Difícilmente alguien se opondría a que le rebajen el marchamo y los diputados impulsan un proyecto para reducir en un 50% el impuesto sobre la propiedad de vehículos del 2020, el cual constituye el principal componente del derecho de circulación.

La medida les ahorraría a los propietarios unos ¢85.000 millones entre todos, pero a la larga les podría acarrear problemas.

Así ocurriría porque el proyecto de ley no propone una salida al hueco que se le abriría a las finanzas públicas, en momentos de crisis fiscal.

Para cubrir el faltante, se podría recortar el gasto público en la misma cantidad, en alguno de los rígidos componentes del Presupuesto Nacional. Otra opción es encontrar una fuente alterna de recursos, una labor nada fácil en esta época.

Sin embargo, el proyecto del legislador independiente Dragos Dolanescu no propone ni una ni otra medida.

Usualmente, el 50% de los ingresos provenientes del impuesto a la propiedad de vehículos se destina al mantenimiento de carreteras y el otro 50% a colaborar con el financiamiento de diferentes programas presupuestarios, como educación, seguridad o vivienda.

Dos economistas consultados por La Nación ven problemática una rebaja de esa naturaleza sin haber definido cómo compensarla. ¿Cuál sería el efecto? El Estado tendría que recurrir a más deuda pública para tapar el hueco, la cual conlleva el pago de intereses.

LEA MÁS: Hacienda prevé hueco de ¢80.000 millones si baja a la mitad impuesto a propiedad de vehículos

‘Sería ir por el camino contrario’

Los economistas Olman Segura y Alberto Franco consideran que este es un mal momento para una iniciativa de ese tipo, debido a que el Ministerio de Hacienda prevé que el déficit fiscal de Costa Rica cierre, este 2020, en el 9,3% del producto interno bruto (PIB), cuatro puntos porcentuales más respecto al 5,3% previsto a inicios de año.

Segura señaló tres elementos negativos en relación con la propuesta.

“Uno es que estaríamos caminando en el camino contrario a lo que que buscan el Gobierno y la Asamblea Legislativa, que es aumentar los ingresos del fisco para reducir el déficit fiscal. Dos, se afectaría el mantenimiento vial y a las instituciones a las que va ese dinero. Tres, se dejaría de emplear a quienes trabajarían en ese mantenimiento vial y, por lo tanto, se afectaría la dinámica de la economía y los empleos”, comentó el especialista.

Segura estimó que la medida podría tener un efecto inverso y, en lugar de aliviar al país, generaría más presión sobre las finanzas estatales.

“Probablemente, lo que va a suceder es que se aumente el déficit fiscal, se va a tener que recurrir a deuda, ya sea interna o externa, a altas tasas de interés, como las que estamos atendiendo ahora”, explicó.

“Cualquier reducción de ingresos al Estado costarricense en este momento es un problema enorme porque, más bien, el Gobierno está buscando cómo hace para llegar a un arreglo con el FMI (Fondo Monetario Internacional) o buscar nuevos impuestos y nuevos ingresos. O sea, que estaríamos yendo por el camino contrario al que se debería ir de manera responsable”, afianzó.

Por su parte, Alberto Franco consideró que recortar ingresos a Hacienda sería “una mala señal” para el FMI, organismo ante el cual el país gestiona un préstamos por $1.750 millones.

“Sería una mala señal para los agentes económicos en general, en el sentido de que los tomadores de decisiones continúan sin ver claramente la realidad financiera en la que se encuentra el país”.

“Prácticamente, lo que dice es ‘aun y cuando están mal financieramente, están dispuestos a continuar gastando a punta de mayor deuda’”, puntualizó.

El ministro de Hacienda, Elian Villegas, cuestionó la propuesta de los legisladores, pues no establece una “fuente alterna de recursos que permita cubrir el faltante que implicaría dicha reducción”.

Así lo comunicó el ministro en un oficio enviado la semana anterior al presidente de la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso, el liberacionista Roberto Thompson.

LEA MÁS: Rodolfo Méndez advierte: Rebaja en marchamo condenaría a Conavi a cierre técnico

Así se compone el marchamo

El impuesto sobre la propiedad de vehículos representa el 64% del monto total que pagan los propietarios de automotores en el marchamo.

Otros componentes de ese permiso de circulación son el seguro obligatorio automotor (SOA), con un de 22%; el aporte al Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), con un 5,7%, y el impuesto al SOA y el timbre de fauna y scouts, con un 4,7%.

Además, se incluyen los aportes del 1,7% al Consejo de Transporte Público (CTP), del 1,42% para parquímetros y del 0,46% para la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep).

A diciembre del 2019, el INS reportó que 1,5 millones de dueños de vehículos estaban obligados a pagar el marchamo.

LEA MÁS: Diputados desisten de bajar seguro obligatorio de motos