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La Asamblea Legislativa aprobó en primer debate una nueva ley de contratación administrativa que obligaría a todas las instituciones estatales a realizar sus compras públicas en una plataforma digital integrada que manejaría el Ministerio de Hacienda.
La iniciativa, propuesta por la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Ana Lucía Delgado, se aprobó con el voto unánime de 42 legisladores presentes en el plenario legislativo, mientras que otros cinco se ausentaron de la votación.
Luego de su aprobación, la proponente aseguró que su plan es una reforma estructural que podría ahorrar cada año a los contribuyentes hasta un 1,55% del producto interno bruto (PIB), porcentaje que la legisladora cifró en unos ¢540.000 millones anuales.
Ese ahorro, aseguró Delgado, es un cálculo de la Contraloría General de la República (CGR) que participó en la construcción de la iniciativa, sobre las compras en un sistema unificado.
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Sin embargo, el diálogo multisectorial organizado por el Gobierno, el año pasado, calculó el ahorro en un 0,10% del PIB.
La iniciativa obligaría a todo el aparato público a realizar, en una sola plataforma digital, sus compras de bienes y servicios, así como la contratación de obras.
De momento, Hacienda administra del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), pero la ley actual de contratación administrativa contiene trámites engorrosos y extensos.
En ese escenario, explicó la legisladora, las instituciones programan una obra o la contratación de un bien y deben pasar mucho tiempo para completarlo, lo que genera inseguridad jurídica.
Añadió que, en parte, esas son las razones por las que más instituciones se fueron saliendo del sistema y se generó una dispersión de normativa.
De ahí que su texto sea un cambio de paradigma, aseguró, pues no solo obliga a todo el Estado a contratar bienes o servicios a través de una sola plataforma, sino que, además, homologa la normativa.
“Este proyecto es requerido debido a que la actual ley tiene 25 años. Hay mucha dispersión de normativa, plazos muy extensos y son pocas las instituciones que se mantienen dentro de lineamientos generales”, insistió.
Su texto, dijo, propicia la celeridad en los procesos de contratación, publicidad, planificación institucional y eficiencia. En el caso de las empresas públicas en competencia, propicia la realización de trámites con mayor celeridad.
A modo general, Delgado mencionó que la redacción incluye sanciones para las instituciones que no cumplan, como declarar nulos los procesos al margen de la legislación.
“Contiene muchas figuras dentro de la controversia de conflictos para licitaciones de obras, permitiendo al Estado poder echar mano de todas las ofertas que tenga elegibles, sin iniciar nuevamente aquellos procesos tortuosos.
“Ya las compras directas no existirán. Las licitaciones ahora serán mayores, menores y reducidas, de acuerdo al monto”, agregó.
El texto, además, elimina autorizaciones previas de la Contraloría.
En cuanto al ahorro monetario, Delgado explicó que, con el simple hecho de tener una única plataforma integrada, se permite a los departamentos de proveedurías comprar a mayor escala un conjunto de bienes, “garantizando un menor precio”.
De hecho, comentó, la nueva legislación establece un plazo para profesionalizar las oficinas de proveeduría de las entidades y crea una autoridad sobre compras públicas. Ese tiempo será de 18 meses mientras se elabora el reglamento.
“Las compras son fiscalizadas por Contraloría, pero esta no es un órgano rector de materia, lo es Hacienda a través de la Dirección General de Bienes. A partir de este proyecto, queda instrumentalizada la autoridad”, explicó.
Comentó que la CGR tomó en cuenta algunos porcentajes en economías descentralizadas donde, en escenarios conservadores, se generan ahorros de hasta un 20% por aprovisionamiento de obras y servicios con este sistema unificado.
Posteriormente, en el canal de la Asamblea Legislativa, Delgado citó que, solo en el año 2018, las instituciones estatales movieron ¢4,3 billones en compras públicas, sin contar la factura petrolera.
“Es un monto sustantivo para el quehacer en el Estado. Es decir, aparte del tema de remuneraciones y del pago de servicios básicos, todo el aprovisionamiento para el quehacer y contratar oras tiene que pasar por el procedimiento de compras públicas”, expuso.
En primer debate aprobaron la iniciativa 14 diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), seis del Partido Restauración Nacional (PRN), cinco del Partido Acción Ciudadana (PAC), ; cinco del bloque Nueva República, cuatro del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); dos del Partido Integración Nacional (PIN), cuatro independientes, uno del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC) y uno del Frente Amplio.
Se abstuvieron de votar Paola Vega y Welmer Ramos, del PAC; Franggi Nicolás, del PLN; María Inés Solís, del PUSC; y Harllan Hoepelman, del bloque Nueva República.
La votación en segundo debate se programó para este jueves 22 de abril.
