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Diputados de cuatro fracciones parlamentarias impulsan un proyecto de ley para autorizar la construcción de la marina de Limón haciendo ajustes en la Ley Orgánica de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
Se trata de una vía alterna a la planteada por el gobierno en la nueva versión de la llamada “ley jaguar”.
Voceros de las bancadas del Partido Liberación Nacional (PLN), el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el Partido Nueva República (PNR) y el Partido Liberal Progresista (PLP) apoyaron la propuesta de dispensar de trámites el plan del PUSC, lo que facilitaría una aprobación expedita.
El texto mantendría la exigencia de hacer concurso para la contratación de las obras, para evitar la selección a dedo de los contratistas.
La Contraloría General de la República (CGR) había señalado que el texto de la “ley jaguar” permitiría escoger a dedo al socio estratégico con el que haría el negocio, evadiendo los procedimientos de contratación pública.
El proyecto fue presentado por la jefa del PUSC, María Marta Carballo, en abril pasado.
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La Ley Orgánica de Japdeva, en su artículo 5 bis, define cuáles son los escenarios en que la institución puede realizar dicho tipo de convenios, los cuales no incluyen la posibilidad de establecer una alianza público-privada para desarrollo de infraestructura.
Reforma autoriza alianzas de Japdeva
Precisamente, la reforma del PUSC a ese artículo autorizaría a Japdeva el desarrollo de proyectos de infraestructura, comerciales, tecnológicos y de cualquier otra naturaleza, a través de las alianzas estratégicas.
La selección de los aliados se haría bajo la excepción contenida en el inciso h del artículo 3 de la Ley General de Contratación Pública.
Ese artículo exceptúa de los procedimientos ordinarios de contratación las alianzas estratégicas autorizadas mediante ley, con el fin de lograr ventajas competitivas, siempre que la excepción no se utilice como un mecanismo para la contratación de terceros sin atender los principios de contratación por concurso.
La modificación legal también permitiría que esa entidad pueda involucrar, dentro de esos proyectos, bienes inmuebles que estén bajo su administración.
La reforma mantendría la obligación de contratar a terceros mediante los procedimientos legales, es decir, por concurso.
Si bien la mayoría de las bancadas estuvo de acuerdo en acelerar el trámite de la iniciativa, el Frente Amplio se declaró en contra del fondo del proyecto ante la posibilidad de que se afecten humedales y terrenos que son fundamentales para el ambiente, en la eventual construcción de la marina.
PPSD no revela su posición
Pilar Cisneros, jefa del oficialismo, evitó decir si apoyan la dispensa de los trámites, pues se centró en que esa misma propuesta sobre la marina está en la nueva versión de la “ley jaguar”.
El presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, respondió a Cisneros que el acuerdo de las jefaturas es aguardar que la Sala Constitucional remita el texto completo de la opinión consultiva del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), con los detalles de por qué consideró inconstitucional el primer proyecto de “ley jaguar” del gobierno, antes de tramitar la nueva versión.
Medió la independiente Gloria Navas, quien es abogada, para decir que las partes dispositivas de un fallo judicial, máxime si es constitucional, deben ser conocidas en su totalidad, antes de proceder de cualquier manera.
No obstante, Cisneros se centró en acusar a los demás legisladores de obstaculizar el avance del país.
Ante esas acusaciones, los legisladores se molestaron y enfatizaron en que todos están de acuerdo en impulsar el proyecto sobre la marina, pero cumpliendo con la normativa legal y evitando que cualquier modificación se pueda prestar para la corrupción.
