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Los diputados de oposición denunciaron que el gobierno quiere mantener abierta la posibilidad de que los bolsillos de los costarricenses asuman los costos de eventuales problemas financieros de los bancos públicos.
Así calificaron la decisión de Zapote de excluir a los bancos Nacional (BN) y de Costa Rica (BCR) de la obligación de aportar recursos económicos para crear un fondo de garantía a los depósitos bancarios, dentro de un proyecto de ley requerido para el ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La crítica la vertieron el fabricista Jonathan Prendas, el independiente Erick Rodríguez, el socialcristiano Erwen Masís y los liberacionistas Ana Lucía Delgado y Silvia Hernández.
Los cinco legisladores son integrantes de la comisión especial que estudia los proyectos requeridos para ingresar a la OCDE.
Ellos coinciden en que al día de hoy, a través de la garantía ilimitada que tiene la banca pública por mandato de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, una eventual crisis en un banco público sería pagada a través de más impuestos o endeudamiento público.
Esto ocurriría debido a que esa garantía ilimitada carece de contenido económico.
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“Si en este momento algún banco tiene algún problema o alguna corrida bancaria (retiro masivo de depósitos), entra a correr la garantía del Estado, que no es más que un problema, porque terminamos pagando entre todos la crisis de ese banco”, expuso Prendas, presidente de esa comisión.
Prendas, Rodríguez y Masís citaron el caso del cierre del Banco Anglo en 1994. Para afrontar la crisis, el gobierno debió pedir prestado al Banco Central ¢24.000 millones, equivalentes al 3,5% del producto interno bruto de ese año.
Ese endeudamiento repercutió en una mayor presión fiscal a los contribuyentes y en mayor inflación, según el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero.
La OCDE le pide al país contar con un fondo de garantía de depósito que incluya a bancos públicos y privados, según el estudio económico de ese órgano sobre Costa Rica.
El fondo se nutriría inicialmente del 2% del encaje mínimo legal de los bancos, así como del 0,15% de los depósitos garantizados de cada entidad bancaria.
Sin embargo, un proyecto de ley elaborado por el gobierno incumple con ese requisito al excluir al BN y al BCR del aporte a ese fondo. El Ejecutivo alega que la banca estatal ya goza de una garantía ilimitada establecido por ley.
Otro proyecto, respaldado por 31 diputados, incluye a la banca estatal en la creación del seguro cubriría hasta un monto de ¢6 millones por cada depósito de los ahorrantes.
El legislador Rodríguez explicó que ese seguro serviría para evitar riesgo al sistema financiero nacional.
“Si un banco tiene problema, ese seguro de depósito serviría para salvar a ese banco y que el resto de bancos no se contagie por una corrida bancaria generada por temores”, expuso el independiente.
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Por su parte, la liberacionista Hernández aclaró que, si la banca pública participa del fondo que cubriría al 96% de los depositantes, la garantía ilimitada del Estado siempre se mantendría.
No obstante, Prendas y Rodríguez explicaron que esa garantía estatal funcionaría en caso de que sea necesario una vez que se agoten los recursos del fondo.
“Con el seguro de depósito se aplacaría mucho el problema y al país no le va a doler tanto financiar un garantía mediante impuestos o préstamos”, añadió Prendas.
Hernández explicó que el fondo de garantía entra a funcionar a los 10 días hábiles desde que corre el plazo, mientras que la garantía ilimitada requiere de un proceso judicial de quiebra para hacerse efectiva.
El diputado Masís recordó que la OCDE exige la inclusión de todo el sistema bancario nacional en el proyecto de ley, tanto entidades públicas como privadas, para mejorar las condiciones de competencia.
Añadió que en esta discusión está en juego el cumplimiento o no de los requisitos exigidos por la OCDE para el ingreso del país.
Ana Lucía Delgado dijo que el gobierno sacó del proceso de negociación con la OCDE a la parte técnica, que recae en el Banco Central, y la sustituye por la parte política representada por el ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora.
Este último forma parte de las negociaciones en las que el gobierno intenta convencer al organismo de excluir a la banca pública del proyecto de ley.
“Es un problema interno e ideológico del Gobierno”, afirmó Delgado, opinión que comparten Prendas, Rodríguez y Masís.
Morales y la ministra de Planificación, Pilar Garrido, comparecieron la noche de este miércoles ante la comisión especial del Congreso.
El titular de la presidencia reiteró el derecho del gobierno de abrir un diálogo con la OCDE y con los legisladores con la finalidad de discutir la posición del Ejecutivo, pero aclaró que el espacio se abre sin detrimento del proceso de inclusión de Costa Rica a ese organismo.
En la misma sesión, Morales reiteró que la intención del gobierno es proteger a los ahorrantes. Añadió que la posición del Ejecutivo también busca proteger y fortalecer al sistema bancario publico, debido a su importancia para el desarrollo del país.
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El ministro asumió el compromiso de que el gobierno convocará ambos proyectos, tanto el presentado por los legisladores como el del Ejecutivo, durante el periodo de sesiones extraordinarias que inicia en diciembre.
Morales añadió que el Ejecutivo apuesta a tener una ley a más tardar al 14 de febrero próximo, la fecha límite establecida por la Organización, con el resultado que políticamente la Asamblea Legislativa decida.
Por su parte, Garrido expresó lo siguiente: “Sí, lo que queremos es un proyecto de ley que cumpla con esta recomendación (OCDE), pero lo que queremos es que pueda proteger a los ahorrantes, que pueda continuar garantizando que exista un sistema financiero robusto y que también no se convierta en un pasivo contingente".
No obstante, la ministra instó a los diputados a reflexionar si con la inclusión de los bancos públicos en la creación del seguro de depósitos se nivela la competencia con los privados.
“Se habla que hay que nivelar la cancha mucho en las empresas de Estado. Comento que esto pasa por otro lugar y no solo seguro de depósito, pasa por preguntarse si la cancha está nivelada hacia la banca pública y en qué sentido porque ahí tenemos cargas parafiscales, contratación administrativa, sucursales en otros lugares y otros aspectos como no permisividad de poder colocar con otras entidades financieras”, expuso Garrido.
Al respecto, la diputada Hernández citó al presidente del Banco Central, quien el pasado lunes dijo en la misma comisión que “más allá de que (la competencia) esté nivelada o desnivelada, el problema es que está muy distorsionada".
“Hay distorsiones que afectan a los bancos del Estado como distorsiones que afectan a los bancos privados. La OCDE lo que busca es que se disminuya y no que se profundicen estas distorsiones”, expuso en ese momento Cubero.
“Aquí nadie está negando que haya una distorsión o no. ¿Si se busca es beneficiar a los usuarios?, por supuesto que sí. ¿Para qué iniciamos un proceso de adhesión si no son buenas prácticas en pro del ciudadano, en pro de los costarricenses?”, cuestionó la liberacionista.
