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Los diputados aprobaron este martes por la tarde, en el plenario de la Asamblea Legislativa, el proyecto que legaliza la producción, industrialización y comercialización del cannabis medicinal y del cáñamo con fines industriales.
La iniciativa de la legisladora independiente Zoila Rosa Volio recibió el voto afirmativo de 33 congresistas, mientras que 13 votaron en contra, luego de una amplia discusión por el fondo y la oposición de varios congresistas, principalmente de Restauración Nacional, el bloque Nueva República, Integración Nacional (PIN) y la independiente Shirley Díaz.
El plan se centra en autorizar la producción de las plantas de cannabis, tanto las que tienen alto contenido de tetrahidrocannabinol (THC), para uso medicinal y terapéutico, como las que tienen bajo THC, como el cáñamo, de múltiples usos industriales.
El texto estaba en agenda de la Asamblea Legislativa desde mayo del 2019 y se dictaminó en la Comisión de Ambiente en noviembre del 2020. La idea de los legisladores es generar reactivación económica mediante la apertura de una nueva actividad productiva.
Para la producción de ambas plantas y sus derivados, los productores tendrán que registrarse ante el Estado y brindar amplia información a las autoridades sobre sus actividades. El Ministerio de Agricultura (MAG) tendrá a su cargo la regulación del mercado del cáñamo y el de Salud, el del cannabis para uso medicinal y terapéutico.
Salud, Agricultura y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) tendrán potestades de inspección y fiscalización periódicas sobre los productores y desarrolladores de derivados del cannabis y el cáñamo.
En la iniciativa, se autoriza la venta de materia prima de cannabis medicinal a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como a laboratorios autorizados para el desarrollo de los medicamentos necesarios.
Entre las últimas mociones que aprobaron los legisladores están la del liberacionista Roberto Thompson para autorizar que empresas relacionadas con este mercado se instalen en régimen de zonas francas, exclusivamente en los casos de alta tecnología e industrialización, no así las dedicadas al cultivo.
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El cannabis es una especie vegetal de la familia cannabácea, capaz de producir cannabinoides. El cannabis no psicoactivo se conoce como cáñamo por su bajo contenido de tetrahidrocannabinol (THC) y no tiene propiedades psicoactivas, pero sí múltiples posibilidades de aprovechamiento industrial, mientras que el psicoactivo tiene altos niveles de THC: la marihuana.
El proyecto permitirá que personas jurídicas, pero también físicas, tengan acceso a licencias para cultivo y producción de cannabis medicinal o sus derivados. Los congresistas se aseguraron de que un 40% de las licencias sean para medianos y pequeños productores, con el fin de abrir ese mercado a los emprendedores, además de inversionistas nacionales y extranjeros.
En cuanto al impuesto específico, las empresas de la industria del cannabis tendrán que pagar un tributo específico del 1% sobre las utilidades. Las firma que se alojen en zona franca no podrán evitar dicho impuesto.
Tras la aprobación, Paola Vega, presidenta de la Comisión de Ambiente, aseguró que este es uno de los proyectos más importantes salidos de ese foro. “Le estamos heredando al país un proyecto que va a generar empleo, nuevos modelos de negocio y encadenamientos productivos, pero a la vez avanza en derribar estereotipos en torno a un cultivo que no los debería tener”, apuntó.
La fabricista Carmen Chan tomó la palabra solo para decir que votó de forma errónea por el sí, pero que su voto iba a ser negativo. En tanto, Zoila Volio les agradeció a todos los que votaron por la iniciativa, en particular a los de la Comisión de Ambiente, pues dijo que mejoraron la iniciativa y crearon una ley modelo para América Latina.
Erwen Masís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), felicitó a Volio porque dijo que “cuando uno presenta un proyecto que cambia y rompe paradigmas y es un proyecto que transforma la lógica establecida se requiere de muchísimo valor”.
La liberacionista Karine Niño consideró que la aprobación del plan para producir cannabis en Costa Rica significa un avance de alto nivel en la medicina y la industria, además de que dará oportunidad al país para explotar al país una materia prima rodeada de cuestionamientos, pero que dará beneficios importantes para el país.
Pese a haber hablado durante muchos minutos en el plenario por el fondo de la iniciativa, la restauracionista Mileyde Alvarado volvió a tomar la palabra por el orden para insistir en sus argumentos de que el proyecto es un peligro para la seguridad nacional.
Cuestionó de nuevo el artículo 25, donde se autoriza el autoconsumo de cannabis con fines medicinales o terapéuticos, pues dijo que si la CCSS ya podrá entregar medicamentos, no era necesaria dicha autorización y más bien podría generar un riesgo.
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