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Los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público dejaron pendiente de votación, este jueves, una moción para llamar a comparecer a 13 personas en relación con los sobrecostos de los alimentos que el Consejo Nacional de Producción (CNP) les vende a los comedores escolares y cárceles.
La moción, presentada por el diputado Carlos Ricardo Benavides, del Partido Liberación Nacional (PLN), incluye exigir cuentas al expresidente del CNP, Rogis Bermúdez, quien renunció al cargo a principios de este mes.
De aprobarse la próxima semana, los diputados de la Comisión también convocarían a los seis miembros de la Junta Directiva de la entidad pública, así como a su auditor Adolfo Chaves.
También, conversarían sobre el tema el viceministro administrativo del Ministerio de Educación Pública (MEP), Steven González, y el director del Programa de Equidad de esa misma institución, Leonardo Sánchez.
La intención de Benavides es que también comparezca el presidente de la Cámara Nacional de Avicultores, Antonio Echeverría. Esa organización, denunció, en días pasados, que el CNP paga un “sobreprecio elevadísimo” a intermediarios por los huevos para los paquetes de alimentos que se entregan a estudiantes de bajos recursos.
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Según explicaron, en un supermercado o pulpería, el huevo se vende a ¢700 el kilogramo, pero el CNP les paga a sus proveedores ¢1.780 por el paquete de 15 huevos, que es menos de un kilo.
Los congresistas también llamarían a la contralora general, Marta Acosta, y a la gerenta de Fiscalización de la Contraloría General de la República, Jessica Víquez.
El órgano contralor ha denunciado, en múltiples ocasiones, el sobreprecio en algunos productos que el CNP vende a los comedores escolares.
“El objetivo de la moción es averiguar a ciencia cierta las condiciones en las que el CNP está realizando contrataciones, precios que evidentemente están afectando los intereses de personas más humildes, de niños y niñas de todo el país que requieren del servicio de comedores escolares”, afirmó el diputado Carlos Ricardo Benavides.
“Creo que llegó el momento de corregirlo; es evidentemente un abuso por parte del sistema que lo están aprovechando algunos vivillos y hay que pararlo. Esos recursos, que son recursos de todos los costarricenses dirigidos a la población más vulnerable, deben usarse de manera correcta”, agregó.
Pendiente de votación
La presidenta de la Comisión, la diputada Yorleny León, del Partido Liberación Nacional (PLN), tuvo que levantar este jueves la sesión del foro sin que se votara la moción, pues el tiempo de reglamento se había vencido.
Una discusión entre los congresistas Luis Ramón Carranza, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y el liberacionista Carlos Ricardo Benavides impidió que la moción se votara este mismo jueves.
Según el diputado oficialista, existe interés de algunos diputados de cerrar la empresa estatal.
“Claro que tenemos que hablar del CNP. El tema es que muchos quieren cerrarlo y no tienen el valor de decirlo, muchos quieren cerrarlo para vender la Fábrica Nacional de Licores y no quieren decirlo, o regalarla.
“Carlos Ricardo, a usted se le olvida que el presidente de Liberación, uno solo, antes proveía a las instituciones del Estado, ¿o es que queremos volver a eso?”, manifestó Carranza.
Benavides pidió la palabra para responder: “Don Luis Ramón, dígalo sin llorar. Usted va a votar esto porque está prensado. No podría votarlo en contra porque quedaría muy mal ante la ciudadanía y, como usted tiene vergüenza, entonces la va a votar.
“Pero evidentemente usted la interpretó como una amenaza a su gobierno y sacó la politiquería. Y que el PLN y su presidente… a mí me importa un cacahuate quiénes son los proveedores, si son de los partidos políticos, y que salgan aquí atollados, denunciados y exhibidos públicamente”, le respondió Benavides.
Al igual que el diputado Carranza, el exjerarca del CNP, Rogis Bermúdez, forma parte de la campaña electoral del PAC con el precandidato Welmer Ramos.
Bermúdez renunció a su cargo el pasado 8 de julio para aspirar a una diputación en las elecciones de febrero de 2022.
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Antes del enfrascamiento, Benavides solicitó la palabra para pedir los votos de los diputados de la Comisión, expresando su preocupación de que 26 proveedores del CNP obtienen el 45% del presupuesto destinado a alimentos de escuelas, cárceles y policías.
La Nación reportó que cada uno factura más de ¢1.000 millones, cuando la ley obliga a beneficiar a los micro, pequeños y medianos productores.
De la misma manera, la empresa estatal cobra hasta un 12% de comisión por intermediar en compras de alimentos para escuelas, lo que encarece los productos.
Los centros educativos no le pueden comprar al proveedor que les ofrezca el mejor precio por determinado producto, sino que la ley los obliga a comprar al Consejo y este define un precio general para cada fruta, verdura o corte de carne.
En mayo del 2019, los diputados liberacionistas Yorleny León y Wagner Jiménez, presentaron un proyecto de ley para que las juntas de educación, que administran los comedores escolares, no tengan esa obligación.
De esa manera, los comedores escolares podrían decidir si se abastecen de alimentos a través del Consejo o con un proveedor privado.
Antes de que los congresistas entraran en discusión, la Comisión de Ingreso y Gasto logró aprobar otra moción, presentada por el independiente Erick Rodríguez, para llamar a comparecer a la ministra de Educación, Guiselle Cruz, por estos mismos hechos.
