La Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa definió los mecanismos para evaluar a los aspirantes a magistrado que concursen por las plazas que dejaron vacías Celso Gamboa y Carlos Chinchilla, en la Sala III (Penal), y Ernesto Jinesta en la Sala IV (Constitucional).

Las mociones aprobadas contienen tres metodologías con lineamientos prácticamente idénticos para la selección de los respectivos jueces, tanto los dos penales como el constitucional.

Una cuarta metodología corresponde al proceso para determinar si se permite o no la reelección de la magistrada Julia Varela en la Sala II (que resuelve familia y trabajo y, en lo civil, impugnaciones contra ejecuciones de sentencia, derecho sucesorio y quiebras).

Entre los requisitos, los legisladores exigirán que los postulantes que sean abogados litigantes presenten una lista de los clientes con los que han mantenido relación laboral durante los últimos dos años y que hagan constar que no se encuentran afiliados ni militen en ningún partido político.

Esos datos deberán constar en una declaración jurada notarial. También, deberán hacer constar que no hay procesos de violencia doméstica en su contra.

Según la presidenta de la Comisión de Nombramientos, la liberacionista Ana Lucía Delgado, se pide la información sobre la clientela pero a grosso modo, “no datos sobre los casos, para no afectar la protección de los datos y el secreto profesional".

Para Delgado, otro de los requisitos más importantes es solicitar, a los candidatos que actualmente sean jueces, una lista de las sentencias emitidas durante los últimos cinco años, particularmente las diez más relevantes.

“Es un elemento muy valioso porque permite precisar la calidad de las decisiones. Uno puede emitir una cantidad de sentencias, pero hay que verificar cuántas han sido revocadas o confirmadas por un órgano judicial superior”, dijo la legisladora.

Los diputados evaluarán los atestados de los aspirantes a jueces con una tabla, que corresponderá al 60% de la nota final que se les asignará a cada postulante. El otro 40% corresponderá a la entrevista.

Cada uno de los aspectos que cumplan los candidatos será cuantificado con una nota, como parte de los criterios de evaluación de atestados, que se calificarán así:

-El puntaje por grados, títulos y estudios académicos será de 30

-El de capacitación durante los últimos cinco años valdrá 3 puntos

-Las publicaciones se valorarán con 2 puntos

-La experiencia profesional valdrá 65 puntos

Específicamente, Delgado explicó que tener doctorado o 25 años de experiencia le daría acceso al postulante a los 30 puntos por grados y títulos. Si tiene una maestría o 20 años, los diputados le asignarían hasta 20 puntos.

Los congresistas también aplicarán criterios de evaluación generales, donde analizarán si un aspirante a magistrado tiene competencia, moralidad o idoneidad notorias para el cargo al cual se postula.

El foro sobre Nombramientos pedirá, para tratar de alcanzar una mayor transparencia del proceso, que el Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo y el Departamento de Informática del Congreso abran un expediente digital a cada una de los postulantes a magistrado.

Escrutinio público

Aunque a todos los candidatos que presenten atestados se les recibirán los documentos, solamente los que se presenten en tiempo podrán participar del concurso respectivo. El plazo para los concursos de magistrados de las salas Tercera y Constitucional cerrará el 3 de setiembre, a las 5 p. m.

Una vez definidos las personas que entran a la primera etapa del concurso, se darán a conocer sus nombres públicamente, para abrir un proceso de escrutinio público que permita a la ciudadanía que presente objeciones a las candidaturas, por medios electrónicos, totalmente identificados y con las debidas pruebas.

También, se le informará al candidato respectivo que presente los descargos correspondientes, según los reclamos que presenten en su contra. “No vamos a recibir denuncias anónimas”, dijo Delgado.

La legisladora enfatizó en que la Comisión de Nombramientos funciona a modo de filtro y que ellos solamente emiten una recomendación. De esa forma, defendió que solo se les haga entrevista a los candidatos que superen el 75 en la primera revisión, la de los atestados.

“Nosotros no tomamos la decisión final. Ya la Sala Constitucional ha reiterada que por el hecho de que una persona no esté incorporada en la terna no se le afecta su derecho, pero buscamos alcanzar, con una eventual terna, postulantes que tengan idoneidad técnica para asumir una magistratura en la Corte Suprema”, dijo Delgado.