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Con una votación unánime de 48 diputados a favor, la Asamblea Legislativa aprobó este martes, en primer debate, un proyecto de ley que aumenta la zona de prohibición de pesca atunera con cerco. El área restringida pasará de las primeras 12 millas a las 80 millas en la Zona Económica Exclusiva.
La iniciativa modifica la Ley de pesca y acuicultura para aumentar la zona de protección y crear incentivos para los barcos atuneros de mayor capacidad, con tal de que estos provean la industria nacional.
Esa zona de protección será definida con base en estudios técnicos realizados por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), con apoyo técnico de universidades públicas, mediante convenios de cooperación.
Además, el plan obliga al Incopesca a realizar los estudios necesarios para, mediante un fideicomiso, crear una flota atunera nacional “con artes de pesca debidamente calificados y prácticas selectivas que reduzcan las capturas incidentales, en especial la de tiburones, que aproveche los recursos pesqueros nacionales de mayor valor comercial”.
Esa flota deberá tomar en cuenta los efectos del Plan de Acción Internacional de Capacidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
La iniciativa, originalmente presentada por el exdiputado José María Villalta, del Frente Amplio, exige al Poder Ejecutivo nutrir ese fideicomiso con ¢4.000 millones en un periodo de cuatro años, a través de transferencias vía Presupuesto Nacional.
Adicionalmente, la reforma incluye varios párrafos en la Ley de Incopesca para aumentar la obligación estatal de garantizar el desarrollo sostenible de la actividad pesquera.
En cuanto a las licencias, se actualiza el artículo relacionado con su otorgamiento por parte del Instituto, y exige que se tome en cuenta el volumen de la bodega de pescado del barco, los cánones establecidos por los países ribereños para ese tipo de flota, la eslora total, la potencia del motor, el tipo y número de aparejos de pesca, los equipos de navegación, las modalidades de pesca; la zona de pesca y especies por capturar; las necesidades de materia prima para las plantas procesadoras nacionales y las políticas de conservación y preservación del recurso atunero.
La iniciativa aprobada también declara el atún como recurso estratégico para el desarrollo nacional y su obtención por embarcaciones nacionales para el mercado costarricense, su industrialización o exportación fresco o congelado, por embarcaciones extranjeras para su industrialización por plantas de conserva nacional.
Antes de la aprobación del proyecto en primer debate, el plenario atestiguó una discusión sobre cuatro mociones del socialcristiano Carlos Andrés Robles, quien intentó que la reforma del artículo 50 de la Ley de Incopesca no hable solamente de “conservas”, o sea enlatados de atún, sino también de “procesos”.
“Hago un llamado a la reflexión. No nos dieron la oportunidad de discutir por el fondo la moción. Detrás de esto hay una reactivación económica y una generación de empleo”, comentó.
Robles alegó que Puntarenas necesita permisos para mantener los procesos para dar un “encadenamiento de valor a la materia prima”, es decir, otras partes de los pescados.
“Señores, hoy los barcos no descargan en Puntarenas la totalidad y es ahí donde nosotros perdemos la oportunidad de generar riqueza y empleo”, dijo y apuntó que dejar eso por fuera limita la producción.
Los procesos a los que se refería Robles tenían que ver con manipulación y conservación del frío; cambios de forma en el mercado, como fileteado y desvicerado; elaboración de productos mínimamente procesados, como secos, salados, ahumados, rebozados y empanizados, así como las conservas, o transformación en surime, paté y aceite.
El socialcristiano reclamó que el proyecto solo favorece una industria, la conserva del enlatado.
Su posición tuvo apoyo en varios legisladores, sobre todo del Liberal Progresista, pero al final no se impuso y se mantuvo la redacción.
