EscucharFrancisco Nicolás, diputado de Liberación Nacional (PLN), presentará una moción para investigar la forma en que las instituciones públicas están entregando contratos millonarios al Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), para que concentre y maneje la colocación de la publicidad estatal.
El planteamiento fue respaldado por Ariel Robles, del Frente Amplio. La indagación se haría en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos.
“Yo voy a pedir una investigación para lo que están armando en el Sinart. En el Sinart, están armando una agencia de comunicación gubernamental, al mejor estilo totalitario, concentrando la publicidad del Estado en una organización desde donde, además, van a promover a los medios que les hacen fanfarria y que les aplauden como focas al Gobierno, y van a dejar por fuera a la prensa objetiva mientras no se alineen con ellos”, dijo Nicolás.
El verdiblanco informó sobre su gestión este lunes, durante una audiencia de la Comisión Investigadora de las Finanzas Electorales, luego de que los diputados comenzaron a discutir acerca del manejo de los recursos de la pauta estatal por parte del Poder Ejecutivo.
Nicolás sostuvo que el objetivo de concentrar la gestión de la pauta estatal en el Sinart es premiar, con la compra de espacios publicitarios, a los medios de prensa que hablen bien sobre la gestión del presidente de la República, Rodrigo Chaves.
Afirmó que presentará la moción esta misma semana.
Entidades como el ICE, la JPS, el AyA y el INS otorgaron a dedo millonarias contrataciones a la agencia del Sinart, sin necesidad de concurso público.
‘Piñata de recursos para premiar’
La discusión surgió luego de que Pilar Cisneros, diputada del Gobierno, habló de índices de popularidad del presidente Rodrigo Chaves.
Robles cuestionó el financiamiento de las encuestas y, además, calificó de inaceptable que “aquí se está haciendo una piñata de los recursos públicos para pagar a aquellos medios que no cuestionan, que no discuten”.
El congresista manifestó que el Gobierno “castiga” a medios de comunicación independientemente de su tamaño.
“A los pequeñitos, que tienen una posición más beligerante, a esos los castigan también”, dijo.
Justo después de las intervenciones de Cisneros y Robles, fue Nicolás quien anunció que presentaría la moción para investigar el tema.
ICE y JPS contrataron bajo apuros a Sinart
La Nación dio a conocer que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Junta de Protección Social (JPS) firmaron contratos con el Sinart para que esa institución coloque la publicidad de sus marcas en los medios de comunicación.
Ambas empresas estatales corrieron a aprobar los contratos antes de que, el 1.° de diciembre, entrara a regir la nueva Ley General de Contratación Pública, la cual introdujo controles más estrictos a las contrataciones entre entes públicos.
El 30 de noviembre, el ICE gestó en menos de un día un contrato de ¢180 millones anuales con el Sinart, para un periodo de seis años.
La firma se realizó justo un día antes de que entrara en vigencia la nueva ley, la cual habría obligado al ICE a efectuar un estudio de mercado para justificar la contratación directa de la agencia de publicidad del Sinart y le habría impuesto un límite del 30% a la cantidad de servicios que el Sinart podría subcontratar para cumplir con el contrato.
En tanto, el Sinart habría estado obligado a usar el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), el cual garantiza transparencia en todas las contrataciones de proveedores, por ejemplo, de los medios de comunicación donde se va a pautar la propaganda de Kölbi.
El caso de la Junta de Protección Social (JPS) es similar.
Incluso, esa institución entregó el manejo publicitario a Sinart en contra de un criterio ténico. Los análisis señalaban que la contratación de la empresa estatal no le convenía económicamente a la JPS. Sin embargo, la Junta Directiva mantuvo la decisión de otorgar contrato al Sistema Nacional porque tenían instrucciones de “Casa Presidencial” para hacerlo, según consta en las actas.
El presupuesto de la Junta para publicidad en el 2023 es de ¢3.588 millones.
En la sesión del 17 de noviembre, Esmeralda Britton, presidenta ejecutiva de la JPS, afirmó que “lo más importante” es “que no pareciera como que la Junta quiere ir por otro lado diferente a la directriz o la intención del Gobierno de consolidar todo en el Sinart”.
Francisco Nicolás sostuvo que esos acuerdos deben investigarse. “Sabemos la movida que están haciendo y lo vamos a denunciar también. Si creen que nos van a pasear así, no lo van a lograr”, expresó el liberacionista.
AyA justificó compra con estudio de una página
En el caso del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), acordó contratar al Sinart después de que entró a regir la nueva ley.
Entonces, utilizó un estudio de mercado de una página y un párrafo para otorgar un contrato de ¢2.313 millones al Sinart de forma directa y sin concurso, en vez de realizar una licitación pública con agencias de publicidad para obtener la mejor oferta.
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Director de Conavi giró órdenes sobre pauta
Otro caso sobre el manejo de la pauta estatal se presentó en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). Durante la discusión sobre el uso de los recursos públicos de la pauta del Estado, el diputado Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), recordó este precedente.
El director de esa entidad, Mauricio Batalla, interfirió para quitar publicidad a cinco medios y contratar según su propio criterio, en contra de los procesos establecidos en la institución.
El jerarca ordenó detener una serie de compras de espacios publicitarios que se iban a realizar a los medios Ruta Alterna, Sinfonola, Máquina del Tiempo, Guanacaste a la Altura y Periódico Velero.
Estos cinco medios formaban parte de un grupo de 12 empresas de comunicación que el Conavi había seleccionado desde enero para pautar en el 2022, de acuerdo con su proceso institucional.
Sin embargo, Batalla solicitó no ejecutar esas compras de pauta y no usar el saldo presupuestario, “debido a que él divulgaría asuntos importantes correspondientes a contratos de mantenimiento vial”.
El director encargó órdenes de publicación de páginas completas en los periódicos Extra y La República y, luego, “contrató directamente con El Guardián” la realización de los tres videos, según confirmó la propia institución. En este último caso, apuntó la Unidad de Comunicación del Conavi, Batalla firmó tanto la orden de publicación como su respectivo trámite de pago.
