EscucharLos diputados aprobaron este martes, en primer debate, un proyecto de ley para revivir el derecho de pensión a los familiares de servidores del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) fallecidos en el cumplimiento de su deber.
El expediente agrega un artículo 229 bis en la Ley orgánica del Poder Judicial, con el objetivo de asegurar que los familiares puedan tener una pensión por sobrevivencia, correspondiente a dos terceras partes del salario promedio de los salarios devengados por el agente judicial.
Según lo indica la exposición de motivos del proyecto de ley, el beneficio de esa pensión por sobrevivencia existió entre 1993 y el 2018. En abril del 2018, se aprobó una reforma al régimen de pensiones del Poder Judicial que elevó de 10 a 20 años el plazo laboral necesario para gozar del derecho a la jubilación, con lo que se eliminó la protección especial para los agentes judiciales que fallecían en el ejercicio de sus funciones.
No obstante, en el 2021, la Sala Constitucional declaró inconstitucional el requisito de los 20 años para acceder a una jubilación y mantuvo ese tope en 10 años.
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Sin embargo, surgieron casos en que los familiares de oficiales fallecidos en el ejercicio del cargo quedaron sin pensión. Tal es el caso del agente Jeiner Gómez Guzmán, de 42 años, asesinado en octubre del 2023, por dos adolescentes. Los parientes no recibieron la jubilación porque el servidor tenía solamente ocho años de laborar en el OIJ.
“Esta no es una ocurrencia. En su momento, un agente, en ejercicio de sus funciones, fue asesinado. Su muerte provocó que su familia quedara sin ingresos. La familia recurrió al Poder Judicial para ver qué les quedaba y resulta que, por no cumplir con los 10 años, no podían devengar una pensión”, acotó el frenteamplista Ariel Robles, proponente del proyecto
El proyecto contiene un artículo transitorio que autoriza el otorgamiento de la pensión a las familias o beneficiarios de agentes judiciales fallecidos en cumplimiento del deber entre el 24 de abril del 2018 y la entrada en vigencia de la ley.
Robles dijo que el impacto financiero por este beneficio, según la Superintendencia de Pensiones (Supén), “no tiene mayor impacto en el Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial”.
Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP), aseguró que no puede quedar ninguna duda a los costarricenses sobre los esfuerzos del Congreso para mejorar la seguridad ciudadana, y enfatizó que espera que el plan aprobado no vaya a engrosar la lista de otras siete iniciativas sobre seguridad que aún esperan la firma presidencial de Rodrigo Chaves para poder convertirse en leyes de la República.
“Ojalá que el presidente haga un montoncito y los firme todos de una vez, los mande a publicar. Hemos aprobado los proyectos, ha habido una insistencia del Ejecutivo en que se aprueben proyectos sobre seguridad, pero el presidente se toma su tiempo para firmarlos”, reclamó Campos.
