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La Asamblea Legislativa aprobó este jueves una moción para instar al Poder Ejecutivo a declarar emergencia nacional la crisis de seguridad que atraviesa el país y así poder dotar de mayores recursos económicos a las instituciones encargadas.
A su vez, los legisladores esperan que al entrar en vigor el estado de emergencia se puedan flexibilizar procesos administrativos para la compra de equipos para los cuerpos de seguridad y mejorar la coordinación entre los entes involucrados.
La iniciativa recibió el apoyo unánime de los 44 diputados presentes en el plenario legislativo, incluido el voto afirmativo de 8 de los 10 legisladores que integran la bancada del oficialista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
De la agrupación gobernante, no estuvieron presentes al momento de la votación Paola Nájera y Alexánder Barrantes.
Declaratoria para garantizar recursos
La moción fue impulsada por los diputados que integran la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, quienes explicaron los alcances de la propuesta.
De acuerdo con Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP), la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo habilita la posibilidad de atender emergencias generadas por causas atribuibles a los seres humanos.
Agregó que una declaratoria en este sentido permitiría al Gobierno la flexibilización de los procesos de contratación administrativa para la adquisición de patrullas, materiales, armamento, municiones y otros bienes que son necesarios para el servicio de la seguridad.
“En el Ministerio de Seguridad Pública, por ejemplo, una contratación para cambiarle las botas a los oficiales de Fuerza Pública puede durar más de un año y mientras tanto los oficiales con los dedos por fuera, lastimándose los pies porque las suelas se les arrancan”, señaló.
Un criterio similar expresó Alejandra Larios, subjefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN): “Amerita la declaratoria para que haya menos rigidez presupuestaria, para que las instituciones puedan coordinar entre sí, para que se pueda pedir ayuda a países amigos”.
La diputada aclaró que un estado de emergencia no es un estado de excepción y que, de ninguna manera, un estado de emergencia lleva a un estado de excepción.
Gloria Navas: “Señor presidente, obedezca”
La presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Gloria Navas, hizo un llamado vehemente al mandatario Rodrigo Chaves para que emita la declaratoria con el fin de garantizar “los fondos que necesita la policía costarricense para atajar el flagelo de la delincuencia organizada”.
“¡Señor presidente, escúchenos, señor presidente, obedezca!”, exigió.
El diputado Jorge Rojas, del gobernante PPSD, dijo que la petitoria del Congreso es “de recibo del señor presidente y del Poder Ejecutivo”.
“Es para que podamos entre todos contribuir a desarrollar las ideas y los planes del tema de seguridad. Quisiera ver un poco más allá y que esto no se convierta solamente en un instrumento político, sino que todos podamos contribuir efectivamente con el Ejecutivo”, puntualizó.
En la justificación de la moción, los diputados plantearon que Costa Rica atraviesa la más grave crisis de seguridad de su historia, con cifras récord de homicidios vinculados a la actividad criminal.
A este jueves, se reportaban 687 homicidios, 216 más que los 471 registrados hace un año al 5 de octubre. Con esta tendencia, el OIJ proyecta que el 2023 cerrará con más de 930 homicidios, una cifra nunca vista desde que se tienen registros.
Los congresistas también argumentaron que todos los ciudadanos sufren el flagelo de la inseguridad, que tiene ya un carácter de calamidad pública y que atenta contra los valores más preciados de la sociedad.
Además, advirtieron de que la Fuerza Pública y el OIJ, entidades en la primera línea de combate a la inseguridad, requieren el mayor apoyo del Estado en sus acciones.
Las jefaturas de fracción también convinieron reunirse, el próximo lunes, con la Comisión de Seguridad y Narcotráfico para definir los proyectos relacionados con seguridad que serán tramitados de forma prioritaria.
Finalmente, el Congreso guardó un minuto de silencio como señal de respeto y solidaridad por la muerte de Jeiner Gómez, agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quien fue asesinado el miércoles a quemarropa en una emboscada en Tirrases de Curridabat, mientras trabajaba en una operación encubierta.
Choque entre Gobierno y Fiscalía
La muerte del agente judicial suscitó un enfrentamiento de palabras entre el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, y el fiscal general, Carlo Díaz.
Luego de conocer el asesinato del oficial del OIJ, Díaz reclamó más recursos para atender la creciente criminalidad y se quejó de que, en la reunión a la cual convocó el mandatario el martes, con representantes policiales y del Poder Judicial, “no se le ofreció ni una bicicleta a Fuerza Pública, tampoco al OIJ ni mucho menos a la Fiscalía”.
A eso, el ministro Rodríguez respondió con un video en el cual solicitó al fiscal general que le presente al Gobierno una política de persecución penal que permita determinar la forma como el Ministerio Público va a priorizar las investigaciones que tiene a cargo.
“Esto (la inseguridad) no se soluciona pidiendo un edificio para el OIJ en Limón, sino con una política clara, por parte de la Fiscalía, en las líneas de investigación a su cargo”, indicó Rodríguez.
En respuesta a él, el fiscal general dijo: “Yo no tengo que informarle nada al Poder Ejecutivo, ellos no son mis jefes”.
“El Ministerio Público por ley, es absolutamente independiente. La política de persecución fiscal yo la giro a mis fiscales”, agregó al ser consultado sobre la petición del Gobierno.
Díaz señaló que existe una línea enfocada en la lucha contra el crimen organizado. Sostuvo que con al inicio de su gestión se volvió a instaurar una fiscalía encargada de este tema, la cual se vio fortalecida con la creación de la Jurisdicción Especializada contra la Delincuencia Organizada (JEDO), en mayo.
El presidente Chaves señaló en el video que hizo junto a Rodríguez que este no es momento para buscar recursos que no sean indispensables para atacar el problema que afecta al país. “No podemos hablar de la remodelación de la casa, cuando la cocina se nos está quemando”, recalcó.
Alegó que el país enfrenta una situación fiscal compleja, con una escasez de recursos que obliga a “hacer sacrificios económicos, utilizar los recursos de la manera más eficiente. No debe ser para pagar mandos altos y puestos gerenciales, sino para que las condiciones de los cuerpos policiales mejoren”.
Reclamo de autoridades judiciales
La pérdida del integrante del OIJ desató la frustración de las máximas autoridades judiciales, quienes no esperaron para levantar la voz y reclamar la falta de inversión en seguridad.
Carlo Díaz reclamó que en el Consejo de Seguridad del martes en la Casa Presidencial no hubo más que “buenas intenciones”, aunque aclaró que “el control no lo hemos perdido, todavía estamos a tiempo, pero se necesita inversión”, insistió.
El director del OIJ, Randall Zúñiga, dijo que la violencia se debe parar y criticó que se esté “normalizando” la situación. Hizo un llamado a diputados y a las autoridades a disponer de mayores recursos y pasar de las palabras a las acciones.
“Situaciones como esta tienen que parar, más que discursos, que exista algo más, sino este país se va a malograr, este país tan bello y tan bonito, lo vamos a perder”, advirtió.
“No es posible que por 30 monedas de plata este país se esté vendiendo, se esté entregando a los grupos criminales. Nosotros requerimos de verdad que haya un cambio dentro de las autoridades que tienen el poder de decisión. Porque si no toman las decisiones ellos, los delincuentes ya las están tomando”, agregó en una entrevista divulgada por la Policía Judicial.
Legisladores que votaron la solicitud
Esta es la lista de legisladores que respaldaron la solicitud al Poder Ejecutivo:
Partido Liberación Nacional: Andrea Álvarez, Dinorah Barquero, Carolina Delgado, José Joaquín Hernández, Óscar Izquierdo, Gilberth Jiménez, Alejandra Larios, Luis Fernando Mendoza, Katherine Moreira, Rosaura Méndez, Francisco Nicolás, Paulina Ramírez, Kattia Rivera, Pedro Rojas, Sonia Rojas, Montserrat Ruiz, Geison Valverde, Danny Vargas.
Partido Progreso Social Democrático: Ada Acuña, Waldo Agüero, Luz Mary Alpízar, Pilar Cisneros, Manuel Morales, María Marta Padilla, Jorge Rojas, Daniel Vargas.
Partido Unidad Social Cristiana: Melina Ajoy, Horacio Alvarado, Carlos Felipe García, Alejandro Pacheco, Daniela Rojas.
Partido Nueva República: Fabricio Alvarado, Olga Morera, Gloria Navas, Yonder Salas, David Segura, José Pablo Sibaja.
Frente Amplio: Jonathan Acuña, Rocío Alfaro, Ariel Robles, Priscilla Vindas.
Partido Liberal Progresista: Kattia Cambronero, Gilberto Campos, Luis Diego Vargas.
