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Los diputados de la Comisión Investigadora del Financiamiento Electoral aprobaron de forma unánime una moción para solicitarle al Ministerio Público, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la Inspección Laboral investigar el presunto impago de cargas sociales a exempleados de la campaña del hoy presidente, Rodrigo Chaves Robles.
La solicitud surgió luego de que ocho personas afirmaron, bajo juramento, haber trabajado para campaña sin contrato laboral, seguro social, horas extra o póliza de riesgos del trabajo, a pesar de que cumplían horario en la sede de Progreso Social Democrático (PPSD), en barrio La California, San José. Solamente tenían un “contrato verbal”, dijeron.
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Además, los legisladores también pidieron investigar una presunta explotación laboral.
Este lunes 12 de junio, en sesión de la comisión, el diputado liberacionista, Francisco Nicolás Alvarado, mostró el historial de liquidaciones de los exempleados del fideicomiso Costa Rica Próspera, el cual habría captado recursos privados y habría pagado gastos de campaña al margen de las cuentas del PPSD.
Varias de esas personas luego a laborar para el oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Según explicó Nicolás, de las ocho personas que acudieron a comparecer el pasado lunes 5 de junio, tres de ellas no aparecen en el historial, por lo tanto, aseguró que no las liquidaron conforme a la ley.
“Al oficial de seguridad lo tenían con un salario de ¢150.000 mensuales, menos que el mínimo, y eso otra vergüenza que debería cargar este fideicomiso. Al encargado del call center (Álvaro Picón Rodríguez) lo tenían con un salario de ¢180.000″, advirtió el legislador.
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Por su parte, el diputado frenteamplista, Ariel Robles Barrantes, remarcó que el fideicomiso estaba en funcionamiento y fue utilizado con funciones “absolutamente partidarias”, como lo fue el centro de llamadas.
De hecho, el exjefe del “centro de contacto de la campaña de Rodrigo Chaves”, según sus propias palabras, reconoció ante la comisión que su labor era llamar a personas y consultarles si querían colaborar con la campaña y ofrecerles ser fiscales de mesa durante las votaciones.
Robles leyó este lunes una de las cartas de despido de los exfuncionarios del fideicomiso. El documento está firmado por Arnoldo André Tinoco, actual canciller de la República.
“Hemos determinado prescindir de sus servicios como agente de servicio al cliente”, dice la carta de despido según leyó el diputado.
Añadió que la destitución se realizó “al no haber logrado cumplir con las expectativas esperadas en el puesto para el que se le contrató”.
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Robles calificó de “vergonzosa” y “explotación laboral” la situación expuesta por los ocho exempleados de la campaña de Chaves, dos de las cuales son madres solteras.
“Evidentemente la carta de despido no tiene ni pies ni cabeza. Ellas trabajaban en un call center haciendo proselitismo político desde una estructura paralela, pero las despiden diciendo que no cumplieron con sus funciones, en una fecha que coincide plenamente con el escándalo del fideicomiso irregular. Parece que fue más bien una estrategia para ocultarlas del ojo público”, sostuvo el frenteamplista.
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La diputada socialcristiana, Vanessa Castro de Paul, explicó que, tras los recientes hallazgos de la comisión, es urgente que se investigue el tema laboral dentro del polémico fideicomiso.
“Sería un pésimo antecedentes si realmente se realizaron violaciones a las leyes laborales. Es un tema que surge colateralmente a la tarea de la comisión, pero queremos que las autoridades correspondientes revisen y ahonden en esto, porque es nuestra responsabilidad señalarlo”, aseveró la legisladora.
Remarcó que la remuneración y las condiciones laborales de estas personas no fueron las óptimas, pero serán el Ministerio de Trabajo y la CCSS quienes determinen lo ocurrido durante la campaña oficialista.
