Los diputados de la Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios retomarán la próxima semana la discusión de un proyecto de ley que le ahorraría ¢394.000 millones anuales al Estado: la centralización de las cuentas de las instituciones públicas en el Banco Central. Esta medida le reduciría presión a las transferencias que el Gobierno debe hacer a diversas entidades porque se conocería, en tiempo real, la verdadera liquidez de cada una.
Otto Roberto Vargas, integrante de la comisión, explicó que una mayoría de diputados del foro decidió retomar audiencias para iniciar la discusión por el fondo, evaluar eventuales ajustes a través de mociones y dictaminar el plan antes de que termine el actual periodo legislativo.
Para el próximo martes está programada una audiencia con Rocio Aguilar, superintendente general de Entidades Financieras (Sugef).
“El proyecto sobre el manejo de la liquidez en el Estado se basa en una propuesta de la Contraloría General de la República (CGR) que permitiría ahorros del 1% del PIB (producto interno bruto) anual. Sería de gran ayuda en estos momentos que el déficit fiscal es uno de los principales problemas del país”, sustentó el legislador.
Ana Lucía Delgado, presidenta de la comisión, añadió que, al tiempo que se desarrollan las audiencias, se recibirán las consultas gestionadas con las instituciones desde antes que el proyecto fuera desconvocado por el Ejecutivo, a finales del año anterior.
“Vamos a darle continuidad a las audiencias para revisar las observaciones y esperemos que, efectivamente, los tiempos nos permitan darle un avance importante a este proyecto que, sin lugar a dudas, como señala la Contraloría, tendría efectos positivos en el manejo de la liquidez”, expuso la verdiblanca.
Sugerido por la CGR, la iniciativa ordenaría agrupar en el Banco Central de Costa Rica la liquidez de las instituciones, sin que estas pierdan el derecho de uso, aunque el sistema sería administrado por el Ministerio de Hacienda.
Con ello, se evitaría que las entidades públicas sigan guardando su dinero en numerosas cuentas de bancos comerciales. Esa dispersión provoca que las instituciones reciban transferencias del Gobierno Central, acumulen millones que no gastan y, luego, le presten los fondos al propio Gobierno mediante la compra de bonos para ganar intereses.
Ese ciclo presiona al Poder Ejecutivo a hacer las transferencias y, luego, a pagarles los intereses.
Con la iniciativa, se centralizarían las cuentas de las entidades en el BCCR, el Gobierno conocería con claridad cuánto dinero tiene cada una a su disposición y se le podría dar trazabilidad al uso de los recursos, de acuerdo con la CGR.
En consecuencia, se reducirá el endeudamiento público, los costos operativos y el pago de comisiones bancarias. Meses atrás, al explicar el proyecto a los diputados de Hacendarios, la contralora general Marta Acosta, detalló que el ahorro sería equivalente al 1% del producto interno bruto (PIB) por año.
Un 0,5% (¢197.000 millones) se economizarían a través de la reducción del pago de intereses, un 0,4% por la reducción (¢157.700 millones) en costos operativos y un 0,1% (¢39.400 millones) en comisiones bancarias.
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Yorleny León, diputada liberacionista, indicó que el proyecto se encuentra en el orden del día de la comisión. “Tiene mociones pendientes, entre ellas de audiencia. Lo más probable es que en la próxima sesión se deba aprobar una moción de posposición que permite cambiar la ubicación del proyecto en la agenda. De esa forma, se realizaría la comparecencia (de Aguilar)”, dijo León.