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Un proyecto de ley, que se encuentra en la recta final del trámite legislativo, sancionaría las agresiones gineco-obstétricas a las mujeres en labores de parto, con el fin de garantizar el respeto a los derechos de las gestantes.
Serían causales de sanción, para el personal de los centros de salud, gritar o hablar de manera despectiva a una mujer en labor de parto, practicarle procedimientos sin informarle de qué se tratan, someterla a una cesárea innecesaria o impedirle que tenga a su lado a un acompañante durante el nacimiento.
El plan, propuesto por la legisladora liberacionista Aida Montiel, amplía el artículo 12 de la Ley General de Salud, el cual establece el derecho de las personas embarazadas a tener información, controles durante la gestación y atención médica durante el parto.
Con la reforma, la ley pasaría a especificar ocho derechos que se deben garantizar antes, durante y después del nacimiento.
Por ejemplo, se establecería el derecho de las mujeres a recibir información clara sobre “los distintos tratamientos, diagnósticos, pronósticos o intervenciones médicas posibles”, así como sobre los beneficios de la lactancia materna.
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Además, se definiría el derecho de la madre a tener un parto natural, siempre y cuando no exista riesgo para ella ni para el bebé.
Los funcionarios de clínicas y hospitales que irrespeten dichas garantías, o que sometan a las pacientes a algún tipo de maltrato, serían castigados.
“El sometimiento contra la mujer embarazada de cualquier forma de violencia gineco-obstétrica, se considerará falta en el desempeño del cargo, que será sancionada de conformidad con la legislación vigente.”, dice el proyecto.
Montiel dijo que dichas sanciones se establecerían en un reglamento, que tendría que emitir el Ministerio de Salud.
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“Que les estén diciendo que dejen de gritar, cosas así, impresionantes. Aquí lo que se pretende es que se respete el proceso y el ciclo natural del parto de las mujeres. Es solo un artículo, es muy pequeño, pero se trata de proteger a la mujer y que le den la atención y el respeto que tienen que darle”, afirmó Montiel.
Según la Encuesta Estado de la Mujer, Niñez y Adolescencia (EMNA), publicada en julio, experimentó violencia obstétrica el 58% de las mujeres entre 15 y 49 años que tuvieron un bebé en Costa Rica en los últimos dos años.
Al 35% de ellas no se le consultó al aplicarle medicamentos o procedimientos, al 19% no le dieron explicaciones comprensibles y al 12% le gritaron o regañaron.
Además, el 10% recibió comentarios despectivos, el 9% no tuvo el apoyo adecuado, el 5% dijo que se les obligó a pujar sin ser necesario y el 2% fue agredida físicamente.
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Derechos antes, durante y después del parto
El plan de ley también establecería el derecho de las embarazadas a ser tratadas de manera cordial y respetuosa por parte de los funcionarios del centro de salud, quienes quedarían obligados a atenderlas en forma oportuna y personalizada.
La propuesta también ordenaría respetar el ciclo natural de los partos de bajo riesgo, así como el apego posparto de las madres con el recién nacido, a menos de que alguna determinación médica justifique lo contrario.
Finalmente, el texto declara que las pacientes tienen derecho a estar acompañadas durante y después del parto, por la persona que ellas elijan.
Dicha medida ya la contempla el modelo de atención de la mujer embarazada que emitió la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en 2017.
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Sin embargo, para Montiel es importante que a la disposición se le dé rango de ley, para darle mayor fuerza y garantizar que se cumplirá en todas las clínicas y hospitales del país.
La Caja tiene 25 maternidades en todo el territorio nacional, las cuales atienden un promedio de 176 partos diarios.
Los centros donde nacieron más niños en 2018 son los hospitales San Vicente de Paúl, en Heredia (con casi 5.000); el Max Peralta, de Cartago (también poco menos de 5.000) y el de San Rafael de Alajuela (con 4.835).
La propuesta de ley ya superó la primera fecha de mociones en la comisión legislativa de la Mujer y, según Montiel, se sometería a primer debate en el plenario legislativo en poco tiempo.
