura de Mario Zamora, el 28 de setiembre del 2022, por un ciudadano de nombre Francisco Campos Campos, se señala al exjefe de despacho de Catalina Crespo como responsable de frenar acciones de la Defensoría contra la renovación de concesiones de autobuses.
Campos explicó que, en el 2021, la Defensoría interpuso un recurso contra 185 acuerdos de renovación de concesiones de autobuses y preparó un segundo recurso contra 48 acuerdos más, pero este segundo recurso nunca lo firmó la entonces defensora de los Habitantes, Catalina Crespo.
Tampoco se apersonó la defensora ante el Tribunal Administrativo de Transporte (TAT) para defender sus alegatos ni para refutar los argumentos de la Junta Directiva del CTP, pese a las prevenciones que hizo dicho Tribunal y de las cuales el área técnica de la Defensoría advirtió a Crespo.
De hecho, la exdefensora tampoco firmó el oficio de apersonamiento de la institución ante el TAT e ignoró todas las advertencias del área técnica, hasta que en marzo del 2022, fue el propio Mario Zamora quien respondió en nombre de la entonces defensora.
Zamora, como jefe de despacho de la exjerarca, alegó que el recurso ya había sido resuelto sobre la entidad competente y que solamente esperarían que se resolviera lo peticionado por la Defensoría.
En setiembre del año pasado, el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron allanamientos en el CTP en el marco de una investigación por supuestas anomalías en la renovación de las rutas de autobuses, autorizadas entre setiembre y octubre del 2021.
Aumento salarial por recargo
El director de Recursos Humanos de la Defensoría, Hernán Rojas, denunció penalmente que la exdefensora Catalina Crespo usó la figura de recargo de funciones para beneficiar salarialmente a funcionarios cercanos sin un concurso.
Zamora fue uno de los funcionarios que recibió un aumento salarial por esa vía. En su caso, fue de ¢885.000 cuando se le otorgó el recargo de director del Instituto de Educación en Derechos Humanos del 1.° de julio al 22 de diciembre del 2022. Él tenía una plaza de profesional de defensa 3.
El jefe de Recursos Humanos denunció que el recargo se otorgó sin concurso y bajo discrecionalidad. Dicho expediente judicial está actualmente en curso de investigación.
En la misma denuncia, el director de Personal dijo que Catalina Crespo y Mario Zamora, como su jefe de despacho, nombraron a la exesposa de este último, Rebeca Gallardo, en una plaza para la que, a criterio del jefe de Recursos Humanos, ella no cumplía los requisitos.
Se trataba de una plaza para un profesional en Relaciones Internacionales, pero Gallardo es antropóloga. Rojas hizo dichos señalamientos, pero cuando él cuestionó la decisión de Crespo, Zamora le ordenó, en nombre de Crespo, que entregara información sobre las personas que antes habían ocupado dicha plaza, en particular Laura Arguedas (excandidata a vicepresidenta de José María Figueres que también se postuló a la Defensoría).
Aunque Rojas intentó presentar las quejas y denunciar ante la entonces defensora las gestiones de Zamora que, en su criterio, eran indebidas, todas las respuestas del despacho de la defensora las firmó el mismo Zamora.
El jefe de Recursos Humanos dijo a La Nación que el nombramiento finalmente sí se dio y, aunque él denunció lo que consideró acoso de parte del jefe de despacho de Crespo, ni siquiera esos oficios los respondía la jerarca, sino Zamora.
Fue por la consumación del nombramiento que él denunció el caso en la vía penal y ante la Procuraduría de la Ética Pública.
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