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Los diputados de la Comisión de Nombramientos recomendaron, en forma unánime, reelegir en su cargo al magistrado Román Solís Zelaya, de la Sala I, para un tercer periodo de ocho años.
La recomendación contó la noche del lunes con el apoyo de Jorge Rodríguez y Gerardo Vargas Rojas, del PUSC; Ottón Solís y Emilia Molina, del PAC; Julio Rojas y Maureen Clarke, del PLN; y Gonzalo Ramírez, de Renovación Costarricense.
"Don Román estuvo en la Comisión, fue interrogado ampliamente por don Ottón (Solís) y nos satisfizo las respuestas que nos dio. Ha demostrado que es un hombre probo, que ha hecho un esfuerzo para destrabar esa Sala y ha fomentado la participación de los ciudadanos en el Poder Judicial", declaró la legisladora Molina.
El presidente del foro, el socialcristiano Rodríguez, agregó que, en criterio de los legisladores, "el postulante es una persona intachable, quien ha colaborado mucho con la justicia costarricense".
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"La recomendación de la comisión es que se ratifique su reelección, yo creo que no va a haber problema porque habíamos diputados de todas las bancadas. Creo que no va a haber problema y casi de manera inmediata se ratificará su reelección. Creo que posiblemente la semana entrante se esté ratificando el nombramiento. A él se le vence su designación en abril", agregó.
Molina coincidió en que no habría mayor dificultad para reelegir al magistrado. La legisladora de gobierno espera que el proceso pueda culminar antes de Semana Santa.
Román Solís compareció la semana pasada en la Comisión de Nombramientos. Él pidió ser llamado para evitar cuestionamientos como los que surgieron en el caso del magistrado Jesús Ramírez, de la Sala III, que no fue llamado a comparecer.
En entrevista con La Nación, el alto juez, de 63 años, declaró que desea continuar en el cargo para fortalecer dos proyectos que él lidera. Uno es el de facilitadores judiciales, conocido como "jueces de pueblo", que consiste en seleccionar y capacitar personas en zonas alejadas que ayuden a conciliar diferendos entre vecinos, para evitar que tengan que ir a juicios.
El otro programa es el que promueve la participación de los ciudadanos en la administración de los circuitos judiciales, de manera que puedan hacer sugerencias para mejorar la atención.
Solís, asimismo, admite que hay una saturación de casos en la Sala I, que resuelve en alzada temas contencioso administrativos (contra el Estado), agrarios, civiles y notariales.
Esa saturación provoca que los recursos tarden hasta dos años en resolverse, sobre todo por la alta cantidad de expedientes contra el Estado. Él aboga por introducir los procesos orales para agilizar las decisiones.
