EscucharUn proyecto de ley, dictaminado afirmativamente en la Comisión Ciencia, Tecnología y Educación, aclararía la discusión sobre cómo nominalizar un plus salarial que reciben los docentes del Ministerio de Educación Pública (MEP). Se trata del Incentivo para el Desarrollo de la Docencia (IDD).
Este beneficio, también llamado incentivo didáctico, se paga a los educadores para que adquieran artículos como tizas, marcadores y cartulinas. La nominalización consiste en convertir el sobresueldo en un monto fijo, en vez de un porcentaje del salario.
El plan definiría que el reconocimiento a los docentes se calcularía como un monto nominal fijo, equivalente al 8,33% del salario base más pluses. Es decir, se fijaría sobre el total de los componentes de la remuneración y no únicamente sobre el salario base.
El texto del liberacionista, Wagner Jiménez, se debe a que la reforma fiscal del 2018 estableció que todos los pluses salariales del sector público debían transformarse en un monto nominal, para evitar su crecimiento inercial, calculando el respectivo porcentaje sobre el salario base. Sin embargo, el incentivo didáctico, desde su creación, se estimaba sobre la remuneración total.
Según el verdiblanco Jiménez, tal como quedó planteada en un principio, la reforma habría implicado una reducción en los salarios de los educadores.
El diputado expuso que el Ministerio de Educación Pública (MEP) está frente a una antinomia (conflicto o contradicción entre leyes o principios), pues la misma reforma tributaria prohibió reducir salarios al momento de pasar el cálculo del incentivo de porcentaje a monto nominal. “Y en este caso específico sí sucedería”, explicó el diputado.
El artículo 54 del título III definió que, a su entrada en vigencia, los incentivos determinados en valores porcentuales se transformarían en montos nominales, tomando el valor del porcentaje al salario base de enero 2018.
Luego, el numeral 56 aclaró que ese cambio no sería retroactivo, para no perjudicar a los funcionarios y sus derechos, al tiempo que el transitorio XXV estableció que el salario “no podrá ser disminuido y se les respetarán los derechos adquiridos que ostenten”.
Con ese marco legal, explicó el ministro de Educación, Steven González, su cartera ha nominalizado todos los pluses de sus funcionarios, excepto el incentivo para el IDD que lo considera “materialmente imposible”.
El jerarca añadió que ese cambio ha sido factible con otros pluses existentes en el MEP, donde el componente se calcula sobre la base salarial.
Esto no ocurre en el caso del IDD dado que, desde su origen en 1997, su cálculo se estableció sobre la totalidad de los componentes salariales del funcionario, situación especial que no fue tomada en cuenta por la reforma tributaria.
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“Con un simple ejercicio matemático de hacer el cálculo sobre el salario base que, es menor que el salario total, el resultado sería inferior al que se venía pagando”, dijo el ministro.
El diputado Jiménez añadió que su plan no representa ninguna erogación nueva en los salarios de los profesores. Además, continuó, sería una norma transitoria siempre que, en un escenario optimista de aprobación de la Ley Marco de Empleo Público, los empleados públicos emigren a la modalidad de salario global. El nuevo esquema de salario único, añadió, “corregirá esta insuficiencia”.
El proyecto se dictaminó en la Comisión Ciencia, Tecnología y Educación con seis votos a favor y ninguno en contra. Votaron a favor Jiménez, Enrique Sánchez y Mario Castillo de la bancada oficialista, el socialcristiano Óscar Cascante, la restauracionista Mileidy Alvarado y el fabricista Ignacio Alpízar.
