Diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC), Unidad Social Cristiana (PUSC), Nueva República (PNR) y una legisladora independiente rechazaron 17 mociones de fondo que pedían excluir a más instituciones del proyecto de reforma al empleo público.

Las iniciativas habían sido propuestas por separado por el frenteamplista José María Villalta, la socialcristana Aracelly Salas; Paola Vega y Welmer Ramos, del PAC; y el independiente Dragos Dolanescu. Pedían excluir a las universidades públicas, las municipalidades, la CCSS y el Poder Judicial.

Sin embargo, el debate en la comisión legislativa de Gobierno y Administración se centró en la exclusión de las instituciones de educación superior. Por su lado, Villalta, Salas y Vega alegaron que la reforma violentaría la autonomía universitaria a sujetarla a las rectorías de Mideplán y el Servicio Civil.

Ellos interpretan que la Constitución Política les otorga autonomía total a estas casas de enseñanza y que mantenerlas dentro del texto lesionaría ese principio.

Como contraparte, los liberacionistas Luis Fernando Chacón y David Gourzong defendieron la idea de mantenerlas en la redacción, al tiempo que señalaron la necesidad de ordenar las distorsiones salariales en esas instituciones y defendieron el espíritu de un Estado único.

“Jamás fue el espíritu del constituyente que las instituciones se convirtieran en un fin en sí mismo, que no es culpa de las instituciones, sino por la corrupción de hombres y mujeres que han pasado por esas instituciones y dejaron de ver por la responsabilidad de trabajar en un Estado costarricense sustentado en los impuestos de todos los costarricenses”, aseveró Chacón, en referencia a las disparidades salariales de las universidades públicas.

Las propuestas fueron rechazadas por los liberacionistas Chacón, Gourzong y Jorge Fonseca, así como por Víctor Morales Mora, del PAC; Jonathan Prendas, del bloque fabricista; el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca y la independiente Zoila Rosa Volio.

A favor de esas exclusiones votaron la socialcristiana Aracelly Salas y el independiente Dragos Dolanescu. Villalta no es parte de la comisión.

Choque entre diputados del PAC

En la sesión, también hubo un intercambio de palabras entre los diputados del PAC, Víctor Morales Mora y Paola Vega.

La legisladora Vega dijo: “Yo no sé cómo la Comisión de Gobierno y Administración piensa resolver la autonomía universitaria, porque hicieron un un compromiso público con los rectores; les dijeron que iban a salvaguardar la autonomía universitaria, pero no lo veo, no hay debate, solamente rechazo y rechazo de mociones”.

Entonces, el presidente de la comisión, Morales Mora, le respondió: “Lo que sucede, diputada, es que en relación con el artículo que nos ocupa, el artículo 3, que tiene que ver con el ámbito de aplicación (del proyecto de ley), sí hay una definición política clara en esta comisión y en esta Asamblea Legislativa, hasta donde yo entiendo. Y esa posición, además, coincide con la posición de la Presidencia de la República: es que las universidades públicas quedan dentro del ámbito de aplicación de esta ley de empleo público”.

“Y así con esta claridad, además quiero decir que esta es la posición compartida de la gran mayoría de la fracción del Partido Acción Ciudadana. Personalmente, se los expresé, en una reunión reciente, a los señores rectores. Mi interpretación es que esto es lo que va a pasar en la Asamblea con la mayoría de diputados, sin que estemos pensando en violentar la autonomía, sin que estemos pensando en que se va a ir a atentar contra la libertad de cátedra, sin estar pensando que se va a ir a nombrar a un profesor, sin que se esté pensando en eso”.

“Se está pensando en la necesidad, como algunos rectores lo han reconocido en estos días, de ordenar estos temas de empleo público. En ese espíritu, yo mismo me permití plantear que era conveniente que las mismas universidades, incluso, nos generaran algunas mociones que, partiendo de que quedaban dentro de empleo público, pudieran ayudar a aclarar cosas.

“Bueno, las autoridades universitarias distribuyeron en esta Asamblea un grupo de alrededor de 20 mociones a un grupo importante de diputados; por eso hay aquí muchísimas mociones repetidas en relación con el tema de las universidades. O sea, en el tema de que, quedando incluidas en el proyecto de empleo público, qué aspectos hay que aclarar, muchas (mociones) tiene que ver con aspectos que usted acaba de decir que están más adelante.

“Realmente no había querido intervenir de esta manera, lo hago porque usted ha sido muy amplia y muy extensiva en el sentido de colocar la violación de la autonomía universitaria cuando la lectura que estamos haciendo nosotros es que no es así.

“Superado el artículo 3, hay un grupo importante de mociones. Con algunas de ellas hemos construido un consenso que ayuda a aclarar y algunas veces a corregir alguna situación que no es la que queremos, para que las universidades sigan funcionando en el ejercicio que la constitución le reconoce”.

Paola Vega le replicó: “En el mínimo ánimo respetuoso le pediría no hablar de una mayoría de la fracción si este tema no ha sido sometido a votación. Podrá sorprenderse de camino de ver que haya otros diputados que estén en la misma tesis de esta diputada”.

En tanto, Luis Fernando Chacón, jefe de fracción del PLN, dijo que su partido “es respetuoso absoluto de la autonomía universitaria”.

“Sí creemos en la autonomía universitaria; sí creemos en la libertad de cátedra, sí creemos en la responsabilidad de las finanzas públicas de las universidades y no nos vamos a bajar del caballo. Sí creemos en la investigación y en los planes de trabajo, en un sistema de becas justo donde una mayor cantidad de costarricense puedan acceder a las universidades”, afirmó Chacón.

Por su parte, en el plenario legislativo, su compañera Karine Niño se refirió a un tuit publicado por José María Villalta, del Frente Amplio, quien dijo que a Liberación no le importa ni la corrupción ni las gollerías, sino que le molesta la autonomía universitaria y no poder controlar los nombramientos en los centros de educación superior.

“Hacer esos comentarios lo que hace es enredar a la población. A usted y a muchos les consta que varios compañeros de esta fracción hemos venido defendiendo y levantando la voz por la autonomía universitaria. Hemos sido consecuentes en lo que creemos y con nuestra ideología partidaria”, alegó la congresista.

Niño dijo que ella no busca excluir a las universidades, ni proteger salarios, sino garantizar que estas funcionen y puedan evaluar a sus profesores.

“No entiendo cómo pretenden tergiversar nuestra posición sobre esas defensa. Defender la autonomía es para buscar que no haya interferencia política en la educación. ¿Será que ese es el objetivo de algunos? El mío no es ese”, enfatizó.

Este martes, los diputados de la comisión apenas votaron 38 mociones durante las primeras cinco horas de debate, de las cuales se rechazaron 32 y se aprobaron seis. En fila, quedan 436 mociones por discutir.

La lentitud obedece a la defensa que han hecho de las iniciativas principalmente Villalta y Vega, quienes han insistido en la autonomía de las universidades, aunque reconocieron que existen distorsiones salariales.

Rechazan incluir a empresas en competencia

Los diputados también rechazaron una moción del Partido Restauración Nacional (PRN) que pedía incluir a las empresas públicas en competencia, las cuales quedaron fuera del texto durante el primer día de revisión, a finales de enero.

Posterior a la votación, la bancada restauracionista lamentó esa decisión.

“Siempre luchamos por mantener a todas las instituciones incluidas en la Ley de empleo público, pues de no hacerlo se favorece la dispersión y la desigualdad salarial entre trabajadores que realizan las mismas funciones, al tiempo que se pierde la oportunidad histórica de poner orden a las relaciones entre el Estado y sus trabajadores”, indicó Carlos Avendaño, diputado del PRN.

En cuanto a las aprobadas, una propuesta ajustó la redacción del ámbito de cobertura de la ley en el Gobierno Central y la liga con los principios de constitucionalidad.

Los diputados también aprobaron la moción 17 que excluía a las empresas municipales del proyecto. Entre estas entidades destaca, por ejemplo, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

Sin embargo, en la moción 18, al aprobarla, las volvieron a incorporar debido a que la iniciativa anterior tenía una tachadura a mano que, precisamente, pretendía borrar a esas empresas del texto.

Villalta cuestionó que se mantengan en el texto a las universidades y otras instituciones autónomas y, al mismo tiempo, se quiera sacar a las empresas municipales, las cuales no están en competencia.