Los diputados aprobaron el texto sustitutivo de un proyecto de ley para atenuar los precios de los combustibles. La nueva propuesta reduciría en ¢100 el tributo que se cobra sobre las gasolinas y sobre el diésel.
Además, exoneraría del pago del impuesto a los operadores de transporte público, como buses, taxis y ferry, al igual que el sector agrícola.
El texto obligaría al Gobierno a cubrir el faltante de dinero que estas medidas tendrían sobre la recaudación fiscal, mediante recortes de gasto o acciones compensatoria y fijaría un techo al incremento del impuesto.
El proyecto, discutido este miércoles fue dispensado de trámite y enviado a consulta a varias instituciones. Una vez recibidas las respuestas por parte del Plenario, se continuará el trámite para primer debate.
La rebaja regirá por un periodo de seis meses, pero podrá ser prorrogada por una única vez por seis meses más, donde la Dirección General de Hacienda realizará un análisis de las tarifas para determinar su continuidad.
Además, se establece que en caso de que las revisiones del Índice de Precios del Consumidor (PIC) presenten una reducción en el impuesto, el Poder Ejecutivo podrá ajustar el impuesto a la baja en la misma proporción.
Entre las instituciones a las que se enviará el texto están la Cruz Roja, municipalidades, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Ministerio de Agricultura y Ganadería; Lanamme, Aresep, Recope, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda.
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Erwen Masis, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y proponente del plan, dijo que el conflicto entre Rusia y Ucrania provocó precios desproporcionadas que, para un país dependiente del combustible fósil, como Costa Rica, significa una afectación directa a todo el sector productivo, así como el transporte público y el costo de la vida.
“Es urgente realizar los ajustes que sean necesarios para cuidar el bolsillo de todos los costarricenses. Le debemos un salvavidas al millón de personas que se trasladan de sus hogares al trabajo o al centro de estudios por medio del transporte público; se lo debemos al sector agrícola que ve encarecido sus procesos y en consecuencia sus productos; se lo debemos a todos los que están viendo cómo ya no les alcanza”, aseveró Masis.
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