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Una flexibilización aprobada por los diputados, a la norma 12 del Presupuesto Nacional 2021, evitó la eliminación definitiva de al menos 1.668 plazas vacantes en 18 ministerios y en la Presidencia de la República, durante los primeros tres meses del año.
De estas plazas, 944 (el 56%), corresponden al Ministerio de Educación Pública (MEP).
La norma 12, introducida por legisladores liberacionistas para generar ahorros en el gasto público debido a la crisis fiscal, prohibía utilizar plazas vacantes en los órganos cubiertos por el Presupuesto Nacional y ordenaba eliminar aquellas que estuvieran en desuso, a más tardar, al 30 de junio de este año.
No obstante, los diputados modificaron la medida en un trámite ultrarrápido y eximieron de esa obligación a la administración de la Asamblea, al Poder Judicial, al Ministerio de Educación y al Ministerio de Seguridad, de manera que se les permita utilizar las plazas vacantes durante todo el año.
Además, se permitió conservar las plazas que se utilizarán durante el primer trimestre del 2021 en todas las entidades que se financian con el Presupuesto.
El cambio permitió recuperar 1.668 plazas vacantes en 18 instituciones, entre enero y marzo del actual ejercicio económico, informó la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP).
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Del total, 944 corresponden al MEP, institución que denunció haber sufrido una afectación hasta del 80% de los puestos que quedaron disponibles por renuncia, jubilación o fallecimiento de funcionarios.
La cifra correspondió a 1.039 de las vacantes que quedaron, de las cuales 850 eran de docentes que terminarían afectando a 20.000 alumnos, según se quejó, a principios de febrero, el viceministro administrativo de esa cartera, Steven González.
Como medida alternativa, antes de que se aprobara la modificación presupuestaria, el MEP había pedido a los directores de los centros educativos redistribuir los alumnos sin maestro entre los otros educadores de la institución.
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Otros 214 (13%) puestos que se recuperaron corresponden al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y a cinco de sus órganos; 156 (9%) son del Ministerio de Salud, 62 del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), 61 del Ministerio de Hacienda y 60 del Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
Para habilitar esas plazas, la Autoridad Presupuestaria de Hacienda evalúa aspectos como la cantidad de vacantes existentes y las eliminadas, el impacto al no usarlas y una eventual redistribución de personal a lo interno de la institución, según informó.
Ese órgano técnico presupuestario dejó claro que, con la restitución, “no habría incremento en el presupuesto, ya que dichas plazas estaban consideradas para el 2021. Además, no aumentar el gasto es uno de los requisitos para aprobarlas”.
No obstante, de no haberse dado la habilitación, el monto no ejecutado por las instituciones sería de ¢19.846 millones al año, por concepto de salario base, pluses, cargas sociales y aguinaldo.
La norma 12
La norma 12 también se introdujo en el presupuesto ordinario del año 2020, lo que provocó la eliminación de 2.200 plazas que quedaron vacantes, para un ahorro de ¢5.000 millones en ese ejercicio económico, informó Hacienda.
En pleno ascenso del saldo de la deuda pública, se volvió a introducir en el presupuesto nacional de este año.
Esta prohíbe la creación de nuevas plazas en los órganos que integran el presupuesto y tampoco serían usadas ninguna de las plazas vacantes durante el actual ejercicio económico, de acuerdo con la redacción aprobada en principio.
Salvo excepciones, el contenido presupuestario de todo puesto no utilizado y su respectivo código que existiera a la entrada en vigencia de la norma, serían eliminadas del presupuesto a más tardar al 30 de junio.
“Los recursos liberados del presupuesto deberán ser rebajados a su vez del servicio de la deuda, dando prioridad a aquella de más alto costo”, indicaba la redacción.
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En cuanto a las excepciones de las vacantes, es decir, que se podían utilizar, eran el 5% de cada institución destinadas a personas con discapacidad; 20% del MEP, 50% de Salud y el mismo porcentaje de las policías, y el 85% del Servicio Exterior, exclusivamente para las rotaciones internas de la Cancillería.
Otras salvedades fueron el 40% de las plazas destinadas a guardaparques con autoridad de policía del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), las asignadas a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), y las del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa), solo en lo relativo a la atención de la covid-19.
No obstante, una vez que el Directorio tuvo dificultades de llenar 19 plazas de la Asamblea, los diputados aceleraron el cambio, aunque la discusión se centró en los efectos en el MEP.
