Los diputados aprobaron este jueves, en el plenario, una moción que incluye de nuevo a las universidades públicas y a las municipalidades en la regulación del proyecto de reforma al empleo público, luego de que estas instituciones fueron sacadas en la etapa de comisión.

Con 39 votos a favor y 10 en contra, el plenario legislativo aprobó una moción de la liberacionista Yorleny León, que elimina la posibilidad de que las universidades y municipalidades se autorregulen con su propia normativa.

Con la propuesta de León, los diputados devuelven a su versión anterior la redacción del artículo 6 sobre la rectoría y la creación del Sistema General de Empleo Público, al cual le habían agregado dos incisos en la Comisión de Gobierno y Administración.

Uno de ellos les otorgaba a las instituciones de educación superior estatal la potestad de autorregularse por sus propios estatutos orgánicos y normativa complementaria aprobada por sus propios órganos de autogobierno.

El otro inciso respetaba la carrera administrativa municipal creada por el título V del Código Municipal, el cual regula las relaciones laborales entre los ayuntamientos y sus trabajadores, en temas de remuneración o del manual de puestos, por ejemplo.

La moción aprobada este jueves elimina ambos incisos, por lo que los dos sectores quedan de nuevo dentro de la regulación que sustituirá el sistema de pluses salariales por un esquema de salario global, por familias laborales, para todo el sector público.

Votaron a favor los siguientes diputados:

PLN (13 de 17): Luis Fernando Chacón, Wagner Jiménez, Ana Lucía Delgado, Silvia Hernández, Yorleny León, Aida Montiel, Gustavo Viales, Luis Antonio Aiza, Carlos Ricardo Benavides, María José Corrales, Jorge Fonseca, Roberto Thompson y Paola Valladares.

PAC (7 de 10): Catalina Montero, Nielsen Pérez, Enrique Sánchez, Carolina Hidalgo, Víctor Morales, Mario Castillo y Laura Guido.

PUSC (4 de 9): Pablo Heriberto Abarca, María Inés Solís, Erwen Masís y María Vita Monge.

Restauración (5 de 7): Eduardo Cruickshank, Floria Segreda, Xiomara Rodríguez, Mileyde Alvarado y Giovanni Gómez.

Nueva República (6 de 6): Nidia Céspedes, Marolin Azofeifa, Carmen Chan, Ignacio Alpízar, Harllan Hoepelman, Jonathan Prendas

Republicano (1 de 1): Otto Roberto Vargas.

Independientes: Zoila Rosa Volio, Erick Rodríguez e Ivonne Acuña.

Votaron en contra los siguientes diputados:

PLN (2 de 17): Franggi Nicolás y David Gourzong

PAC (2 de 10): Welmer Ramos y Paola Vega.

PUSC (2 de 9): Shirley Díaz y Aracelly Salas

PIN (2 de 2): Patricia Villegas y Wálter Muñoz

Frente Amplio (1 de 1): José María Villalta

Independiente: Dragos Dolanescu

Estuvieron ausentes los siguientes diputados aunque asistieron a la sesión:

PLN: Karine Niño

PUSC: Pedro Muñoz

Restauración: Melvin Núñez

Rectoría en Mideplán

Por otro lado, la moción de León aclara que la rectoría política del empleo público queda en poder del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), cartera a la que le corresponderá emitir la política pública del empleo en el Estado.

Al Mideplán también se le encomienda asesorar a las instituciones para la correcta implementación de la ley y administrar la plataforma integrada de empleo público.

Este ministerio sería el responsable de emitir los lineamientos de evaluación de desempeño, investigar y hacer propuestas sobre empleo público y establecer el salario global.

Lo que no aclara la moción de Yorleny son las funciones de la Dirección General del Servicio Civil (DGSC) como órgano técnico del empleo público.

El abogado constitucionalista Rubén Hernández sugiere que ese aspecto se subsane en la reglamentación de la ley.

Durante la revisión en comisión, los legisladores aprobaron una confusa moción del liberacionista Luis Fernando Chacón, pues, atribuía funciones de rectoría política tanto al Mideplán como al Servicio Civil.

Para aprobar la moción de Yorleny León, los diputados primero aprobaron, con 38 votos a favor y nueve en contra, entrar a conocer por el fondo la reiteración de esta propuesta que había sido rechazada en la comisión.

La verdiblanca argumentó que su propuesta no genera intromisión del Mideplán en el empleo público, al dejar claro las funciones de ese ministerio sobre la rectoría.

“Por el contrario, mantiene la rectoría que, en esta materia, el legislador ya le había otorgado a dicho ministerio en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (reforma fiscal aprobada en 2918)”, dijo.

En cuanto a las autonomías de las instituciones, negó que exista un interés suyo para afectarlas.

“Lo que sí es cierto y resulta inadmisible es que muchos de los diputados que adversan la iniciativa se atribuyen competencias propias de la Sala Constitucional, anticipándose al examen de constitucionalidad, y casi asumiendo esa función.

“El único que puede declarar la inconstitucionalidad de una norma es, justamente, el juez constitucional, por lo que no es de recibo aceptar las especulaciones temerarias de algunos, tratando de limitar las potestades constitucionales de las y los legisladores. Esa es una censura que esta diputada rechaza de manera categórica”, reprochó León.

Legisladores como Paola Vega, del PAC, y el frenteamplista José María Villalta han argumentado que la inclusión de las universidades públicas en la reforma afecta su autonomía.

Al manifestar su oposición a la moción, Vega lamentó que se traiga abajo la labor realizada por los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración, donde asegura que hubo negociación transparente al aprobarse la moción sobre la autorregulación de las universidades.

La rojiamarilla dijo que ella solicitaba una exclusión total de las universidades y, ante la oposición de otros legisladores, el inciso correspondiente a las universidades significaba un equilibrio.

Por su parte, en la discusión por el fondo, el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca dijo que la razón principal de su apoyo a la moción de León es la inclusión de las universidades y de las municipalidades.

Sin embargo, cuestionó la rectoría que se le otorga a MIdeplán. “Deja al Servicio Civil en un cascarón”, aseveró el socialcristiano.

Abarca argumentó que este es el “menos malo” de los escenarios en cuanto a la cobertura del proyecto, el cual deja por fuera a las empresas públicas en competencia, salvo en la regulación de convenciones colectivas.

Reclamo de Yorleny León

En una de sus intervenciones, Paola Vega aseveró que la moción aprobada se había negociado “entre unos cuantos y, luego, le fue impuesta al resto de miembros de fracciones”.

“Sale esto con un acuerdo y el partido Liberación se vale que es la fracción que tiene aquí más votos, con honrosas excepciones, y le dice básicamente a todo el mundo ‘no, no señores, no nos gusta lo que construyó la mayoría de la comisión, así que nos aprueban esta moción de doña Yorleny o no ponemos los votos a empleo público’”, alegó la rojiamarilla.

Esas declaraciones molestaron a León, quien dijo sentirse “afectada”.

“En primer lugar, diputada Vega, esta diputada no acostumbra a hacer negociaciones por debajo de la mesa ni entre algunos, sencillamente porque esa no soy yo. No estoy acostumbrada a hacer ese tipo de práctica. Así que se me molesta su intervención en esos términos. Si algunos compañeros de otras fracciones usaron la moción para hacer esas negociaciones, lo desconozco”, replicó la verdiblanca.

Sobre ese particular, Paola Vega reconoció que León siempre es transparente en sus negociaciones.

Discusiones en la tarde

Por otra parte, en la tarde, el plenario aprobó otra propuesta de Yorleny León que elimina la participación de organismos de la sociedad civil en la construcción del salario global.

El aporte de esos grupos, incluida en la etapa de comisión, era con observaciones, pero la verdiblanca dijo que esa participación era difícil de implementarla.

El plenario aprobó una tercera moción, de la verdiblanca Karine Niño, que manda al ente rector a establecer mecanismos de discusión, coordinación y concertación con los ayuntamientos y las universidades estatales.

En las dos sesiones extraordinarias de este jueves, los diputados rechazaron otras 27 mociones.

De estas, ocho eran del frenteamplista José María Villalta, quien propuso prohibir a los funcionarios estatales acogerse al derecho de objeción de conciencia en capacitaciones, cuando esta trate sobre el cumplimiento de derechos humanos.

Durante la discusión de esas mociones, se ausentaron Enrique Sánchez, Carolina Hidalgo y Welmer Ramos, del PAC.

Paola Vega también se ausentó, pero solo por una parte y cuando regresó a su curul, votó a favor de las propuestas de Villalta.

Tras finalizar la jornada del 8 de abril, a los diputados le restan únicamente 28 mociones por conocer, además de realizar revisiones sobre las votaciones.