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Un proyecto de ley permitiría al sector turístico eximirse de pagar el impuesto al valor agregado (IVA) durante un año más, hasta julio del 2021, para recuperarse de la crisis económica provocada por el coronavirus.
Según la reforma fiscal, las empresas de turismo tienen que pagar el IVA a partir de julio de este año, pero la Asamblea podría postergar la fecha.
El proyecto para ello fue presentado por Roberto Thompson, del Partido Liberación Nacional (PLN).
El Poder Ejecutivo lo convocó este viernes para las sesiones extraordinarias; sin embargo, lo retiró horas después, movimiento cuestionado por la Cámara Nacional de Turismo (Canatur).
No obstante, las sesiones extraordinarias del Congreso terminan este 30 de abril y, a partir del 1.° de mayo, los diputados ya no dependerán de las convocatorias del gobierno para manejar la agenda legislativa.
Según la ley vigente, los servicios turísticos deben pagar un 4% durante el segundo año de aplicación de la reforma fiscal, un 8% durante el tercero y la tarifa general del 13% del cuarto año en adelante.
El cumplimiento de estas tarifas escalonadas también quedaría aplazado por un año, según el proyecto de Thompson.
Rubén Acón, presidente de Canatur, criticó la convocatoria y desconvoncatoria hechas este viernes por la Presidencia.
“Esto es incomprensible cuando son conscientes de que el turismo es, en la actualidad, uno de los sectores que más está sufriendo los efectos de la pandemia, por lo que esperamos que reconsideren esa decisión y se convoque en la sesión del próximo lunes”, dijo.
Acón señaló que, de aplicarse el IVA a partir de este año, muchos turistas que aplazaron sus vacaciones por la pandemia cancelarían sus viajes por el aumento de precios.
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“El poder prorrogar la aplicación del IVA en los servicios turísticos para garantizarle el precio a los turistas para una fecha futura, es ya, en sí mismo, una acción concreta dentro de la recuperación y una muestra de interés por parte del Gobierno por rescatar, con el apoyo adecuado, a la industria turística”, apuntó el presidente de la Cámara.
El diputado Thompson afirmó que, antes de la desconvocatoria, este viernes ya habían iniciado las conversaciones para votar el proyecto la otra semana.
“Hubo una solicitud hasta donde entiendo de la señora ministra (de Turismo, Maria Amalia Revelo) para la convocatoria, se convocó hoy y nos extrañó que inmediatamente fuera desconvocado, no conozco las razones”, indicó el liberacionista.
“Ahora esperaremos las explicaciones del Gobierno y esperaremos a ver si el lunes es nuevamente convocado para poder generar ese consenso y votarlo en corto plazo”, añadió.
La ministra de Turismo no respondió a la hora de cierre las consultas de La Nación realizadas por correo electrónico.
Este viernes, el Poder Ejecutivo convocó otras tres iniciativas para atender la crisis del covid-19.
Dos de ellas procuran que los superávits del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) y el Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf) se destinen a las personas afectadas por la emergencia, según la población que atiende cada institución.
Asimismo, se incluyó en la agenda legislativa el proyecto para imponer penas de cárcel a las personas que abandonen adultos mayores, uno de los grupos más afectados por el nuevo coronavirus.
Este texto, que ya fue aprobado en primer debate, crea penas de diez a cien días multa, o de uno a seis meses de prisión, “a quien teniendo la obligación de cuidar abandone a una persona adulta mayor en estado de vulnerabilidad, colocándola en estado de desamparo”.
Si el abandono pone en peligro a la persona afectada, el castigo es de seis meses a tres años de cárcel, y aumenta a seis años si sufre un daño grave.
Si el adulto mayor fallece, la pena alcanzaría hasta diez años de prisión.
