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La Comisión de Asuntos Hacendarios frenó este miércoles una transferencia que el gobierno haría al banco de desarrollo de América Latina (CAF) por ¢69.000 millones, para inscribir a Costa Rica como miembro pleno de dicha entidad financiera.
Lo hicieron al dictaminar, con el voto unánime de diez legisladores, incluidos dos del PAC, el proyecto de ley que contiene el cuarto presupuesto extraordinario y la quinta modificación al presupuesto general del 2019, que el Poder Ejecutivo tramita en el Congreso. En este segundo apartado, se contempla el freno a esa operación.
Al bloquear dicha transferencia, los legisladores ponen en riesgo el crédito por $500 millones suscrito a finales de mayo entre Hacienda y CAF y que serviría para financiar deuda interna.
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El riesgo radica en que la inscripción (capitalización) es requisito para obtener el desembolso del empréstito, previa aprobación del Congreso, según el viceministro de Ingresos, Nogui Acosta.
“La aprobación del préstamo puede ser previo al desembolso, pero la capitalización es requisito para el mismo”, explicó Acosta.
El empréstito, suscrito entre Hacienda y CAF el pasado 24 de mayo, establece un plazo de 18 años, con dos años de gracia. Servirá para pagar intereses de la deuda y bonos de deuda con vencimiento para los próximos meses.
De concretarse, el país se ahorrará casi ¢11.500 millones ($20 millones) anuales por la reducción en el pago de los intereses de la deuda pública, al pasar de una tasa del 8% que se pagaría en el mercado interno a una del 4% con ese banco.
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“La capitalización nos da derecho a éste y a futuros préstamos de la CAF. Por ello era importante hacerlo ahora”, lamentó el viceministro sobre la posible afectación al empréstito.
Acosta aclaró que la operación puede proponerse en otra oportunidad, en otro trámite en la Asamblea Legislativa de presupuesto extraordinario.
Sin embargo, aseguró, esto implica empezar un nuevo proceso.
Dictaminaron el proyecto que contiene el freno a la capitalización los diputados Ana Lucía Delgado, Wagner Jiménez y Gustavo Viales, del Partido Liberación Nacional (PLN); Rodolfo Peña y Pedro Muñoz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); y Welmer Ramos y Laura Guido, del Partido Acción Ciudadana (PAC).
También lo respaldaron Eduardo Cruickshank, del Partido Restauración Nacional (PRN); Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC); y Jonathan Prendas, del bloque Nueva República.
Aunque los diputados el PAC aprobaron al dictamen, minutos antes habían votado en contra de la moción de texto sustitutivo que excluyó la transferencia, así como otras por ¢307 millones que estaban dirigidas al gasto presupuestario de la Presidencia y otros ministerios y que ahora fueron redireccionadas para amortizar deuda.
En total, la Comisión aprobó ¢14.058 millones en el presupuesto extraordinario y ¢2.429 millones en transferencias que modifican el actual presupuesto general de la República.
La diputada Ana Lucía Delgado, presidenta de la Comisión, explicó que no se autorizó la capitalización del préstamo de CAF, porque se optó por tramitar primero el préstamo por $500 millones. “Los otros ¢307 millones no se avalaron por la ausencia de justificación”, añadió la verdiblanca.
Por su parte, el diputado Muñoz dejó claro que las reducciones aprobadas se deben a la molestia de su fracción por el acuerdo suscrito entre el gobierno, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y los sindicatos de salud que dejó intacto el pago de pluses a los 57.000 funcionarios de la seguridad social.
“No vamos a permitir que el gobierno se endeude si no hay un compromiso para la reducción del gasto. Estamos muy molestos en la fracción del PUSC con el acuerdo espurio suscrito entre la CCSS, el ministro de la Presidencia (Víctor Morales) y el ministro de Trabajo (Steven Núñez) con ciertos sindicatos. El Poder Ejecutivo pierde el caudal de confianza que le habíamos dado”, fustigó Muñoz.
En similares términos se manifestó Prendas, mientras que Viales reprochó que el Congreso ha hecho su parte aprobando presupuestos y reformas estructurales para el país, mientras que el gobierno, asegura, no ha hecho lo que le corresponde con contener el crecimiento del gasto.
Viales aclara que no está en contra de que se usen los créditos internacionales para refinanciar deuda interna. A lo que se opone es a que Hacienda use esos dineros para gastos corrientes.
En su criterio, Hacienda ya tiene presupuestado para este año el pago de deuda interna, por lo cual, los préstamos internacionales los estaría usando para financiar gasto.
En tanto, Ramos lamentó la actitud de sus colegas de oposición. Explicó que el país no solo está accediendo a un crédito en condiciones blandas, sino a apoyo técnico.
“Los préstamos por eurobonos y la CAF no son para aumentar más el gasto, es para mejorar fuentes de financiamiento con tasas muchos más bajas y en condiciones mucho más amplias. Hay que tenerlo bien claro, no es beneficiar al gobierno, si no ver todos juntos como beneficiamos al país, a la patria, al Estado”, señaló Ramos.
