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Diputados de tres partidos políticos procuran eliminar un artículo del proyecto de flexibilización laboral presentado el miércoles por el gobierno, para afrontar la emergencia por el covid-19, por considerar que “le quitaría el sentido a la misma ley”.
Esta es la iniciativa que permitiría que los patronos privados reduzcan temporalmente las jornadas de sus trabajadores hasta en un 50% si sus ingresos caen en un 20%, producto de la pandemia. Una vez terminada la emergencia, las horas laborales y los salarios regresarían al estado original.
No obstante, legisladores y la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) coinciden en considerar perjudicial el artículo siete del texto.
Ese numeral establece que, si el trabajador de una empresa afectada por la pandemia no acepta la reducción de la jornada, entonces el patrono puede pedir la suspensión del contrato laboral.
Sin embargo, si el Ministerio de Trabajo no admite esa suspensión solicitada por el empleador, entonces el colaborador puede dar por terminado su contrato y exigir el pago de prestaciones.
Voceros del PLN, el PUSC y el PNR consideran que esa situación pondría en aprietos a las empresas porque, si los empleados que rechazan esa reducción de jornada son los de mayor antigüedad, las obligaría a destinar buena parte de su liquidez al pago de las liquidaciones en momentos apuros económicos.
Así lo consideran Silvia Hernández, María Inés Solís y Jonathan Prendas, del Partido Liberación Nacional (PLN), Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y bloque independiente Nueva República, respectivamente.
Por eso, confirmaron Solís y Prendas, los diputados eliminarían ese artículo del proyecto de ley, pues el texto es objeto de cambios en este momento.
“Ayer (miércoles) acordamos eliminar el artículo 7. Le quitaba el sentido a la ley”, aseguró la socialcristiana.
Por su parte, la liberacionista se manifestó de acuerdo con eliminar ese numeral, y agregó que los diputados deben asegurarse de que el proyecto logre su objetivo.
“Este es un reto de todos nosotros, en especial del sector público. Hay que incorporar a toda la población y tratar de captar la ayuda del sector privado, pero el rol público en las propuestas y abordaje para esta situación es esencial. El proyecto de jornadas es vital y de respuesta urgente, sin embargo se deben cuidar elementos para que su propósito realmente se cumpla”, indicó Hernández.
‘Necesitamos suspensiones temporales de contratos’
En tanto, Álvaro Sáenz, presidente de Uccaep, comentó que “se trata de buscar un espíritu de colaboración, no de confrontación”, en momentos de emergencia nacional y en un ambiente de contracción económica mundial.
“Los empresarios medianos, pequeños y mixtos no están quitando gente porque quieren; simplemente, es porque no pueden pagarles. ¿Tienen que pagar las prestaciones? ¿De dónde, si precisamente por eso los están quitando?”, expresó.
Según el representante del sector empresarial, actualmente, la ley permite la suspensión total del contrato de trabajo, no la temporal. Es es lo que quieren cambiar.
“Eso es este proyecto: la suspensión parcial de ese contrato de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo en la empresa 20 personas trabajando y tengo que despedir a 10, entonces mejor no despido a esas 10, sino que pongo a las 20 a trabajar medio tiempo y les pago medio tiempo. Así todo el mundo tiene algo para salir adelante”, enfatizó Sáenz.
El presidente de la Uccaep reireró que, durante toda esta semana, los empresarios han realizado gestiones ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para que apruebe el pago de cargas sociales en forma proporcional a la jornada laborada.
Según Sáenz, en este momento es preponderante resguardar la salud de los ciudadanos, la estabilidad económica de las empresas y la seguridad social.
Paola Gutiérrez, abogada laboralista, también coincide en que la reducción temporal de la jornada de trabajo, si cumple los requisitos legales, no debería dejar abierta la posibilidad de que el colaborador se niegue a aceptarla y pretenda el pago de la liquidación.
Lo anterior, explicó, en el entendido de que se trate de una situación excepcional, exclusivamente, para casos de declaratoria de emergencia nacional, como estipula el proyecto de ley.
“La reducción de la jornada sería una medida excepcional, transitoria, con relación directa, inmediata y necesaria a una situación de emergencia. No puede conllevar responsabilidad para el patrono”, detalló la especialista.
El proyecto de ley
El plan 21.854, presentado ayer en la Asamblea por Geannina Dinarte, ministra de Trabajo, permitiría que los patronos privados reduzcan las jornadas de sus trabajadores hasta en un 50% si sus ingresos caen en un 20%.
La reducción de las horas de trabajo podría ser hasta de un 75% en el caso de las empresas cuya baja en los ingresos alcance el 60%.
La disminución se compararía con el mismo mes del año anterior. En el caso de las empresas de reciente fundación, estas deberán demostrar dicha reducción de sus ingresos a partir del promedio de los últimos tres meses previos a la declaratoria de emergencia nacional.
Dicha medida reduciría el salario de los empleados en la misma proporción en que se disminuya su jornada, pero los mantendría vinculados a la empresa y con algún ingreso mientras persista el estado de emergencia por la propagación del covid-19.
