EscucharLos diputados postergaron la votación de la convocatoria a referéndum, con el objetivo de tener un periodo para estudiar a fondo la “ley jaguar”, iniciativa con la que el Gobierno pretende debilitar la fiscalización de la Contraloría General de la República (CGR) sobre las contrataciones públicas.
Este lunes, 45 legisladores aprobaron una moción de orden para aplazar la votación hasta el lunes 24 de junio. Eso significa que el tema se podrá discutir el martes 25 de junio, una vez que el panorama sobre los trámites del referéndum estén más claros.
En ese plazo, además, el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, deberá emitir una resolución que defina la ruta que debe seguirse en el Congreso para aprobar el referéndum.
La semana pasada, los jefes de los partidos políticos pidieron a Arias este pronunciamiento y el jerarca parlamentario se comprometió a hacerlo público el próximo jueves. La solicitud surgió debido a la incertidumbre sobre lo que deben hacer los diputados antes de votar el acuerdo de convocatoria a consulta popular.
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El jefe del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo, explicó que analizan cuáles son los procedimientos, pero acotó que por ahora no hay nada concreto.
“La posición de la fracción es que nosotros apoyamos en todo momento un referéndum siempre y cuando no tenga vicios de inconstitucionalidad. Nos parece que quitarle potestades a la Contraloría es muy peligroso, porque eso podría prestarse para actos poco transparentes o de corrupción, y no vamos a promover eso”, dijo el liberacionista.
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El vocero del PLN reconoció que, si la Sala Constitucional dice la “ley jaguar” es inconstitucional, no procede impulsar una consulta que costaría ¢3.400 millones, dinero con el que se podría construir “una gran cantidad de viviendas y una gran cantidad de becas”.
“Si la Sala dice que es inconstitucional, no tiene ningún sentido. Me parece que ningún diputado sería capaz de impulsar una ley que los magistrados ya hayan dicho que es inconstitucional”, dijo el jefe de Liberación.
Por su parte, el vocero del Frente Amplio (FA), Antonio Ortega, insistió en que se debe hacer una consulta al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y a la Sala Constitucional sobre el proyecto que se llevaría a referéndum.
“Esto es necesario para que las diputaciones podamos emitir un voto más informado y más responsable, porque se está hablando de recursos públicos y de un desarrollo o despliegue organizativo del Estado que no se puede tomar a la ligera”, dijo.
El frenteamplista apuntó que su bancada tendrá una reunión con la Comisión Política del FA para ver las diferentes posiciones sobre el referéndum
Ortega indicó que están esperando la resolución de Rodrigo Arias, pues la consideran determinante para emitir un voto responsable y razonado. “Lamentaríamos que no se quieran hacer las consultas”, dijo el jefe del FA, quien considera que es la Presidencia de la Asamblea Legislativa la que debe hacer la consulta constitucional.
En el caso del Partido Liberal Progresista (PLP), Luis Diego Vargas comentó que su fracción conversa con abogados constitucionalistas y enfatizó que el procedimiento debe hacerse sin errores, porque en juego está el dinero de los costarricenses.
José Pablo Sibaja, de Nueva República, informó de que su fracción está totalmente de acuerdo con el referéndum, tal como lo plantea el gobierno de Rodrigo Chaves. “Más allá de las cuestiones de fondo, a la Asamblea solo le toca aprobar o no la realización del referéndum. En cuanto al fondo de las modificaciones a la Contraloría, ideológicamente la propuesta es afín a nuestro partido”, dijo el vocero fabricista.
El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) informó de que la consulta a las bases partidarias ha recibido, en su mayoría, criterios a favor del referéndum. “Esta semana será clave conocer la resolución de la Presidencia legislativa para ver el camino que se tomará”, dijo María Marta Carballo, jefa de la Unidad.
En el plenario, el socialcristiano Leslye Bojorges se declaró totalmente a favor de la propuesta de Rodrigo Chaves y también criticó a la contralora general, Marta Acosta, en los mismos términos en que lo ha hecho Rodrigo Chaves, porque cree que ella ha tenido interpretaciones erróneas sobre el proyecto de Ciudad Gobierno que también dijo apoyar.
