EscucharLos diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Públicos aprobaron este jueves una moción para investigar la inacción del Gobierno para preparar un nuevo servicio de revisión técnica vehicular, ante el vencimiento del contrato de la empresa Riteve SyC el próximo 15 de julio.
En este momento, el país vive incertidumbre sobre la revisión porque la administración anterior no licitó con antelación un nuevo contrato para operar el sistema, o alguna otra figura.
La moción de investigación fue presentada por el diputado Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), y fue votada por unanimidad este jueves.
“Hay suficientes indicios que hacen suponer que, de forma intencional y dolosa, nunca quisieron arrancar con el proceso de apertura de este monopolio, dejando al país sin tiempo para abrir un nuevo cartel licitatorio, como lo estipula la ley, obligándonos a sí o sí ampliarle a concesión en monopolio, a la empresa española, alegando estado de necesidad”, indicó Nicolás.
El liberacionista explicó que es “inaceptable” que el país deba pasar por esta incertidumbre, cuando el gobierno del expresidente Carlos Alvarado tuvo cuatro años para decidir el destino de la revisión técnica.
Antes de dejar el cargo, Alvarado admitió que no tuvo el tema de Riteve en el radar. Por su parte, el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) no sacó a concurso un nuevo contrato bajo el argumento de que la Sala IV estudiaba una acción de inconstitucionalidad contra los artículos de la Ley de Tránsito que facultan al Cosevi para otorgar “autorizaciones indefinidas” a las empresas interesadas en prestar el servicio de inspección vehicular.
Riteve operó el servicio por 20 años, mediante un contrato que empezó a regir en el 2022.
El verdiblanco también aseguró que, en los próximos días, se apersonará ante los Tribunales de Justicia para presentar una acción penal y sentar responsabilidades contra los jerarcas del anterior gobierno.
Este jueves, Riteve informó que de está anuente a ajustar las tarifas de revisión técnica en caso de que el Gobierno le conceda una prórroga temporal para continuar operaciones tras el vencimiento del contrato. De esta forma, la firma española seguiría en el país mientras el Gobierno decide el destino de este servicio.
Actualmente, la tarifa para acudir a la revisión es de ¢16.481 para autos particulares. En caso de no pasar en la primera prueba, la reinspección tiene un costo de ¢8.240.
Con el vencimiento del contrato con Riteve, toda la maquinaria y los equipos pasarán a manos del Estado, pues se acabaría la concesión otorgada. De sentarse una nueva negociación con la firma española, esta únicamente funcionaría como operadora del servicio.
