Diputados de cinco partidos políticos e independientes le respondieron a la Corte Suprema de Justicia que, en una situación de pandemia y de crisis fiscal como la que vive Costa Rica, todos los sectores tienen que contribuir, incluso el Poder Judicial.
Así reaccionaron al saber que los magistrados acordaron, este lunes, que los recortes presupuestarios afectan el funcionamiento del Poder Judicial, lo que exigirá el voto positivo de 38 de 57 diputados para concretar el ajuste.
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Legisladores de diversas tiendas se mostraron sorprendidos y críticos ante la decisión de la Corte Plena, luego de que los ingresos del Gobierno Central, por recaudación de impuestos, cayeron en más de ¢1,07 billones.
Incluso, algunos consideran que la Corte se excede con los pronunciamientos que demandan una mayoría calificada para la aprobación de proyectos en el plenario del Congreso.
María Inés Solís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), explicó que los recortes por ¢328.000 millones, incluidos en el segundo presupuesto extraordinario del 2020, afectan a todo el sector público.
En el caso de la Corte, el ajuste es de ¢5.147 millones, el 1% de su presupuesto total.
“No tiene por qué quedar excluida la Corte de ese recorte. El Poder Judicial debería tomar en consideración la situación económica en que se encuentra el país, la situación de los costarricenses”, comentó la socialcristiana.
“Yo sí veo los 38 votos en plenario para pasar este presupuesto con mayoría calificada”, añadió.
El criterio de la Corte fue apoyado por 14 magistrados al alegar que afecta al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), al Ministerio Público y a la Defensa Pública.
El liberacionista Gustavo Viales indicó que los recortes incluidos en el proyecto de ley son los que el propio Poder Judicial avaló que se incluyeran, tal como lo informó el ministro de Hacienda, Elian Villegas, a la Comisión de Hacendarios.
“Yo veo una contradicción si dicen que les afecta un recorte que ellos mismos propusieron; no como otras instituciones, cuyas propuestas fueron aumentadas por Hacienda”, dijo el verdiblanco.
La Corte alega que ellos estaban dispuestos a bajar el gasto en ¢2.500 millones, pero el Ministerio de Hacienda le duplicó la cifra.
Viales también enfatizó que habrá mayoría calificada en el plenario, porque dijo que los legisladores entienden que, en el proyecto de presupuesto, van los recursos para amortiguar la deuda por créditos, los necesarios para atender la emergencia y un acomodo presupuestario necesario.
“No veo como alternativa que no se apruebe”, indicó.
La presidenta de la Comisión de Hacendarios, Silvia Hernández, señaló que la posición de la Corte obliga al Gobierno a trabajar en alcanzar los votos necesarios.
“Esperamos que sí se logre. Eso va a implicar que el ministro de la Presidencia reaparezca”, dijo la verdiblanca.
Laura Guido: ‘Hay un exceso de la Corte'
La oficialista Laura Guido aseguró que la Corte Suprema de Justicia se excede en el ejercicio de los controles sobre los asuntos del Estado.
“Esa lógica es insostenible y me parece que hay un exceso. Me sorprende ese criterio, porque no se afectan partidas que puedan interrumpir su gestión; además, me genera gran malestar leer esa posición”, dijo Guido.
Añadió que, en la situación de la emergencia nacional por la pandemia del coronavirus y la crisis económica, “no hay posibilidad de crear islas impermeables a este aguacero”.
Alegó que, si se pide recortes a las transferencias para las municipalidades, las asociaciones de desarrollo comunal y el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), es por la “absoluta necesidad de hacerlo”.
“Pensar que se afecta esa inversión y a otros grupos del sector público no les pase nada es falta de criterio de realidad y un abuso en el control que se le ha dado a la Corte”, apuntó.
Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), enfatizó que ante la crisis nacional “todos tenemos que poner el hombro” y añadió: “No tenemos otra opción”.
Cruickshank: ‘Todos debemos nutrir al Estado'
El presidente de la Asamblea Legislativa, el restauracionista Eduardo Cruickshank, explicó que ante la situación de “desnutrición fiscal” por la que atraviesa el país, todos sin excepción alguna “debemos contribuir a nutrir de alguna manera las arcas del Estado”.
“El Poder Judicial no puede sustraerse de esa obligación. Sí, claro que sí veo los 38 votos en plenario, sin ninguna duda”, comentó.
En la misma sintonía hablaron los independientes Ivonne Acuña y Harllan Hoepelman.
Para el fabricista, este es un momento difícil en que todos tienen que aportar y ya “muchas instituciones se han zocado la faja”.
“El trabajo que estamos haciendo es para tratar de llevar eso, hacer un recorte rápido. Son muchas páginas, no hemos podido revisar detalles como ese, pero que lo aprobemos es lo que la ciudadanía espera. No podemos resistir una nueva improbación de un presupuesto extraordinario”, indicó Hoepelman.
Acuña agregó que se debe tener mucho cuidado en encontrar el balante entre la sostenibilidad de los programas, la institucionalidad y el resguardo de los trabajadores y trabajadoras.
“Pero sí es tiempo de aportar de forma equitativa, que todos pongamos nuestro granito de arena, de una u otra forma. El criterio de la Corte siempre hay que tomarlo en cuenta, pero sí creo que es necesario evaluar el momento en que estamos”, comentó Acuña.