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Los diputados aprobaron este lunes, en primer debate, un proyecto de ley que autoriza al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) a utilizar unos ¢800 millones en la atención de las adultos mayores afectados por la pandemia del covid-19.
La propuesta de la independiente Nidia Céspedes crea una excepción para el Conapam, con el objetivo de permitirle a dicho Consejo modificar los destinos de ciertas partidas.
Se trata de remanentes de la operación del Conapam, así como recursos de cargas tributarias sobre licores, cervezas y cigarrillos; y del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, asignados a ciertos fines.
Antes de que se aprobara el proyecto, por intervención de la liberacionista Yorleny León, presidenta de la Comisión de Control del Ingreso y el Gasto Públicos, se fijó la obligación de que antes de hacer modificaciones, el Conapam solicite permiso al Ministerio de Hacienda.
Además, el proyecto de Céspedes autoriza al Consejo para utilizar los recursos que se le transfieren desde el Gobierno Central a través de varias leyes y, con ello, le libera las amarras que por vía de la Ley del Presupuesto Nacional 2020 se aplicaron para evitar constantes cambios en el destino de los recursos.
En el texto del proyecto, se establece que las contrataciones que deba hacer el Conapam a partir de la ley aprobada serán temporales o interinas, y bajo la modalidad de salario único.
Céspedes aseguró que esa ley le dará acceso al Conapam a ¢800 millones para “atender de inmediato a los adultos mayores abandonados en hospitales y en situación de calle”.
La independiente adujo que se alcanzó el consenso entre fracciones y el Ministerio de Hacienda luego de casi cuatro meses, para que el Consejo de la Persona Adulta Mayor pueda echar mano de recursos que ya tiene disponibles.
Según Xiomara Rodríguez, jefa de la fracción del Partido Restauración Nacional (PLN), la idea del proyecto es permitir que el Consejo de la Persona Adulta Mayor pueda crear una estructura que “reúna y coordine servicios de asistencia social, psicológica y jurídica” a los adultos mayores.
Rodríguez enfatizó que la reforma legal “elimina restricciones a las que están sujetos los destinos específicos que el Conapam recibe y transfiere” para la atención de las personas adultas mayores y que se puedan usar los recursos para la situación de emergencia.
La restauracionista adujo que se trata de un “abordaje sociosanitario” para la población en condición de abandono, situación de calle y hospitalizadas.
Catalina Montero, del Partido Acción Ciudadana (PAC), indicó que la población adulta mayor es de las más vulneradas a causa de la pandemia del covid-19 y sus efectos.
“Es de suma importancia ayudar principalmente a las personas abandonadas, para que puedan ingresar en albergues u hogares de larga estancia. Esto implica una erogación, el Conapam tiene recursos pero en otra partidas, por lo que es importante especificar que esto les autoriza trasladar dineros de unas partidas a otras”, comentó.
