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Los diputados Melvin Núñez y Franggi Nicolás, de Restauración Nacional (PRN) y Liberación Nacional (PLN), respectivamente, pidieron la renuncia de dos jerarcas del gobierno con base en una denuncia anónima que, sin aportar pruebas, les achaca un presunto cobro de sobornos.
Ambos legisladores pidieron la salida de André Garnier, ministro de Enlace con el Sector Privado, y Juan Ramón Rivera, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop).
Para ello, se apoyaron en una publicación de Diario Extra sobre una denuncia presentada ante el Ministerio Público, según la cual, en el poder Ejecutivo, se fraguó una red que cobra sobornos a cambio de otorgar concesiones de obras públicas.
La denuncia a la que hace referencia Diario Extra se presentó en diciembre del 2019, por parte de una persona que no da su nombre.
El denunciante asegura que, en algún momento en el futuro, el Gobierno va a rechazar una propuesta de una empresa de Emiratos Árabes Unidos, de nombre Duabi Ports World, la cual propuso invertir en la modernización del puerto de Caldera.
El anónimo alega que, en lugar de aceptar la oferta emiratí, el Ejecutivo aceptará ampliar el contrato de concesión de Sociedad Portuaria de Caldera SPC S. A., actual concesionaria del muelle.
Como pruebas del supuesto futuro crimen, el anónimo solamente aporta seis enlaces públicos de artículos periodísticos, publicados en distintos medios de comunicación, sobre el interés de Emiratos Árabes en invertir en Puntarenas.
Según el anónimo, la Sociedad Portuaria de Caldera “estaría ofreciendo sobornos por medio del Sr. Juan Ramón Rivera y del Sr. André Garnier Kruse”. Denuncia también al presidente Carlos Alvarado.
Al respecto, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, reprochó lo que calificó como “acusaciones temerarias sobre sobornos”.
“Resulta realmente ingrato que mientras haya tantos trabajando para que las cosas se hagan de la mejor manera, haya otros, dichosamente los menos, tratando de destruir honras ajenas. Esto último no es control ciudadano, es simple mala fe que como tal no es bienvenida”, afirmó Méndez Mata.
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La denuncia fue recibida por la Fiscalía y se tramita en el expediente 19-1207-332-PE, por el delito de cohecho propio.
Diario Extra publicó la denuncia el lunes y, luego, pidió criterio a Núñez y Nicolás. En una nueva publicación, este martes, dicho medio de comunicación cita frases de los legisladores, en las que ambos exigen que los jerarcas Garnier y Rivera dejen sus cargos.
Consultados por La Nación, ambos legisladores reconocieron que no habían visto la denuncia y que desconocían que esta no aportaba pruebas. Tampoco sabían que era anónima.
Al señalársele a Núñez que la denuncia carecía de pruebas, dijo: “Yo pasaré más bien a examinar un poquito más el asunto, y de esto no hay duda que si hay mala información, pues también quedará una lección para todos”.
Este medio le preguntó si no habría sido mejor hacer ese examen antes de pedir las renuncias. El restauracionista respondió: “Bueno, yo dije que deberían separarse del cargo mientras está la investigación que la Fiscalía abrió, ojo, no estoy pidiendo la renuncia de ellos”.
Por su parte, luego de admitir que no había leído la denuncia y que desconocía que era anónima, la diputada Nicolás justificó su posición: “No tiene nada de malo que la Fiscalía actúe investigando hechos que se están poniendo sobre la mesa. Le competerá a la Fiscalía calificar si esa denuncia tiene asidero o no”.
Estas fueron las respuestas de ambos:
En la misma nota de Diario Extra, el legislador liberacionista, Gustavo Viales, afirma que el gobierno le ha dado “muchas largas” al plan de invertir en el puerto de Caldera, pese a que inversionistas internacionales como los de Emiratos Árabes han expresado su interés en el proyecto.
"Yo hago referencia a los proyectos y no a la denuncia. Me parece que el Gobierno los ha demorado, a pesar de que, con el tema del puerto de Caldera, existe un ofrecimiento internacional y no se ha resuelto.
“En cuanto a la ruta 27, el presidente anunció que el ministro de enlace con el sector privado era quien iba a atenderlo. Ambos se han demorado y ahora que sale esta denuncia, me parece que sigue demorando una aclaración en relación con el futuro de ambos proyectos”, dijo Viales.
Mientras, el diputado fabricista Jonathan Prendas anunció una moción para que la comisión legislativa de Control de Ingreso y el Gasto Público investigue a Alvarado, Garnier y Rivera, así como a Ricardo Ospina, gerente de la Sociedad Portuaria de Caldera.
“Todo ciudadano en su derecho puede presentar una denuncia y nosotros como representantes del pueblo que nos eligió debemos velar por que se realicen las investigaciones del caso, en aras de la transparencia y además por un tema de respeto a la democracia que hoy por hoy todos disfrutamos”, dijo Prendas en un mensaje escrito.
