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Diputados de cinco grupos políticos, consultados este lunes por La Nación, coincidieron en que las universidades públicas deben aplicar sanciones más fuertes contra los acosadores sexuales que han sido denunciados por estudiantes.
Pese a que el Semanario Universidad dio a conocer las historias de diez estudiantes el miércoles pasado y nuevos reclamos se dieron a conocer este lunes, el tema no había tenido mayor repercusión en el Congreso hasta este lunes.
Congresistas de las fracciones más grandes de la Asamblea reaccionaron cuando se les pidió una opinión. Se trata de integrantes de Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Acción Ciudadana (PAC) y Restauración Nacional (PRN), así como del bloque de independientes Nueva República.
De acuerdo con Enrique Sánchez, del PAC, las denuncias de las alumnas sobre acoso sexual evidencian un problema que ya era conocido y que, “de alguna forma, la sociedad había optado por no reconocer ni discutir”.
Por eso, en su criterio, la Universidad de Costa Rica (UCR), en particular, debe tomar acciones reales de cero tolerancia contra el acoso y tomar las sanciones correspondientes.
“Un grupo de estudiantes me dijo el otro día que les preocupa que sea más fuerte la sanción contra un estudiante que copie que contra un profesor acusado de acoso sexual. El tema no se ha priorizado lo suficiente”, indicó Sánchez.
Floria Segreda, de Restauración Nacional, y la independiente Ivonne Acuña propusieron, por separado, que se pueda buscar no solo sanciones más duras, sino también que se obligue a los acosadores a llevar cursos donde puedan aprender nuevas formas de trato.
“Los castigos tienen que ser mayores, a ver si la gente aprende, tal vez aumentando las penas, no suspensiones de ocho días, sino también penas alternativas, como algún tipo de curso para que aprendan a no hacer eso”, dijo Segreda.
Acuña agregó que las sanciones deben ser tan duras como sea necesario para hacerle entender a la sociedad que la mujer no debe ser violentada por el simple hecho de ser mujer, en ninguno de los espacios.
“Quiero decirles a las muchachas que yo sí creo en lo que están denunciando. Pueden contar conmigo en lo que necesiten, para darle seguimiento a la denuncia que hicieron”, comentó la fabricista.
La legisladora añadió que los acosadores deberían estar en una especie de curso donde entiendan sobre las nuevas formas de masculinidad y que se pueda lograr un cambio real en el pensamiento.
Por su parte, el liberacionista Roberto Thompson calificó de alarmantes las situaciones descritas por las estudiantes, así como graves, máxime que habrían tenido lugar en “el principal centro de estudios del país”.
“Lo que sorprende es que hayan sido revelados y que no los hayan detectado las autoridades universitarias. Debe haber una revisión de las políticas en relación con estos temas”, declaró el congresista.
Thompson afirmó que se espera una reacción contundente e inmediata de parte de las autoridades de la UCR, y acotó que, si bien existen los mecanismos de defensa para las afectadas, existe total disposición en el Congreso para hacer reformas adicionales si se requieren.
“Muchos de los casos que hemos conocido por la prensa requieren, al parecer, incluso de denuncia ante la Fiscalía General de la República. Estos hechos deben ser investigados y llevados hasta sus últimas consecuencia”, informó.
El socialcristiano Pablo Abarca expresó la esperanza de que las denuncias no se queden solo en eso, sino que se hagan investigaciones a fondo y se puedan sentar precedentes importantes contra los acosadores.
“Es sabido que por muchos años se han insinuado cosas, pero no se han concretado. Me parece importante que se hayan concretado las denuncias, pero espero que se concluyan”, dijo el rojiazul.
Abarca dijo que hay leyes suficientes, pero hizo un llamado a que haya una reglamentación mucho más fuerte en la UCR y que exista la tutela de las denunciantes.
“Si es necesario modificar la ley, que se nos haga saber, pero que nazca desde la institución”, dijo el congresista.
