EscucharSiete diputados de la Comisión de Asuntos Económicos consultaron al representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Costa Rica, Francisco Javier Urra, si constituye un problema la intención legislativa de destinar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) el 40% de dos créditos otorgados por esta entidad internacional al país.
Los legisladores aprobaron una moción para que ¢84.000 millones provenientes de tres préstamos internacionales, que suman ¢210.000 millones, se utilicen para abonar la deuda del gobierno con la CCSS.
Dos de esos créditos son del BID, uno es de $250 millones y el otro, de $50 millones. El resto del dinero corresponde a 100 millones de euros facilitados por la Alianza Francesa para el Desarrollo.
LEA MÁS: Agencia Francesa preocupada por posible renuncia de Costa Rica a préstamo
Los diputados enviaron la carta al BID el 1.° de febrero, luego de que el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, anunció que el gobierno está dispuesto a renunciar al financiamiento si los diputados mantienen su decisión. El Poder Ejecutivo propone que se gire a la CCSS un 10%.
En la misiva, los legisladores consultaron a Urra cuál sería el problema de que una parte de los recursos se utilice para el pago de obligaciones que el Estado tiene con la CCSS, considerando que este contrato de préstamo es un apoyo presupuestario de libre uso.
Además, preguntaron si el desembolso de los recursos está condicionado a la ejecución de proyectos específicos.
Los diputados incorporaron al proyecto otra moción para que el gobierno solo pueda acceder al restante 60% de los fondos una vez que haga el abono a la Caja.
Acosta alega que, con esas condiciones, los créditos se vuelven inviables y se perderían recursos necesarios para cubrir el gasto corriente y de inversión del gobierno.
Sofía Guillén, jefa de bancada del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Asuntos Económicos, explicó que las consultas se realizaron debido a la desconfianza en las posturas del ministro Acosta, y a la falta de un informe técnico de Hacienda que justifique la decisión de no asignar los recursos a la Caja Costarricense de Seguro Social.
Por su parte, Monserrat Ruiz, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), aseguró que Hacienda no ha respondido a las consultas sobre el uso de los recursos. Añadió que la idea es saber si el porcentaje que se destinaría a la Caja va en contra del convenio con los acreedores.
En respuesta a estas preocupaciones, el ministro Acosta afirmó a La Nación que su cartera está trabajando en la respuesta correspondiente.
Mientras tanto, Francisco Javier Urra, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Costa Rica, confirmó haber recibido el oficio. “Lo vamos a contestar, estamos analizándolo bien, para dar una respuesta lo más fundada posible, así como ponernos a disposición de las señoras diputadas para cualquier aclaración”, añadió.
Además de Guillén y Ruiz, firman el oficio Kattia Rivera y Katherine Moreira, legisladoras del PLN; Vanessa Castro y María Marta Carballo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); y Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP).
Waldo Agüero, de la bancada oficialista, y Olga Morera, del Partido Nueva República (PNR), no firman la carta. Sin embargo, Guillén y Ruiz aclararon que el día de recolección de firmas no lograron ubicarlos.
