Los diputados impulsan un proyecto de ley que le permitiría al canciller de la República nombrar hasta 50 funcionarios de manera discrecional, es decir, por el régimen de confianza, sin que medie un concurso previo.

Estas personas serían adicionales a los 51 embajadores con los que cuenta Costa Rica en el exterior y quienes también son designados mediante esa modalidad, tras la aprobación del Consejo de Gobierno.

Se trata de una iniciativa de ley discutida en la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa, que ya recibió el dictamen afirmativo y unánime de ese foro, el pasado 26 de noviembre.

En específico, contó con el visto de bueno de los diputados Karine Niño y Luis Antonio Aiza, de Liberación Nacional; Nielsen Pérez y Welmer Ramos, de Acción Ciudadana; Floria Segreda, de Restauración Nacional; y Walter Muñoz, de Integración Nacional.

No obstante, expertos consideran que, de aprobarse dicho texto con su redacción actual, se promoverían los nombramientos por compadrazgos políticos, en lugar de profesionalizar el servicio exterior.

Así mismo, aseguran los especialistas, ello tendría “efectos severos” y “dañinos” para la política internacional del Estado costarricense.

El proyecto de ley (expediente 21.235) propone reformar varios artículos del Estatuto del Servicio Exterior, cuyo fin es profesionalizar la carrera diplomática en el país y disciplinar las relaciones jurídicas entre el Poder Ejecutivo y los funcionarios de la Cancillería.

Tres de los cambios más polémicos están en el artículo 91, que permitiría los nombramientos discrecionales de hasta 50 personas más; en el transitorio XIII, el cual dejaría ingresar a la carrera diplomática a algunas de las personas que hoy tienen nombramientos discrecionales; así como el artículo 40, que amplia, sin restricción, el requisito de las carreras afines para acceder al servicio exterior.

Artículos de la discordia

La redacción actual del numeral 91 propone “designar 25 funcionarios en el servicio diplomático amparados en el régimen de confianza. Esta cantidad podrá aumentarse hasta en un 100% (o sea, hasta 50 empleados), siempre y cuando vaya aparejado a un crecimiento proporcional de los puestos asignados al servicio diplomático, y que el ministro acredite la necesidad que justifique la creación de dichas plazas”.

Actualmente, el Estatuto del Servicio Exterior permite contratar a funcionarios diplomáticos de carrera y a personas designadas por la modalidad de comisión, mecanismo que se utiliza para quienes no son de carrera.

En la carrera diplomática, los aspirantes son elegidos por concursos de oposición, los cuales suponen una serie de estudios especializados, exámenes, comprobación del manejo de idiomas, entrevistas, prueba psicológica, entre otros requisitos.

En tanto, quienes son nombrados mediante la modalidad de comisión, son seleccionados de manera discrecional.

Este tipo de nombramientos a dedo, ya ha sido cuestionado en el pasado reciente. Propiamente, en el 2011, cuando la entonces presidenta Laura Chinchilla tuvo que revertir una serie de nombramientos en embajadas y consultados de Costa Rica todo el mundo.

Incluso, la Procuraduría General de la República emitió un informe en el que confirmaba que la Cancillería había nombrado en el servicio exterior a 47 personas ajenas a la carrera diplomática y sin apegarse a la transparencia que debería regir en la función pública.

Detalló además, que 23 de esos nombramientos favorecieron a individuos que trabajaron en la campaña de Chinchilla o que tenían vínculos con el Partido Liberación Nacional (PLN).

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Críticas y observaciones

Jorge Umaña, diplomático de carrera y docente de la maestría en Diplomacia de la Universidad de Costa Rica (UCR); Norman Lizano, embajador de carrera, y Rosemary Hernández, directora de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional (UNA) y profesora de la UCR, estiman que el proyecto de ley no fomenta la profesionalización.

Según Umaña, aprobar el proyecto tal y como está redactado “sería privilegiar el compadrazgo político en detrimento de una verdadera carrera diplomática profesional, especializada y democrática”. Así lo consignó en un un artículo de opinión publicado, este 29 de diciembre, en La Nación.

Para Umaña, el proyecto fomentaría la designación de personas “a la antigua usanza”, cuando “pertenecer a ciertos grupos sociales o políticos, o en su defecto, ser acaudalado, eran ventajas muy significativas para pertenecer al cuerpo diplomático costarricense”.

En tanto, Norman Lizano asegura que la iniciativa de ley da al traste con los esfuerzos que ha hecho el país para actualizar los mecanismos de profesionalización estipulados en el Estatuto del Servicio Exterior, los cuales se han venido reformando desde finales de los años 90.

Él insiste en que el Poder Ejecutivo debería limitarse a nombrar solo a los embajadores.

“Este nivel de injerencia política no fue suficiente para los redactores del proyecto N.° 21235, el cual, de llegar a ser ley, otorgaría a personas nombradas por afinidad política las dos plazas de mayor peso técnico y que requieren más experiencia y conocimiento dentro de la Casa Amarilla: la dirección y la dirección alterna de política exterior.

“En cuanto a las representaciones en otros países, el texto señala que hasta 50 plazas serían ocupadas por gente afín a la administración, con rangos y salarios iguales a los de funcionarios con más de diez años de experiencia y capacidad acreditada”, criticó Lizano en otro artículo de opinión publicado en este medio, pero el 20 de diciembre anterior.

Por su parte, Hernández deplora que, en su transitorio XIII, el proyecto permitiría ingresar a la carrera diplomática a algunas de las personas que hoy tienen nombramientos discrecionales.

“Aquellas personas que por un mínimo de dos años hayan desempeñado funciones en el servicio diplomático o consular por un nombramiento en comisión, hayan laborado en un organismo internacional o hayan laborado en el Ministerio de Relaciones Exteriores bajo el régimen del Servicio Civil, podrán ingresar al Servicio Exterior como funcionarios diplomáticos de carrera, previa aprobación de los exámenes de incorporación a la carrera diplomática”, reza el texto actual del proyecto.

En adición, la directora de Relaciones Internacionales de la UNA también critica que el artículo 40 del proyecto deja de lado las carreras establecidas por ley para trabajar en el servicio diplomático —Derecho, Economía, Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas— y, en su lugar, amplía el requisito a “poseer un grado académico universitario”, cualquiera que sea.

“No solo defendemos nuestro nicho, sino que no cualquiera puede ejercer una profesión tan seria, en la que usted defiende los principios y los intereses de su país. Yo no voy a hacer las bases de un edificio porque sencillamente no soy ingeniera civil. Pues estamos haciendo las bases del edificio que se llama Costa Rica y somos un país que depende de sus relaciones internacionales”, exhortó Hernández.

‘Aspiramos al 100% de profesionalización’

Por su parte, el canciller, Rodolfo Solano, manifestó que la aspiración es que todo el personal de la Cancillería provenga de la carrera diplomática, es decir, que sea 100% profesional, en un plazo no mayor a cinco años.

“Yo quisiera que el texto que se está discutiendo vaya en esa dirección. Ya sea, de forma inmediata, o en un plazo lo más pronto posible, y que sea mandato de ley”, afirmó el jefe de la diplomacia costarricense.

Hoy, la planilla total de la Cancillería es de 397 funcionarios, de los cuales la mitad pertenece al Servicio Civil, y la otra mitad son diplomáticos de carrera, quienes laboran en tanto en el servicio exterior como en cargo internos en la Casa Amarilla, precisó Solano.

En tanto, la liberacionista Ana Karine Niño, presidenta de la Comisión de Asuntos Internacionales, afirmó que de momento, lo que hicieron los diputados fue darle trámite al proyecto, pero que todavía no se ha avanzado en su discusión.

“Todo indica que el proyecto no será convocado (durante sesiones extraordinarias), por lo que se han priorizado otros proyectos. Cuando se aproxime el periodo de ordinarias, retomaremos la discusión”, expresó la verdiblanca.

Sin embargo, cuando el texto se sometió a votación, ella pidió el voto de sus compañeros alegando que el texto ya había sido consultados a los diferentes sectores y que se llevaba estudiando desde hacía 18 meses.

“Quiero dejar claro que hoy hemos concluido una etapa más del proceso de mejora del servicio exterior y esto es una realidad, aunque algunos no quieran verlo de esa forma; hemos trabajado muchísimo para que este nuevo texto sea una verdadera reforma sustancial del Estatuto del Servicio Exterior. Se pasan de sesenta y pico de artículos a ciento dos artículos. Un trabajo que lleva prácticamente año y medio, en donde tanto esta Comisión con los diferentes asesores, y mesas abiertas, para poder construir y no es un tema fácil, ese es un proceso que ha requerido un enorme estudio”, consta que Niño dijo, el 26 de noviembre, en la comisión de Internacionales.