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Con el proyecto de ley para perdonar deudas del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), los diputados condonaron 190 operaciones crediticias de 128 productores de caña, quienes estaban en mora desde antes de la pandemia.
Estas deudas ascienden a los ¢800 millones, de acuerdo con datos de la rectoría del SBD
El monto incluye la cartera que está en cobro administrativo, judicial y las insolutas, es decir, las que se registran como no pagadas.
Las operaciones que se encuentran en cobro administrativo y judicial ascienden a un total de 93 y corresponden a 60 personas.
En tanto, 97 préstamos fueron registrados como insolutos y responden a 68 productores, detalló Miguel Aguiar, director de la rectoría del SBD.
El saldo de las operaciones activas (cobro administrativo y judicial) es de ¢413 millones, tomando en cuenta el crédito principal más intereses corrientes y por mora. En tanto, el saldo de las operaciones insolutas es de ¢391 millones.
La iniciativa de ley no aclara si estas operaciones están incluidas dentro de los 2.705 créditos por ¢6.200 millones, que serían condonados con este proyecto. Sin embargo, la rectoría del Banca para el Desarrollo asegura que sí.
Al igual que con el bloque total de beneficiarios, el SBD se reservó la lista de las personas físicas y jurídicas beneficiadas de la condonación, así como las operaciones de cada uno. Son razones legales, según detalló Aguiar.
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“De todo lo expuesto se concluye que no es posible suministrarle la información exactamente en los términos por usted solicitada; no obstante, se adjunta la siguiente información donde puede tener una idea bastante amplia sobre las operaciones que tendrían la posibilidad de ser condonadas de aprobarse el proyecto de ley”, indicó el SBD.
Morosos antes de pandemia
La propuesta de ley, aprobada por los legisladores y a la espera de la firma del presidente de la República, Carlos Alvarado, perdonó estas deudas, aun con la aclaración de que estaban en mora desde antes de la pandemia.
“Para el caso del Programa Especial de Reactivación Productiva de la Actividad Cañera, serán sujeto de la condonación todas aquellas operaciones de crédito por cuenta riesgo del Fonade (Fondo Nacional para el Desarrollo) que se encuentren con una morosidad igual o mayor a noventa días y en cobro judicial, y que hayan entrado en dicho estado de forma previa a la declaración de emergencia nacional decretado por el Gobierno de la República de Costa Rica, el 16 de marzo de 2020”, señaló el texto final.
El criterio de operación en mora solo se aplicó a los cañeros. Las otras operaciones de crédito no tienen ningún criterio de exclusión.
De este proyecto quedaron por fuera parámetros o requisitos que sugirieron autoridades como la Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio de Planificación y Política Económica.
Además, emitieron un criterio negativo sobre el plan el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), al considerar que alienta conductas oportunistas.
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En un inicio, el Gobierno y el SBD argumentaron que el plan era necesario por la afectación de la pandemia. Sin embargo, luego, la redacción del texto se ajustó al concepto de apoyo a beneficiarios del SBD para la reactivación de unidades productivas en la coyuntura de la situación económica del país.
Datos del Consejo Nacional de Producción (CNP) indican que durante el 2020, por motivo de la pandemia, las compras de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) a la Liga Industrial de la Caña (Laica) se duplicaron de ¢3.000 millones a ¢7.000 millones.
Una investigación realizada por La Nación, sostenida con datos de la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Hacienda, evidenció que al menos 200 beneficiarios de este proyecto de ley mantienen deudas con la seguridad social y Hacienda.
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Además, no todos registran actividades agrícolas, las cuales pretende rescatar esta propuesta de ley.
