En la ley aprobada por los diputados para perdonar ¢6.200 millones de deudas de agricultores afectados por la pandemia, los congresistas le condonaron ¢900 millones a una fundación que está en problemas financieros desde hace una década por un fallido proyecto de cultivo de piña, en la zona norte, en el que incluso le ha rematado propiedades a productores locales.

Se trata de la Fundación Proagroin, ubicada en Cuatro Esquinas de Pital, San Carlos, creada en 1997 y la cual se dedicaba a prestar dinero a personas de la región norte para que sembraran piña y, luego, les compraba la fruta para exportarla.

Con el proyecto de ley aprobado el 16 de febrero por 39 diputados, a Proagroin se le perdonaron 14 créditos que obtuvo de un programa público que se llamó Fondo Nacional para el Desarrollo (Fonade), el cual fue absorbido por el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD). Por eso, los ¢900 millones condonados los pagará el Estado.

El dinero que dio Fonade se utilizó para conceder los préstamos a los agricultores de piña. Sin embargo, aunque algunos de los productores aseguran haber honrado sus deudas, la fundación entró en mora con el Sistema de Banca para el Desarrollo incluso desde antes de la pandemia.

Por ejemplo, el 14 de marzo del 2018, el Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo conoció que Proagroin tenía, para ese momento, operaciones por ¢460 millones en cobro judicial correspondientes a 15 productores, así como ocho fincas adjudicadas.

“El caso de estos productores se remonta a la situación presentada por el incumplimiento de pago por parte de Proagroin”, dice el acta 05-2018.

Incluso, se hicieron gestiones con el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) para tratar de rescatar el proyecto, reseña el acta.

La organización, que actualmente se encuentra inoperativa y acumula reclamos de agricultores, no solo recibirá el perdón de las deudas, sino que también se le limpia el historial crediticio y se le devolverán unas diez propiedades que fueron adjudicadas al SBD en pago de deudas morosas.

No obstante, el proyecto aprobado por los diputados no extiende el beneficio a los agricultores si esas tierras, a su vez, fueron embargadas por la fundación ante el impago de los productores.

Hasta este martes, el proyecto de ley aprobado por los diputados no había sido publicado en La Gaceta, con la firma del mandatario Carlos Alvarado, requisito necesario para convertirse en ley.

Reclamos de productores

La fundación, creada con una donación del Gobierno de Holanda, nació para beneficiar a los agricultores de la zona norte del país.

Sin embargo, dos productores declararon a La Nación que Proagroin los dejó en la quiebra, sin sus fincas o a punto de perderlas.

En cambio, Jorge Sánchez, director ejecutivo de la fundación, sostiene que muchos productores dejaron de pagar sus deudas con Proagroin porque políticos se acercaron a la zona a prometerles que sus deudas serían saldadas con proyectos de ley de condonación de deudas como el aprobado ahora por los diputados. ¿Cuáles políticos se acercaron? No dijo los nombres.

Además, asegura que los deudores no honraron sus deudas porque incumplieron con la calidad del producto o porque algunos usaron el dinero de los préstamos para otros fines.

Erick Araya es un ingeniero agrónomo y docente que, en el 2010, fue contactado por la fundación para plantearle la idea de sembrar piña orgánica en su finca. Según relata, la fundación le prestó ¢11 millones a cambio de comprar el producto y de darle asesoría.

Araya dijo que, luego de sacar su primera cosecha, la fundación no le recibió más producto, por lo que quedó con parte de la deuda sin saldar. Precisó que, con la primera cosecha, pagó ¢5 millones.

Agregó que, por el saldo pendiente, Proagroin remató su finca y se la trasladó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para saldar parte de una deuda que la fundación tenía con la seguridad social.

Entre quienes reclaman a la fundación también está Gerardo Ramírez.

“En el caso mío, yo comencé a venderles piña convencional; iba muy bien el asunto en el 2006, pero ellos comenzaron a buscar mercado para sembrar piña orgánica y comenzaron a decir que sembráramos piña orgánica y nos prestaban la plata. Todo fue un engaño porque ellos prestaban la plata al 17% (tasa de interés).

“Cuando se logró certificar la piña, no quisieron pagar nada de lo que uno sembró. Y, después, el segundo engaño fue que no la pagaron como ellos dijeron. Ellos prestaban la plata y se pagaba con fruta, pero a la hora de recibir la fruta pagaban menos de lo que habían ofrecido. No había cómo hacerle frente a la deuda con eso; ellos tiraron el precio al suelo”, declaró este agricultor de la zona norte.

Del préstamo de ¢23 millones que Ramírez asegura haber recibido de la fundación, pagó ¢19 millones con fruta y ofreció pagar los otros ¢4 millones en efectivo, pero la fundación insistía en que debía cancelar los ¢23 millones “con billetes”.

Más adelante, la fundación intentó rematar su finca y él pagó asistencia legal para evitar perderla, pero después la organización insistió en quitársela y logró adjudicársela.

Con la ayuda de abogados, estas personas aseguran que intentan recuperar sus tierras.

Inicialmente, el abogado y exdiputado José Manuel Echandi les apoyó con los reclamos.

Según Echandi, la fundación remató fincas a los agricultores aun cuando las operaciones de créditos fueron canceladas con producto y efectivo.

Añadió que, en algunos casos, las propiedades fueron rematadas cuando la fundación ya carecía de personería jurídica, por lo que algunos de sus clientes pudieron recuperarlas.

Sin beneficio directo

Aunque los diputados aprobaron darle el beneficio de la condonación a Proagroin, por ser el deudor del Banca para el Desarrollo, el proyecto de ley no estableció ninguna obligación para que la fundación perdone las deudas a los productores.

El director ejecutivo de la fundación, Jorge Sánchez, aseguró que, de recibir la condonación por parte del Estado, la organización podría rebajar las deudas de algunos productores, aunque no necesariamente quedarían saldados todos los créditos.

El director explicó que, para dar los créditos a los productores, la fundación recurrió a otras fuentes de financiamiento además de Fonade, por lo que el perdón de esa fuente no abarca la totalidad del crédito de los productores.

Por ejemplo, si un productor solicitó ¢30 millones para la siembra de piña, es posible que ¢15 millones procedían de la fuente del Fonade y otros ¢15 millones de otra fuente de financiamiento; entonces, solo la mitad del crédito estaría saldada, si es que la fundación así lo decide por “obligación moral”, según Sánchez.

Además, como muchos de los agricultores no pagan todavía el total de las deudas, de acuerdo con el director, la fundación tendría que continuar con los remates de las fincas de los productores morosos.

Sánchez aclaró que la organización actualmente está inoperativa desde que presentó aprietos financieros. La única labor que realiza actualmente es intentar recuperar los préstamos que dio a los productores para pagarlos a las entidades a las que le deben, incluido los préstamos al SBD.