Diputados del PLN y del PUSC tratarán de eliminar la desigualdad en los aportes de dinero que el Estado hace para las pensiones de diversos tipos de funcionarios públicos.

El desequilibrio, argumentan, está en las cotizaciones que el Estado hace en su condición de patrono, pues mientras a algunos funcionarios les aporta el equivalente a un 8,5% del salario, como lo hace el resto del patronos del país, a otros les da hasta un 19,5%.

Yorleny León, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), considera urgente equiparar los aportes en función de la justicia social.

Para la legisladora, la forma de acabar con esas “odiosas inequidades" es crear una contribución estatal estándar para todos los sistemas jubilatorios.

“El Estado aporta muchísimo más en algunos regímenes, cuyos beneficiarios ya, de por sí, tienen recursos económicos importantes, mientras aporta menos en otros regímenes, donde las personas están en desventaja social”.

"A un vendedor de lotería, cuyos recursos son más limitados, le estamos aportando un 1%, pero a un funcionario del Poder Judicial, un 14,36%”, argumentó León.

A los funcionarios judiciales, en realidad, el Poder Judicial les aporta un 16,6%, al tomar en cuenta el 14,36% de aporte patronal para la pensión básica más un 3,25% que se destina a la pensión complementaria del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).

Algo similar ocurre con los funcionarios del Banco Nacional (BN) y del Banco de Costa Rica (BCR). Estos reciben un 18,5% distribuido de la siguiente forma: un 5,25% para la pensión básica, un 3,25% para la pensión del ROP y un 10% para una tercera pensión complementaria.

Las pensiones básicas se costean gracias a un aporte tripartito sobre el salario del trabajador, al cual contribuyen el asalariado, el patrono y el Estado.

Para el caso de los funcionarios públicos, el Estado juega un doble papel, pues también funge como empleador y es, en esta última condición, en donde las instituciones suelen hacer aportes más altos que en la empresa privada.

En el sector privado, el patrono aporta un 5,25% para la pensión básica del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y un 3,25% para la del ROP, mientras que el Estado aporta un 1,41% para la pensión del IVM.

El trabajador, por su parte, aporta un 4% para el IVM y un 1% para el ROP.

En el régimen de Capitalización Colectiva del Magisterio (RCC), el aporte del Estado como patrono también es más alto, pues equivale a un 6,75% del salario de cada empleado.

A su vez, los afiliados al RCC cotizan un porcentaje mayor para su pensión básica, con un 8% del salario, al igual que los judiciales, los cuales cotizan un 13%.

Los aportes del Estado también son muy dispares en los regímenes complementarios, los cuales son sistemas jubilatorios creados en instituciones como un beneficio adicional a la pensión básica y a la pensión del ROP. Es decir, constituyen una tercera pensión.

Ese es el caso del BN y del BCR. También ocurre en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), en donde las entidades aportan un 4,5% y un 5%, respectivamente, para estas terceras pensiones.

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“No hay ningún criterio técnico que nos permita tener certeza de por qué tenemos ese picadillo de aportes. Esos abismos que hay entre aportes hay que empezar a trabajarlos, decir cuál sería el aporte estándar para todos los diferentes regímenes”, sostuvo la diputada verdiblanca.

El diputado socialcristiano Pedro Muñoz había lanzado una propuesta similar y apoya la idea de León, pero va más allá. Él aboga por cerrar los regímenes especiales del Estado, que tienen condiciones más ventajosas, y pasar a todos los trabajadores al IVM.

“Eso va en la línea de lo que yo propuse, así que, conceptualmente, estoy de acuerdo. Me parece, sin embargo, que la unificación de los regímenes en el IVM también es necesaria para fortalecerlo”, afirmó.

Pedro Muñoz agregó que, desde hace medio año, su despacho trabaja en un proyecto para cerrar los regímenes complementarios institucionales. Su intención es presentar el plan en enero.

Según el legislador, un plan en ese sentido debe considerar, mínimo, los siguientes escenarios:

-Cerrar los fondos de una sola vez. Se les da a los pensionados y trabajadores activos la totalidad del dinero que tengan acumulado hasta el momento.

-Liquidar los fondos, pero sin quitarles la pensión a los actuales jubilados. Los trabajadores activos también pueden pensionarse con estos regímenes. Lo que se prohibiría es la entrada de nuevas personas.

-Cerrar los fondos, sin quitarles la pensión a los actuales jubilados. Para los trabajadores activos, quedaría abierta la opción de retirarse con esos regímenes o acceder de una vez, en un solo tracto, al dinero acumulado.

- Cerrar los fondos y que el dinero acumulado en estos pase a fortalecer el ROP de los beneficiarios.

Propuesta del PAC

Un proyecto de ley del actual ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, también toca el tema.

El expediente 21.345 propone que el aporte del Estado a las pensiones del Poder Judicial, en su condición de patrono, pueda bajar anualmente hasta en un 5,5% en función de la sostenibilidad del régimen. La decisión quedaría en manos de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones de esa entidad.

Según León, el propósito de homogenizar los aportes del Estado no va tan encaminado a lograr la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, sino más bien a reforzar un mensaje de igualdad.

“Tiene que ver con equidad, con cuánto el Estado le aporta a cada uno de los regímenes, más allá de si es o no sostenible ese régimen y de si tiene o no tiene liquidez. Es un asunto de justicia social”, enfatiza.

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