Escuchar
Los diputados aprobaron, este martes, en el plenario de la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que obligará al Ministerio de Hacienda a utilizar criterios nutricionales y de consumo para definir la canasta básica tributaria.
La iniciativa de varios legisladores independientes tuvo el apoyo de los 43 congresistas presentes en el plenario y, básicamente, obliga a que se tenga que contemplar el valor nutricional y los indicadores de consumo de los costarricenses para establecer los productos de la canasta básica.
Se trata del expediente 21.400, Ley para la definición de la canasta básica por el bienestar integral de las familias, donde se establece que esa lista de productos es el conjunto de bienes consumido por el 30% de la población de menores ingresos del país.
El diputado Jonathan Prendas, promotor de la iniciativa, explicó que, con base en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, ley 9635, hoy se establece que Hacienda define la canasta básica tributaria con criterios fiscales, solo con base en información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
“No contempla el valor nutricional ni lo que el costarricense consume mayoritariamente. Planteamos este proyecto para que no sea manejo exclusivo de Hacienda la elaboración de la canasta básica”, comentó Prendas.
El diputado añadió que, antes de definir la canasta básica tributaria, Hacienda deberá consultar al Ministerio de Salud, a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), al Colegio de Nutricionistas, a las escuelas de nutrición de las universidades públicas, a la Asociación de Consumidores de Costa Rica y a la Defensoría de los Habitantes.
Prendas enfatizó que la ventaja, para los consumidores costarricenses, es que la canasta básica tiene un impuesto al valor agregado (IVA) de solo el 1%, mientras que todos los productores fuera de ella pagan el 13%.
“La canasta básica se ajustaría a lo que, según las mediciones del INEC, es lo más apropiado para que el costarricense se alimente. Significaría un ahorro y mayor poder adquisitivo, la gente podría consumir más y comprar más unidades de un producto específico, o tener dinero para cancelar otras obligaciones”, comentó Prendas.
La ley aprobada establece que la canasta básica se revisará cada cinco años o cada vez que el INEC emita los resultados de un nuevo estudio de ingresos, gastos y consumo de la población.
