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En el trámite de las mociones al Presupuesto del 2021, el Congreso rechazó la creación de 2.000 plazas de cocineras escolares en el Ministerio de Educación Pública (MEP), que el Gobierno se comprometió a abrir en la convención colectiva firmada con los sindicatos de esa institución.
El plenario primero aprobó la moción 58, del diputado Villalta, la cual le habría dado casi ¢7.000 millones al MEP para abrir las plazas.
La idea original de la administración de Carlos Alvarado y de los sindicatos era crear estas plazas en el MEP, en lugar de traspasar recursos a las juntas de educación para que estas las contraten por el sector privado, como ocurre actualmente.
Mediante una megamoción aprobada en la mañana, los diputados eliminaron esa partida del MEP y devolvieron los recursos a las juntas de educación. Durante el proceso de discusión del Presupuesto en la Comisión de Hacendarios, el Ministerio no pudo justificar la creación de estas plazas, según había dicho la diputada liberacionista Ana Lucía Delgado.
El MEP hizo un estudio en el que alegó que tendría ahorros por casi ¢6.780 millones entre el 2021 y el 2030 con la apertura de las plazas, en comparación con la contratación por parte de las juntas de educación.
No obstante, un análisis elaborado por este medio mostró que, para el periodo 2021-2041, con las mismas premisas que utilizó el Ministerio de Educación, la institución pública perderá cada vez más dinero conforme pasa el tiempo.
Para el año 2041, el MEP habrá acumulado una pérdida de al menos ¢2.900 millones por haber abierto estas plazas en vez de haber continuado con el modelo de contratación mediante las juntas de educación.
En la tarde, la moción de Villalta para reincorporar las plazas recibió 25 votos a favor y 18 en contra; sin embargo, los liberacionistas propusieron una revisión de esa moción y, al ganar la revisión, revirtieron la votación original, que quedó 26 congresistas en contra y 19 a favor.
En la primera discusión sobre las plazas para las cocineras, Paola Valladares, del PLN, dijo que se han dicho muchas mentiras sobre esa discusión y enfatizó que nada asegura que las cocineras actuales, que trabajan para las juntas de educación, puedan ser contratadas por el Estado.
Las plazas tendrían que salir a concurso.
Valladares alegó que no es seguro ni siquiera que las contraten, como sí sucede con las juntas de educación, que hoy pueden nombrarlas directamente. De hecho, ella enfatizó que la moción 74 de los recortes asegura los ¢8.500 millones para que se les pueda pagar.
Por su parte el frenteamplista argumentó: “Estas trabajadoras reciben salarios de lo más bajo de la administración pública. Están aquí afuera muchas de ellas, pidieron todo el día que se les escuche, ingresar a las barras para que les vean sus caras y mensajes”.
Criticó el diputado que las barras aún no se estrenen para que asista público y en el plenario “no hay pandemia que cuente y se sesione por muchas horas”.
“Este tema se ha manejado de forma equivocada, politiquera, como si fueran a trabajar una millonada y lo han combinado con otros abusos. Son de las trabajadoras más humildes, suyos salarios no llegan a ¢300.000″, dijo.
Alegó que muchas veces las transferencias del MEP a las trabajadores no llegan y las cocineras tienen que seguir trabajando sin seguro y aceptaron incluso entrar a ganar un salario menor.
“Se ha combatido como si fuera un exceso o abuso, pese a que son las personas más vulnerables”, indicó.
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“Qué gran abuso darles estabilidad laboral y social a estas personas trabajadoras”, apuntó Villalta.
Al frenteamplista lo secundaron las oficialistas Paola Vega y Nielsen Pérez del Partido Acción Ciudadana (PAC), el cual mantuvo la misma línea de discurso que los sindicatos del MEP.
Vega aseguró que esa decisión no presentaba ningún impacto en el Presupuesto y que permitiría a las cocineras y sus hijos dormir en paz. “Si esto fuera una goyería, los pluses de los que se han abusado, yo estaría de acuerdo, pero no podemos hacer que paguen justos por pecadores”, dijo.
Antes de que los liberacionistas y restauracionistas desecharan la moción, el socialcristiano Óscar Cascante también criticó la decisión de desecharla.
“Quizás el no conocer la vivencia diaria de una cocinera los puede llevar a tomar decisiones equivocadas”, dijo Cascante.
Alegó que hay juntas de educación que no funcionan y las cocineras están en manos de ellas, sin saber si el salario les va a llegar o no.
“En su mayoría son mujeres que sufren día a día para mantener a sus hijos con un salario mínimo”, añadió y dijo que “tal vez el error fue que lo presentaron en una convención colectiva; lamentablemente se politizó”.
Todavía se repitió la discusión, pero con mucho más enfrentamiento y polémica, cuando se puso a debate la moción 71, de la socialcristiana Shirley Díaz, al punto que la primera secretaria del Congreso, la liberacionista Ana Lucía Delgado, gritó desde su silla en la mesa del Directorio y golpeó la mesa.
Esa discusión de la nueva moción para las plazas de las cocineras empezó a discutirse a las 5:13 p. m. y se votó poco antes de las 7 p. m.
Díaz defendió su propuesta y dijo que, si bien las cocineras podrían ir a concurso de Servicio Civil, podrían realizarse servicios internos desde los puestos que ocupan hoy.
“Es importante darles un aliciente y que se sientan en paz. Considero que, para la justicia, siempre el tiempo es correcto”, agregó.
Pese a la amplia discusión y la confrontación, al final 26 legisladores estuvieron en contra de darles esos cargos a las cocineras, y solo 19 a favor.
El diputado liberacionista, Wagner Jiménez recalcó que con esta decisión ninguna cocinera se se despedirá.
“Continuarán por el formato actual donde prevalece el mecanismo de tercerización a través de las juntas de educación. No es momento para caprichos ni para ampliar la planilla estatal. La modalidad actual funciona y no se está irrespetando ningún derecho laboral”, manifestó el legislador.
